Cuando la gestión deja de ofrecer respuestas, la política suele buscar una nueva distracción.
La política nunca compite únicamente por el poder. Compite, sobre todo, por la atención.
Quien consigue decidir de qué habla una sociedad obtiene una ventaja que muchas veces vale más que una buena gestión. Por eso los gobiernos no solo administran recursos. También administran la agenda pública.
La decisión del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, de enviar a la Legislatura riojana un proyecto para reclamar una porción del territorio de San Juan produjo un inmediato impacto político. La respuesta del gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, fue igualmente rápida y contundente; recordó que los límites entre ambas provincias rigen desde hace cincuenta y siete años, fueron ratificados por el Congreso Nacional en 2014 y que ninguna provincia puede modificarlos mediante una ley propia.
Hasta allí, los hechos.
Pero detrás de ellos aparece una pregunta mucho más interesante.
¿Estamos frente a un verdadero conflicto territorial o frente a una discusión que termina desplazando otras cuestiones mucho más urgentes?
Todo gobierno necesita un relato. Cuando los resultados comienzan a escasear y la transparencia queda encerrada detrás de las oficinas públicas, ese relato busca un antagonista. Entonces aparecen las grandes causas, los viejos conflictos y las banderas, porque pocas cosas desvían tanto la atención como una disputa por la tierra, la identidad o la patria.
La historia latinoamericana conoce demasiado bien ese mecanismo. Cuando la gestión pierde capacidad para imponer sus logros, la agenda suele desplazarse hacia conflictos cargados de simbolismo. La bandera reemplaza a la gestión. El mapa ocupa el lugar de los indicadores. La emoción desplaza a la administración.
Precisamente allí aparece la gran paradoja de este episodio.
Tanto Ricardo Quintela como Marcelo Orrego saben perfectamente que este conflicto no puede resolverse mediante una ley provincial ni mediante un comunicado publicado en redes sociales.
La Constitución Nacional establece un procedimiento preciso para cualquier controversia limítrofe entre provincias. Si existiera una disputa jurídica real, el camino es el Congreso de la Nación y, eventualmente, la Justicia.
Es decir, el proyecto impulsado desde La Rioja no modifica un solo metro del territorio sanjuanino.
Y la respuesta institucional de San Juan tampoco altera el marco jurídico vigente, porque ese marco ya protege la jurisdicción provincial desde hace décadas.
Entonces surge la verdadera pregunta.
Si los efectos jurídicos son prácticamente inexistentes, ¿por qué semejante despliegue político?
La respuesta parece encontrarse mucho más cerca de la comunicación que del derecho.
La paradoja es que esta discusión termina siendo funcional para ambos gobiernos.
En La Rioja, Ricardo Quintela instala una agenda de identidad, soberanía y defensa territorial que desplaza otras conversaciones sobre la situación económica, el empleo, la administración provincial y los problemas cotidianos de los riojanos.
En San Juan, Marcelo Orrego encuentra una causa que naturalmente convoca a la unidad y concentra la atención pública en la defensa del territorio en un momento particularmente sensible para su gestión. Mientras la agenda gira alrededor de los límites provinciales, quedan relegados otros debates igualmente trascendentes: el viaje al exterior para gestionar un endeudamiento de hasta seiscientos millones de dólares, las prioridades de inversión, la transparencia en la administración pública, el estado de la economía provincial y las decisiones que marcarán el futuro financiero de San Juan.
No significa que ambos gobernadores hayan construido este conflicto de manera coordinada.
Significa algo mucho más frecuente en política.
Un mismo hecho puede terminar siendo funcional para intereses distintos.
Y esa es la esencia de la política de la distracción.
No necesita modificar la realidad.
Le alcanza con modificar aquello sobre lo que la sociedad discute.
Los problemas permanecen exactamente donde estaban.
Lo único que cambia es el foco de atención.
Nada de esto significa que San Juan deba minimizar el planteo riojano. Todo lo contrario. Marcelo Orrego actuó correctamente al recordar que los límites provinciales fueron establecidos hace cincuenta y siete años, ratificados por el Congreso Nacional en 2014 y protegidos por la Constitución. También hizo bien en convocar a todas las fuerzas políticas a defender unidas el territorio provincial, sus recursos estratégicos y un patrimonio de la humanidad como el Parque Provincial Ischigualasto.
Porque cuando está en juego el territorio de San Juan no existen oficialismos ni oposiciones.
Existe una sola obligación.
Defender lo que pertenece a todos los sanjuaninos.
Pero precisamente porque esa defensa es demasiado importante, no debería convertirse en el único tema de conversación mientras otras decisiones de enorme trascendencia para la provincia quedan fuera del debate público.
Las distracciones siempre tienen fecha de vencimiento.
Cuando el ruido desaparece, la realidad vuelve a ocupar el centro de la escena. Y entonces regresan las preguntas que ningún relato consigue responder.
¿Cómo se administrarán seiscientos millones de dólares de nuevo endeudamiento?
¿Cómo se garantizará la transparencia?
¿Cómo se generará desarrollo sostenible?
¿Cómo se rendirán cuentas a los sanjuaninos?
Porque los conflictos pueden dominar la agenda durante algunos días. La realidad, en cambio, siempre termina reclamando la última palabra.
