Cuando todos hablan de esfuerzo, pero el docente sigue perdiendo
«Hay acuerdos que nacen para resolver conflictos. Otros nacen para administrarlos.»
Cada negociación paritaria debería ser el momento en que dos partes defienden intereses distintos. El Gobierno intenta cuidar las cuentas públicas. Los gremios procuran proteger el poder adquisitivo de sus afiliados. Esa tensión no es un problema; es la esencia misma de una negociación.
El problema comienza cuando esa tensión desaparece.
Entonces las paritarias dejan de parecer una mesa de negociación y empiezan a parecer una puesta en escena donde cada actor interpreta un papel conocido de antemano. El Gobierno anuncia un ofrecimiento insuficiente. Los gremios lo rechazan. El Ejecutivo mejora apenas la propuesta. Los sindicatos vuelven a reunirse. Finalmente llega un acuerdo que se presenta como una conquista, aunque el bolsillo del docente siga diciendo exactamente lo contrario.
Esta vez ocurrió algo todavía más llamativo.
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, defendió el aumento afirmando que el Gobierno incrementó la oferta inicial en un 50 %, porque pasó del 2 % al 3 % para algunos meses. La afirmación puede ser matemáticamente correcta respecto del porcentaje ofrecido, pero resulta profundamente discutible como argumento económico.
Ningún docente compra alimentos con el porcentaje de mejora de una oferta. Compra alimentos con el salario que recibe.
Y ese salario continúa perdiendo frente al costo de vida acumulado de los últimos años.
La política suele enamorarse de los porcentajes relativos porque permiten construir relatos optimistas. Decir que algo aumentó un 50 % suena espectacular. Decir que pasó del 2 % al 3 % produce una impresión muy diferente. Las dos frases describen exactamente el mismo hecho.
La primera busca impactar.
La segunda permite comprender.
También llama la atención otro argumento oficial. Se sostiene que San Juan pasó del puesto 22 al puesto 7 en el ranking salarial docente. Aun si ese dato fuera correcto, conviene formular una pregunta sencilla.
¿El docente vive mejor porque ascendió posiciones en un ranking o porque recuperó realmente su poder de compra?
No siempre ambas cosas coinciden.
Es perfectamente posible mejorar respecto de otras provincias mientras todos continúan perdiendo frente a la inflación, los servicios, el alquiler o los alimentos. Compararse con quien también atraviesa dificultades no transforma una pérdida en una recuperación.
Mientras tanto, los gremios parecen conformarse con modificaciones mínimas que terminan siendo presentadas como grandes triunfos.
Allí aparece la mayor preocupación.
Porque cuando el Gobierno afirma que realizó el máximo esfuerzo posible y los sindicatos terminan aceptando aumentos que difícilmente recompongan el salario real, la sensación que queda entre miles de docentes es que la negociación dejó de ser un verdadero contrapunto entre intereses distintos.
Mientras tanto, la provincia habla de equilibrio fiscal, de superávit, de capacidad para acceder a financiamiento internacional y de proyectos de inversión a largo plazo. Todo eso puede ser legítimo. Pero también resulta legítimo que quienes sostienen diariamente la educación pública se pregunten por qué siempre son ellos quienes deben comprender las limitaciones presupuestarias.
El ajuste suele tener destinatarios bastante previsibles.
Nunca alcanza para recomponer salarios.
Siempre alcanza para pedir paciencia.
Entonces aparece una pregunta incómoda. ¿Tiene sentido seguir aportando a un gremio cuando una parte importante de los docentes siente que ya no los representa?
Tal vez por eso, en los últimos años, los gremios han perdido afiliados. No fue solamente por el descuento en el recibo de sueldo. Fue porque muchos docentes dejaron de sentirse representados. Llegó un momento en que el discurso del Gobierno y el discurso gremial sonaban demasiado parecidos.
Como si ambos hubieran sido escritos por un mismo escribidor.
Y cuando quienes deberían negociar parecen leer el mismo libreto, la paritaria deja de ser una defensa del salario para convertirse en una representación. El problema es que, al bajar el telón, quienes siguen pagando el costo de la función son siempre los docentes.
