Hay algo extraño en la educación argentina. La escuela es gratuita y obligatoria. Tenemos becas para que los jóvenes permanezcan estudiando, planes para quienes abandonaron, programas para quienes terminaron de cursar pero todavía deben materias y universidades públicas donde estudiar una carrera de grado no exige pagar una cuota.
Hemos construido una enorme estructura para que nadie quede afuera. La pregunta es qué ocurre una vez que están adentro.
El Ministerio de Educación de San Juan acaba de anunciar Adultos 2000, un programa para mayores de 18 años que cursaron los cinco años de secundaria pero todavía adeudan materias. Podrán completarlas online, desde una computadora, un teléfono o incluso desde el trabajo. El título tendrá validez nacional y será digital.
Me parece bien. Un hombre que dejó Matemática hace veinte años porque tuvo que trabajar merece otra oportunidad. Una mujer que abandonó sus estudios para criar a sus hijos también. La educación debería permitir regresar tantas veces como sea necesario.
El problema no está en la puerta que abrimos para que vuelvan. Está en preguntarnos por qué tantos necesitan volver.
Argentina ya conoce estas soluciones. El Plan FinEs permite a mayores de 18 años terminar la primaria o la secundaria, cursar lo que les falta o rendir materias pendientes. Es gratuito, el título tiene validez nacional y existe incluso una modalidad específica para quienes terminaron de cursar el último año pero quedaron debiendo asignaturas.
También tenemos Progresar Obligatorio. Y aquí la discusión se vuelve particularmente interesante porque el Estado argentino llegó a algo que, expresado sin eufemismos administrativos, resulta extraordinario: le paga a un joven para ayudarlo a terminar una educación que el propio Estado declaró gratuita y obligatoria.
No es una interpretación. La reglamentación 2026 establece que Progresar busca apoyar la reincorporación, permanencia y finalización de la educación obligatoria. La beca fue fijada este año en 35.000 pesos mensuales y contempla controles de regularidad y seguimiento académico.
Tampoco me parece mal. Si un chico tiene que elegir entre sentarse en un aula o salir a trabajar para ayudar a comer en su casa, prefiero que el Estado le pague para estudiar. Hay discusiones ideológicas que desaparecen bastante rápido cuando falta comida en una mesa.
Pero después de aceptar eso deberíamos tener el coraje de formular la pregunta siguiente. ¿Cómo llegamos al punto de tener que pagarle a alguien para que termine aquello que además es gratuito y obligatorio?
No culpemos al adolescente. Sería demasiado fácil. Miremos al sistema.
Primero le ofrecemos escuela gratuita. Después una beca para que permanezca. Si abandona, aparece FinEs. Si cursó pero quedaron materias, existen alternativas de terminalidad. Ahora San Juan incorpora Adultos 2000. Cada política, observada por separado, tiene una explicación razonable. El problema aparece cuando las ponemos todas juntas.
Entonces comenzamos a descubrir un Estado cada vez más especializado en reparar las consecuencias de aquello que no consiguió resolver a tiempo.
Y todavía falta lo peor. El alumno puede permanecer, puede terminar, puede recibir el título. Pero ¿aprendió?
Los resultados de Aprender Secundaria 2024 deberían haber provocado una discusión nacional mucho más incómoda que cualquier debate sobre una plataforma educativa. Entre los estudiantes del último año evaluados, apenas el 14,2 por ciento alcanzó un nivel satisfactorio en Matemática. El 54,6 por ciento quedó por debajo del nivel básico. En Lengua los resultados fueron mejores, con un 58 por ciento en los niveles satisfactorio o avanzado.
Repito el dato porque algunas cifras merecen una segunda lectura. Más de la mitad de los estudiantes evaluados al final de la secundaria estaba por debajo del nivel básico en Matemática.
No hablamos de quienes abandonaron. Hablamos de quienes llegaron.
Entonces quizá hemos estado mirando durante demasiado tiempo la estadística equivocada. Celebramos matrícula, permanencia, inclusión, egresados y títulos, mientras la pregunta esencial permanecía sentada en el último banco.
¿Qué aprendieron?
La universidad pública continúa el interrogante por otro camino. Su gratuidad es una de las grandes herramientas de movilidad social que tiene Argentina. El hijo de un trabajador puede estudiar Medicina, Derecho o Ingeniería sin preguntarle a su padre si alcanza para pagar la cuota.
Eso merece defenderse. Lo que no merece defensa es confundir gratuidad con falta de exigencia.
Si una carrera está diseñada para cinco años y una cantidad significativa de estudiantes necesita muchos más, debemos saber por qué. Cuántos ingresan, cuántos abandonan, cuántos se reciben, cuánto demoran quienes se gradúan y qué ocurre durante esos años.
No afirmaría alegremente que el estudiante argentino tarda, en promedio, diez años en completar una carrera de cinco porque ese dato exige distinguir universidad, carrera y cohorte. La realidad es suficientemente preocupante como para no necesitar exagerarla.
Preguntar por eficiencia no significa querer arancelar la universidad. Significa querer que funcione.
Y volvemos a San Juan.
La ministra Silvia Fuentes puede explicar Adultos 2000, mostrar la plataforma y celebrar que el título llegue mediante un código QR. Perfecto. Pero quisiera escuchar otras cifras.
¿Cuántos chicos ingresan a la secundaria sanjuanina y cuántos terminan en tiempo? ¿Cuántos llegan al último año debiendo aprendizajes fundamentales? ¿Cuántos abandonan? ¿Cuántos regresan mediante FinEs? ¿Cuántos necesitan programas de terminalidad? ¿Cómo evolucionaron los resultados de Matemática y Lengua? ¿Qué metas concretas se fijó el Ministerio y cuáles cumplió?
Porque administrar la educación no puede consistir solamente en construir caminos alternativos hacia el diploma. Alguna vez habrá que ocuparse del camino hacia el conocimiento.
Adultos 2000 puede ser una excelente herramienta. FinEs también. Progresar puede impedir que miles de jóvenes abandonen porque necesitan trabajar. Defiendo las tres cosas. Precisamente por eso quiero saber por qué seguimos necesitándolas tanto.
Tal vez hemos construido un sistema extraordinariamente preocupado porque nadie se quede sin certificado y bastante menos obsesionado con aquello que el certificado debería garantizar. Y allí está la diferencia que ningún código QR puede resolver.
Un título demuestra que el Estado certificó que terminaste. La educación debería demostrar que aprendiste.
No son necesariamente la misma cosa. Y quizá nuestra crisis comenzó cuando decidimos dejar de preguntarnos por la diferencia.
