«Las leyes no solo organizan el poder. También cuentan quién tuvo la posibilidad de escribirlas.»
Las elecciones no empiezan el día de la votación. Empiezan mucho antes, cuando alguien decide con qué reglas se disputará el poder.
San Juan acaba de entrar en ese momento.
En las próximas semanas el Gobierno enviará a la Cámara de Diputados un proyecto para reemplazar el SIPAD por la Boleta Única Papel. La noticia fue presentada como una modernización institucional. Habrá menos gasto en impresión, desaparecerá el robo de boletas y el escrutinio será más sencillo. Todo eso probablemente sea cierto. El problema es que las reformas electorales nunca son solamente técnicas. Siempre son profundamente políticas.
La historia ofrece demasiados ejemplos como para creer en las casualidades.
Ningún gobierno modifica el sistema con el que será juzgado sin haber calculado antes sus consecuencias. Cambian las boletas, cambian los mecanismos y cambian las formas de competir. Lo único que nunca cambia es que quien impulsa la reforma espera obtener alguna ventaja del nuevo escenario.
No hace falta que esa ventaja sea ilegal. Basta con que sea política.
El SIPAD nació cuestionado. Para muchos terminó convirtiéndose en una ingeniería electoral más compleja que la realidad que pretendía simplificar. Su eliminación difícilmente despierte nostalgia. Sin embargo, reemplazar un sistema por otro no garantiza, por sí mismo, una democracia mejor.
La Boleta Única Papel elimina una ventaja histórica de los partidos grandes. Ya no importa quién imprimió más boletas ni quién tenía más fiscales para reponerlas. El ciudadano encontrará toda la oferta electoral en una sola hoja. La competencia parece comenzar desde un punto de partida más equilibrado.
Pero mientras desaparecen unas ventajas, aparecen otras.
Cuando el aparato territorial pierde peso, crece el valor de la imagen pública. La elección deja de depender tanto de la estructura partidaria y empieza a girar alrededor del liderazgo que logre construir quien gobierna. Si la gestión atraviesa un buen momento, la Boleta Única puede convertirse en un escenario mucho más favorable para el oficialismo. Ya no necesita movilizar un ejército de boletas. Le alcanza con que su nombre conserve prestigio.
Por eso resulta difícil creer que el momento elegido sea casual.
Las reformas electorales rara vez llegan cuando un gobierno siente que puede perder. Generalmente aparecen cuando las encuestas sonríen, cuando el liderazgo parece consolidado y cuando cambiar las reglas implica reducir incertidumbres para el futuro.
Eso no convierte la reforma en antidemocrática. Pero sí obliga a observarla con una mirada menos ingenua.
Porque la democracia no mejora únicamente cambiando el papel sobre el que se imprime el voto. Mejora cuando quienes compiten llegan a esa boleta con oportunidades semejantes. Si el acceso a los recursos públicos, la comunicación oficial, el financiamiento de las campañas y la construcción de candidaturas continúan siendo profundamente desiguales, la modernización puede terminar siendo apenas un cambio estético.
Una boleta nueva no corrige por sí sola las viejas asimetrías.
La discusión tampoco debería agotarse en el diseño, los casilleros o la modalidad del escrutinio. Todo eso importa, pero no alcanza. La verdadera pregunta es quién escribió las reglas, por qué decidió hacerlo ahora y qué efectos espera producir con ellas.
Desde la Antigua Roma hasta nuestros días, el poder comprendió que existe una diferencia enorme entre ganar dentro de las reglas y tener la posibilidad de redactarlas. Quien diseña el tablero nunca parte desde el mismo lugar que quien simplemente mueve las piezas.
Por eso el verdadero debate no es si la Boleta Única Papel es mejor que el SIPAD. Probablemente lo sea. El verdadero debate consiste en preguntarse si la reforma busca fortalecer la democracia o fortalecer la posición de quienes hoy administran el poder.
Y queda una última pregunta, quizá la más incómoda de todas.
Si en la última elección el oficialismo ya desplegó una campaña de enorme magnitud con los recursos disponibles, ¿cómo será la próxima cuando la provincia tiene autorizada una capacidad de endeudamiento de hasta 600 millones de dólares? El Gobierno sostiene que esos fondos estarán destinados a obras e infraestructura. Ojalá así sea. Pero en una democracia sana no alcanza con pedir confianza; también hay que ofrecer controles, transparencia y garantías de que el dinero público nunca se confundirá con la ventaja electoral.
Porque las reglas importan.
Pero importa mucho más que quienes las escriben no tengan, además, la posibilidad de jugar el partido con una billetera infinitamente más grande que la de sus rivales.
Porque las elecciones nunca empiezan cuando el ciudadano marca una cruz sobre una boleta.
Empiezan mucho antes.
Empiezan el día en que alguien decide cómo será esa boleta.
