Dos mil años después, la Iglesia todavía conserva la tentación de explicarle al César cómo debe gobernar
La Iglesia Católica posee una extraordinaria capacidad para sobrevivir a sus propios errores. Sobrevivió a emperadores y reyes, a cruzadas e inquisidores, a papas guerreros y banqueros, a hogueras, censuras, escándalos financieros, abusos sexuales y dictaduras. Sobrevivió incluso a épocas en las que estuvo convencida de que determinadas verdades podían defenderse mediante tribunales religiosos.
Probablemente sobreviva también al liberalismo.
Lo que parece no haber sobrevivido completamente es una idea mucho más sencilla. El Estado no le pertenece.
La reciente homilía de Jorge García Cuerva durante la celebración de San Cayetano vuelve a colocar el asunto sobre la mesa. El arzobispo de Buenos Aires habló de pobreza, salarios, dirigentes, desigualdad, mercado, libertad económica y justicia social. Dijo que existen políticos que hablan de los pobres mientras “se dan la buena vida” y sostuvo, siguiendo la Doctrina Social de la Iglesia, que “la libertad económica no puede ser absoluta”.
Podemos coincidir o discrepar. Ese no es el problema.
El problema comienza cuando el púlpito adquiere pretensiones de Ministerio de Economía. García Cuerva tiene derecho a opinar sobre Javier Milei exactamente igual que cualquier argentino. Ni más ni menos. La mitra no otorga conocimientos especiales de macroeconomía, el báculo no sustituye una elección y la supuesta intermediación con Dios difícilmente pueda considerarse una credencial válida para administrar la República.
La democracia tiene esa saludable irreverencia. Cuenta votos, no milagros.
¿Cuándo dejamos de ser un Estado laico?
Tal vez nunca terminamos de serlo.
La Argentina mantiene una anomalía que preferimos disimular bajo la alfombra constitucional. El artículo 2 establece todavía que “el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano”.
No dice budismo, judaísmo, islam ni ateísmo. Dice catolicismo.
Hasta la reforma constitucional de 1994, además, el presidente debía pertenecer a la comunión católica. Recién entonces eliminamos aquella reliquia confesional. Llegamos tarde a la separación y todavía llegamos a medias.
Una República puede garantizar la libertad religiosa sin conceder privilegios religiosos. Puede respetar profundamente a los católicos sin convertir al catolicismo en interlocutor preferencial del Estado.
La fe pertenece al ciudadano. El Estado pertenece a todos.
Confundir ambas cosas nunca terminó demasiado bien.
Dios siempre tuvo buenos contactos
La historia debería haber enseñado cierta prudencia. Durante siglos, la Iglesia no estuvo precisamente del lado contrario al poder. Estuvo dentro de él.
Coronó reyes, legitimó monarquías, acumuló territorios y riquezas, participó de estructuras coloniales y persiguió doctrinas consideradas heréticas. Hubo tribunales de la Inquisición, libros prohibidos, conversiones forzadas y persecuciones religiosas.
También hubo sacerdotes extraordinarios, misioneros que defendieron indígenas, religiosos que enfrentaron tiranías y hombres y mujeres que entregaron literalmente la vida por otros. La historia nunca es tan cómoda como una consigna.
Precisamente por eso resulta imposible aceptar la versión infantil de una Iglesia situada eternamente frente al poder defendiendo a los débiles. Muchas veces los defendió. Muchas otras bendijo a los fuertes. En ocasiones hizo ambas cosas simultáneamente.
El Vaticano aprendió hace tiempo que la eternidad puede esperar, pero la política exige buenos contactos.
Cuando Galileo miró hacia arriba
Existe una escena que resume perfectamente el peligro de mezclar verdad religiosa y poder institucional.
Galileo Galilei observó el cielo y encontró problemas. No porque las estrellas estuvieran equivocadas, sino porque sus observaciones entraban en conflicto con determinadas interpretaciones cosmológicas defendidas por autoridades eclesiásticas. En 1633 fue procesado por la Inquisición romana y obligado a abjurar de la doctrina del movimiento terrestre.
Siglos después, la Iglesia revisaría aquel conflicto.
La Tierra, entretanto, siguió moviéndose.
Es una hermosa lección sobre los límites de la autoridad. Puedes prohibir un libro, silenciar a un hombre o declarar herética una idea. Lo bastante más difícil es conseguir que el universo obedezca.
Quizá por eso toda institución debería desconfiar de sí misma cuando comienza a creer que posee una verdad que los demás deben acatar.
Voltaire comprendió ese peligro y convirtió el fanatismo religioso en uno de sus grandes enemigos intelectuales. Nietzsche fue todavía más lejos. No atacó simplemente una institución, sino una moral que, según él, convertía la debilidad en virtud y la culpa en instrumento de dominación.
Uno puede discutirlos a ambos. Lo que resulta mucho más difícil es ignorar la pregunta que dejaron instalada. ¿Qué ocurre cuando alguien afirma hablar en nombre de una verdad que no admite apelación?
