Hay clases que se olvidan al salir del aula. Otras, en cambio, regresan años después, cuando la realidad empieza a parecerse a aquella explicación que en su momento parecía abstracta.
Sucedió durante mi primera carrera universitaria, cuando estudiaba Derecho y Ciencia Política. El catedrático abrió la clase con una afirmación que sonó a provocación.
—La mayoría cree que vino a estudiar política. En realidad, vino a estudiar por qué la política hace lo que hace.
Silencio.
Durante las horas siguientes no hablamos de candidatos ni de campañas. Tampoco de quién tenía razón o quién debía gobernar. Hablamos de poder, de instituciones, de incentivos y de las reglas que condicionan las decisiones humanas. Aquella mañana entendí que la Ciencia Política nunca había nacido para fabricar militantes. Había nacido para comprender aquello que los militantes, por su propia posición, muchas veces no alcanzan a ver.
Cada vez que observo el debate público en San Juan, vuelvo a esa clase.
Porque aquí también hemos terminado confundiendo dos cosas que deberían permanecer separadas: hacer política y estudiar la política.
La diferencia parece pequeña. No lo es.
Quien defiende a un gobierno está haciendo política. Quien milita en un partido, también. Quien organiza una campaña, construye un relato o intenta convencer a la sociedad de votar por un candidato participa legítimamente de la política. Esa es su función social y es indispensable para la democracia.
La Ciencia Política cumple otra función. No busca convencer. Busca comprender.
Max Weber lo explicó hace más de un siglo al diferenciar la vocación del político de la vocación del científico. El primero necesita adhesiones. El segundo, evidencia. El primero parte de convicciones. El segundo está obligado a poner incluso sus propias certezas bajo examen. No porque sea mejor ciudadano, sino porque el método le exige desconfiar incluso de aquello que cree verdadero.
En San Juan, sin embargo, esa frontera se ha desdibujado hasta volverse casi irreconocible.
Cada elección multiplica los analistas improvisados. Cada decisión del Gobierno genera un ejército de defensores y detractores que hablan como si fueran especialistas. Las redes sociales convierten cualquier opinión en una aparente verdad y los medios pautados, muchas veces, presentan comentarios partidarios como si fueran análisis político. El resultado es evidente; el ruido termina ocupando el lugar del conocimiento y la adhesión se disfraza de objetividad.
Pero explicar el poder exige mucho más que tomar partido.
Cuando el Gobierno anuncia una reforma electoral, el análisis no consiste en celebrarla ni en rechazarla automáticamente. Consiste en descubrir qué incentivos modifica, a quién fortalece, qué problema intenta resolver y cuáles puede terminar creando.
Cuando se habla de superávit, el análisis no termina en el dato fiscal. También debe preguntarse cuál fue el costo social de alcanzarlo, qué impacto tiene sobre la inversión pública, el empleo, la infraestructura o los salarios estatales. Un número positivo en una planilla puede esconder una realidad mucho más compleja.
Cuando se inaugura una obra pública, la pregunta no debería limitarse al corte de cinta. Importa saber por qué esa obra fue priorizada sobre otras, bajo qué criterios se asignaron los recursos, qué estudios la respaldan y cuáles serán sus efectos reales sobre el desarrollo provincial.
Eso no es hacer oposición.
Tampoco es hacer oficialismo.
Es intentar comprender cómo funciona el poder.
Existe otra confusión frecuente. Muchos creen que un politólogo debe ser neutral. No es así. También tiene ideas, valores y preferencias. La diferencia aparece cuando comienza el análisis. Allí ya no alcanzan las convicciones. Debe demostrar, contrastar y, sobre todo, aceptar la posibilidad de estar equivocado. Esa es la disciplina que convierte una opinión en conocimiento.
Quizá por eso muchas discusiones públicas en San Juan resultan tan pobres. Se habla mucho de personas y muy poco de instituciones. Se discuten nombres propios, pero casi nunca las reglas que permiten que esos nombres acumulen poder. Se viralizan denuncias sin sustento y defensas sin argumentos, mientras las preguntas verdaderamente importantes quedan relegadas.
La Ciencia Política enseña justamente lo contrario.
Nos recuerda que los gobiernos cambian, pero las instituciones permanecen. Que las decisiones individuales importan, aunque casi siempre están condicionadas por incentivos económicos, electorales y administrativos. Que una provincia no progresa únicamente porque tenga buenos dirigentes, sino porque construye reglas capaces de sobrevivir incluso a los malos. Las instituciones son el andamiaje que sostiene la democracia cuando las personas fallan.
Ese es el debate que todavía nos debemos.
Mientras seguimos reduciendo la política a una pelea entre simpatizantes y opositores, dejamos de discutir cuestiones mucho más profundas. ¿Por qué San Juan continúa dependiendo de tan pocos sectores productivos? ¿Por qué determinadas políticas públicas sobreviven aunque fracasen una y otra vez? ¿Qué calidad tienen nuestros organismos de control? ¿Cómo se distribuye realmente el poder dentro del Estado provincial? ¿Qué mecanismos favorecen o dificultan la rendición de cuentas?
Esas preguntas rara vez generan aplausos en un acto político. Sin embargo, son las que terminan definiendo el futuro de una sociedad. No son preguntas cómodas, ni siquiera para quienes las formulan. Pero son las únicas capaces de acercarnos a respuestas duraderas.
Quizá por eso vuelvo tantas veces a aquella clase universitaria.
Con los años descubrí que el catedrático no intentaba enseñarnos a pensar como él. Intentaba algo mucho más valioso. Enseñarnos a desconfiar de las explicaciones fáciles. A convivir con la incomodidad de no tener respuestas inmediatas. A comprender que el poder no se agota en quienes lo ejercen, sino que también habita en las instituciones, en las reglas y en los incentivos que hacen posible su funcionamiento.
Porque hacer política puede ser una vocación legítima.
Pero comprender el poder exige una disciplina mucho más incómoda. Exige leer antes de opinar. Contrastar antes de afirmar. Dudar antes de concluir. Exige separar el momento en que se milita del momento en que se analiza, aunque una misma persona pueda ejercer ambos roles en distintos momentos de su vida.
Y tal vez ese sea hoy uno de los mayores desafíos de San Juan.
Dejar de preguntar únicamente quién tiene razón y empezar, por fin, a preguntarnos por qué el poder funciona como funciona. Dejar de consumir análisis como si fueran consignas de campaña y empezar a exigir rigor, evidencia y transparencia.
Ahí comienza la Ciencia Política.
Todo lo demás puede servir para ganar una elección. Pero difícilmente alcance para comprender una provincia.
