El Gobierno presentó como balance exitoso una gira entre Londres, Boston y Nueva York. Hubo reuniones, fotografías y expresiones de interés. Pero todavía no se conocen la tasa, el plazo, el costo final, la lista definitiva de obras ni cuánto deberá pagar cada sanjuanino por esta excursión al maravilloso mundo de la deuda.
Hay gobiernos que regresan de una misión internacional con inversiones.
Otros regresan con reuniones.
Y algunos poseen el admirable talento de presentar las reuniones como si ya fueran inversiones.
Marcelo Orrego volvió de Londres, Boston y Nueva York después de conversar con administradores de fondos internacionales. El Gobierno informó que la recepción fue “muy positiva”, una expresión extraordinariamente útil porque no contiene cifras, no compromete a nadie y permite celebrar sin necesidad de demostrar demasiado.
La sonrisa de un financista, desde luego, siempre es una buena noticia.
Sobre todo para el financista.
La comitiva sanjuanina presentó las fortalezas de la provincia, habló de minería, cobre, energía solar, agroindustria, turismo y economía del conocimiento. Seguramente también explicó que San Juan posee montañas imponentes, atardeceres inolvidables y una Legislatura que ya autorizó al Ejecutivo a endeudarse por hasta 600 millones de dólares.
Ese último atractivo probablemente fue el que más atención despertó.
Porque los administradores de fondos no son organizaciones filantrópicas dedicadas a premiar provincias ordenadas. No cruzan el mundo para enamorarse de una matriz productiva. Prestan dinero para recibir más dinero. Cuanto mayor sea el riesgo que perciban, mayor será la tasa que exigirán. Es una costumbre desagradable del capitalismo financiero: detrás de cada elogio suele venir una calculadora.
El comunicado, sin embargo, prefirió narrar la parte romántica.
Contó las ciudades visitadas.
Contó los fondos entrevistados.
Contó que hubo interés.
Lo que no contó fue la tasa. Tampoco el plazo, los años de gracia, el sistema de amortización, el precio de colocación, las comisiones de los bancos, los honorarios de los abogados internacionales, el costo de las calificadoras ni la suma total que San Juan terminará devolviendo.
Es una omisión comprensible. Hablar de 600 millones de dólares suena a progreso. Hablar de capital más intereses, comisiones y gastos comienza a parecerse demasiado a una deuda.
La ley aprobada por la Legislatura ofrece al Ejecutivo una libertad notable. Permite tomar deuda interna o externa, en pesos o moneda extranjera, con tasa fija, variable o mixta. El plazo mínimo es apenas de dos años. El Gobierno podrá decidir la fecha de emisión, el precio, la modalidad de colocación y el calendario de pagos.
Es decir, los diputados entregaron la llave antes de saber cuánto costará abrir la puerta.
También autorizaron a garantizar la operación con recursos de la Coparticipación Federal. Conviene detenerse ahí, porque detrás de las palabras técnicas suele esconderse la única verdad importante.
Si las obras no generan crecimiento suficiente, si el cobre demora, si la economía nacional vuelve a tropezar o si la recaudación cae, la deuda no desaparecerá por respeto a las buenas intenciones. Se pagará con ingresos futuros de la provincia.
Los bonos no serán abonados por las fotografías de la gira.
Los pagarán los sanjuaninos.
Lo harán quizá sin saberlo, cuando parte de los recursos que podrían destinarse a hospitales, escuelas, seguridad, salarios o infraestructura cotidiana deba reservarse para cumplir con los acreedores.
La provincia también podrá someterse a legislación y tribunales extranjeros, además de renunciar a ciertas defensas de inmunidad soberana. Todo bastante normal, dirán los expertos. Y tendrán razón; en el mercado internacional es habitual que el deudor acepte las reglas del acreedor.
También es habitual que quien necesita dinero posea menos capacidad para escribir la letra chica.
La noticia habla de “proyectos estratégicos”, otra expresión de admirable elasticidad. Todavía no existe una nómina pública, definitiva y detallada de obras, con presupuestos, cronogramas, rentabilidad social, impacto productivo y mecanismos de auditoría.
Primero se autorizó la deuda.
Después se decidirá con precisión qué hacer con ella.
En una familia, ese método sería considerado irresponsable. En el Estado recibe el nombre de planificación financiera.
Hay además otro silencio menos vistoso. La ley habilita al Ministerio de Economía a contratar bancos colocadores, asesores, agentes de pago, calificadoras y estudios jurídicos, y excluye esas contrataciones del régimen ordinario previsto por la Ley 2000-A.
No sabemos todavía quién estructurará la operación, cuánto cobrará ni bajo qué comparación será elegido.
Sabemos, eso sí, que la recepción fue positiva.
La transparencia oficial parece funcionar como la vidriera de una agencia de viajes; muestra Londres, Boston y Nueva York, pero guarda en un cajón el precio completo del paquete.
Nada de esto significa que endeudarse sea siempre incorrecto. Una deuda puede ser legítima e incluso necesaria cuando financia infraestructura productiva capaz de generar crecimiento, empleo e ingresos suficientes para pagarla. El problema no es pedir dinero. El problema es pedirlo sin haber mostrado antes, de manera exhaustiva, cuánto costará, dónde se invertirá y cómo será devuelto.
Seiscientos millones de dólares podrían transformar San Juan.
También podrían hipotecar su margen financiero durante años.
La diferencia no está en la cantidad de fondos que aceptaron reunirse con el gobernador. Está en la tasa, el plazo, las garantías, las obras elegidas, la calidad de la ejecución y el control público.
Eso es precisamente lo que el balance no explicó.
El Gobierno regresó celebrando que San Juan ya es observado por los grandes inversores internacionales.
Es posible.
Pero sería prudente recordar que, cuando Wall Street observa con demasiado interés a una provincia, no siempre está admirando su futuro.
A veces simplemente está calculando cuánto puede cobrarle por él.