La respuesta está escrita demasiadas veces en la historia.
Las sotanas también tienen memoria
Argentina tampoco puede mirar este problema desde una confortable distancia europea.
Durante la última dictadura hubo religiosos que denunciaron el terrorismo de Estado, acompañaron víctimas y fueron perseguidos o asesinados. Y también existieron sectores de la jerarquía eclesiástica demasiado próximos al poder militar.
No todos fueron cómplices y no todos fueron héroes.
Esa distinción importa.
Pero importa igualmente recordar que mientras miles de familias buscaban desaparecidos, determinados vínculos entre autoridades eclesiásticas y militares estuvieron muy lejos de aquella Iglesia pobre y distante del poder que algunos imaginan retrospectivamente.
Las sotanas, como los uniformes, también tienen memoria. Y la memoria obliga a cierta modestia antes de repartir certificados de moralidad.
La pobreza desde el altar
García Cuerva señala algo indiscutible. Hay personas buscando comida entre los residuos. Eso debería avergonzar a cualquier gobierno y también a cualquier sociedad.
Pero la Iglesia comete un error cuando transforma esa tragedia en demostración automática de su propia doctrina económica. La pobreza no demuestra que Dios tenga razón sobre Keynes, Hayek o Friedman. La pobreza exige políticas públicas eficaces y esas políticas pueden y deben discutirse mediante herramientas terrenales como impuestos, inversión, crecimiento, asistencia, empleo, inflación, productividad, salarios y educación.
Nada de eso se resuelve multiplicando panes.
Lamentablemente, el Ministerio de Economía todavía trabaja con contabilidad.
Aquí aparece además una contradicción que merece ser discutida. La Iglesia exige solidaridad. Perfecto. Entonces discutamos también su propia relación histórica con la riqueza, su patrimonio inmobiliario, sus exenciones y beneficios fiscales allí donde existan y las distintas formas de financiamiento estatal que recibió durante décadas.
Porque predicar austeridad resulta sencillo cuando la austeridad comienza en el bolsillo ajeno.
Si queremos hablar de justicia social, pongamos todas las cuentas sobre la mesa. También las parroquiales.
El problema no es García Cuerva
Sería demasiado fácil convertir esto en una discusión personal. Tampoco se trata únicamente de Milei. Mañana habrá otro presidente y otro arzobispo.
La discusión verdadera es mucho más antigua.
¿Quién gobierna?
En una democracia la respuesta debería resultar insultantemente sencilla. Los representantes elegidos por los ciudadanos, sometidos a una Constitución, a las leyes y a las instituciones republicanas.
No gobierna el Ejército, no gobiernan los empresarios, no gobiernan los sindicatos, no gobiernan los periodistas y tampoco gobiernan los obispos.
Todos pueden hablar, protestar e intentar convencer. Ninguno posee derecho de veto celestial.
El ciudadano que entra en un cuarto oscuro no necesita mostrar partida de bautismo. Puede creer en Cristo, Yahvé, Alá, la reencarnación, el Big Bang o considerar que después de la muerte simplemente no ocurre absolutamente nada. Frente al Estado todos deberían valer exactamente lo mismo.
Eso significa la secularidad.
No quemar iglesias es apenas civilización. Un Estado verdaderamente secular hace algo bastante más difícil. Protege la religión sin someterse a ella.
El último privilegio
Tal vez algún día Argentina termine la discusión que comenzó hace más de un siglo. Quizá entonces comprendamos que separar definitivamente Iglesia y Estado no constituye un ataque contra los católicos. Todo lo contrario. También protege al católico del gobernante que mañana prefiera otra religión.
La libertad religiosa solo existe plenamente cuando ninguna religión necesita del Estado para sostener su autoridad.
Las iglesias tienen templos, los partidos tienen locales y los gobiernos tienen ministerios. Conviene conservar las puertas claramente identificadas.
García Cuerva puede denunciar la pobreza y debe hacerlo si su conciencia cristiana se lo exige. Puede cuestionar a Milei, defender la justicia social, citar al Papa y sostener que el mercado necesita límites. Y cualquiera de nosotros puede escucharlo respetuosamente y después responderle que no estamos de acuerdo.
Eso también es libertad.
Lo que una República adulta no debería aceptar es que una institución religiosa conserve privilegios políticos, económicos o simbólicos por afirmar representar a Dios.
Porque llevamos dos mil años escuchando hombres que aseguran conocer su voluntad. Algunos construyeron hospitales y escuelas. Otros alimentaron pobres. Otros encendieron hogueras.
Quizá haya llegado el momento de aplicar al poder religioso la misma regla que aplicamos al poder político. Desconfiar, fiscalizar y limitar.
Y recordar una vieja frase que, paradójicamente, proviene del propio Evangelio.
Al César lo que es del César.
A Dios lo que es de Dios.
Y al ciudadano, por fin, dejarlo decidir.
Porque Dios podrá ser eterno.
Pero no figura en el padrón electoral.
