Más de quinientos testimonios, un artículo con amplia repercusión y una pregunta que sigue sin respuesta: ¿por qué quienes deberían defender a los trabajadores prefieren explicar antes que reclamar?
Existe un viejo refrán que suele incomodar porque, con demasiada frecuencia, parece describir mejor la realidad que muchos discursos: piensa mal y acertarás.
No porque toda sospecha sea verdadera, sino porque, cuando quienes deberían defender un derecho permanecen en silencio, el silencio también merece ser investigado.
En los últimos días publiqué el artículo «Cuando el Banco San Juan se apropia de tu dinero«. La repercusión fue inmediata. Se convirtió en una de las publicaciones más leídas del medio durante las últimas veinticuatro horas, con miles de lecturas, una amplia difusión en redes sociales y cientos de comentarios. Entre ellos aparecieron más de quinientos testimonios de docentes y otros usuarios que relataron experiencias y dificultades vinculadas con el funcionamiento del Banco San Juan.
Más de quinientos testimonios no constituyen una sentencia judicial, pero sí representan un fenómeno social que ninguna institución responsable debería ignorar.
Y, sin embargo, ocurrió algo todavía más llamativo que los propios reclamos.
El Banco San Juan no emitió una explicación pública. El Ministerio de Educación tampoco. Los gremios, mucho menos. Por eso la pregunta deja de ser exclusivamente bancaria y empieza a ser institucional.
¿Por qué tanta pasividad frente a un reclamo que involucra a cientos de trabajadores? ¿Por qué cambiar de banco, algo que debería ser un trámite sencillo para quien cobra su salario, termina convirtiéndose en una carrera de obstáculos? Si la normativa reconoce el derecho del trabajador a elegir dónde percibir sus haberes, ¿por qué en la práctica ejercer ese derecho parece tan difícil?
La escena adquiere un matiz todavía más extraño cuando una autoridad gremial responde a los afiliados con argumentos que parecen más propios de un representante de la entidad financiera que de una organización sindical.
«Es por el mantenimiento de las cuentas.»
Tal vez esa explicación sea técnicamente correcta. Pero la cuestión no es esa, sino otra: ¿la función gremial consiste en explicar las razones del banco o en defender los derechos de los trabajadores que representa?
Porque un sindicato nació para reclamar, no para justificar.
Cuando un dirigente sindical comienza a reproducir el discurso de la entidad cuestionada antes que exigir soluciones para sus afiliados, inevitablemente surge una percepción incómoda. Quizás exista una explicación que todavía desconocemos. Pero las instituciones también viven de la confianza, y la confianza se resiente cuando quienes deberían representar a los trabajadores parecen asumir, aunque sea involuntariamente, el papel de explicar las razones del banco.
Lo verdaderamente llamativo no es solo el comportamiento del Banco San Juan. Un banco puede defender sus intereses comerciales. Lo inquietante es el comportamiento de quienes tienen el deber legal, político y sindical de proteger al trabajador. Cuando el silencio del Estado, de los organismos de control y de las organizaciones gremiales coincide frente a un mismo problema, las preguntas dejan de apuntar únicamente al banco y comienzan a dirigirse hacia todo el sistema.
Desde el punto de vista jurídico, la cuestión merece un análisis profundo.
El salario pertenece al trabajador y la cuenta sueldo existe para proteger ese derecho. Si existen obstáculos administrativos, demoras injustificadas o negativas que dificultan ejercer libremente la elección de la entidad donde cobrar los haberes, corresponde analizar si esas conductas respetan la normativa vigente y los derechos de los usuarios financieros.
El trabajador no está indefenso. Puede presentar un reclamo formal ante su empleador para que sus haberes sean depositados en la cuenta de su elección; recurrir a los organismos de defensa del consumidor; formular denuncias ante las autoridades competentes del sistema financiero y, cuando exista una afectación concreta de derechos constitucionales, promover una acción de amparo. Si el problema afecta a un número significativo de personas, también es posible impulsar acciones colectivas que permitan obtener una solución para todos los afectados y no únicamente para un caso individual.
Precisamente por eso sorprende que ninguna de esas alternativas haya sido impulsada con firmeza por quienes representan a los trabajadores.
Quizá exista una explicación.
O quizá exista una decisión de no confrontar.
No lo sabemos.
Y justamente por eso hacen falta respuestas.
Porque cuando más de quinientas personas relatan historias similares y las instituciones eligen explicar, minimizar o guardar silencio antes que investigar, la desconfianza deja de ser un problema de los ciudadanos. Empieza a convertirse en un problema institucional.
Entonces aquel viejo refrán vuelve a aparecer.
No como una acusación.
Sino como una advertencia.
Porque cuando el Banco San Juan guarda silencio, el Ministerio guarda silencio y los gremios también guardan silencio, pensar mal deja de ser un ejercicio de desconfianza para convertirse en una consecuencia natural de la ausencia de respuestas. Y en una República, ninguna institución debería acostumbrarse a que el silencio responda donde deberían hacerlo las explicaciones.
