Hay que ser bastante caradura para hablar de transparencia mientras se guarda la información que permitiría comprobarla.
El gobernador Marcelo Orrego cuestionó públicamente a los diputados del Partido Justicialista porque se abstuvieron en la votación que autorizó la compra de otras 50.000 netbooks para estudiantes sanjuaninos. Según el razonamiento oficial, resulta difícil comprender que alguien no acompañe una inversión destinada a la educación.
Y tiene razón en algo. Hay cosas difíciles de comprender.
Por ejemplo, por qué este periodista presentó formalmente ante el Ministerio de Hacienda un pedido de acceso a la información pública para conocer cómo se realizó la compra anterior de computadoras, quiénes fueron los proveedores, cuánto se pagó y cuál fue el detalle de su entrega y, hasta hoy, la información completa sigue sin aparecer.
Eso también cuesta entenderlo, gobernador.
Aclaremos algo antes de que alguien convierta esta columna en una cruzada contra la tecnología. Estoy de acuerdo con que los estudiantes sanjuaninos tengan computadoras. Ojalá tengan una cada uno, internet de calidad, escuelas en condiciones y docentes bien remunerados. Y, sobre todo, un sistema educativo capaz de conseguir que esas máquinas sean instrumentos de conocimiento y no costosos adornos electorales.
El problema nunca fueron las computadoras. El problema son las preguntas.
¿A quién se compraron las anteriores? ¿Cuánto costó cada equipo? ¿Qué empresas participaron? ¿Cuáles fueron sus especificaciones técnicas? ¿Cuánto se pagó por logística y servicios asociados? ¿Dónde fueron entregadas? ¿Quiénes fueron sus beneficiarios?
No son preguntas revolucionarias ni pertenecen al PJ o a alguna organización clandestina dedicada a sabotear netbooks escolares. Son preguntas elementales cuando se administra dinero público.
Y fueron formuladas oficialmente.
No en Facebook ni durante una conversación de café. Este periodista presentó ante Hacienda un pedido formal de acceso a la información solicitando proveedores, precios y detalle de las entregas.
Ahí le dejo el número de expediente (700-000422, año 2026), gobernador, para que juntos podamos hacerle el seguimiento online. A lo mejor usted tiene más suerte que yo. Porque ya han pasado cuatro meses y nada. Ahora, con ese número, cualquier lector, cualquier contribuyente, puede hacer el seguimiento y quizás descubramos entre todos qué pasó con el pedido de este periodista curioso.
La transparencia tiene una característica bastante incómoda: para demostrarla hay que mostrar. No alcanza con pronunciarla.
Mientras tanto, la nueva compra fue aprobada. Los diputados peronistas se abstuvieron, pero no impidieron la operación. El oficialismo consiguió los votos y puede avanzar con las 50.000 netbooks. Entonces, ¿qué se les reprocha? ¿No haber acompañado o no haber aplaudido?
Un diputado opositor también está para controlar. Preguntar cuánto se gasta, a quién se compra y dónde terminan los bienes públicos no significa estar contra la educación. Significa entender cómo funciona una democracia.
Gobernador, compre las computadoras. Entréguelas. Que lleguen a los estudiantes, que sirvan para educar y no para su campaña.
Pero muestre también los papeles.
Porque abstenerse es una decisión legislativa. Preguntar es un derecho. Responder es una obligación.
Y reclamar explicaciones mientras las propias siguen pendientes tiene un nombre bastante menos elegante que transparencia.
Hay que ser caradura.
