Hace ocho años publiqué una serie de artículos sobre la necesidad de que San Juan desarrollara una verdadera zona franca. En aquel momento, el gobierno provincial impulsaba su relocalización hacia otro departamento. Me opuse públicamente porque entendía que aquella propuesta carecía de lógica comercial, logística y estratégica. El tiempo terminó dando su veredicto: el Gobierno nacional rechazó ese cambio y la iniciativa no prosperó.
Lejos de abandonar el debate, continué desarrollando el proyecto en diversas publicaciones aparecidas en medios económicos de San Juan, Mendoza y Buenos Aires. Allí insistí en que una zona franca debía pensarse como una plataforma de comercio internacional, logística, agregado de valor e industria antes que como una herramienta especializada para un único sector productivo. No era un ejercicio de futurología ni una opinión improvisada. Era la conclusión de más de veinticinco años de trabajo en comercio exterior, agregado de valor, franquicias y zonas francas en distintos países de América Latina.
La zona franca no debía nacer minera. Debía nacer comercial y, cuando la minería alcanzara su etapa de explotación, transformarse naturalmente en una plataforma especializada para el cobre.
Por eso quiero hacer una aclaración. Celebro que San Juan haya recuperado una herramienta que durante más de treinta años permaneció prácticamente inmovilizada. También considero acertada su relocalización en Jáchal, por su cercanía con los grandes proyectos mineros y los futuros corredores bioceánicos. Mi diferencia no está en el proyecto, sino en la estrategia, porque el Gobierno parece haber comenzado por el final.
La propuesta oficial presenta una zona franca concebida principalmente como soporte de la minería. Se habla de proveedores, logística, parque industrial, depósito fiscal, parque solar, economía del conocimiento y hasta una futura zona franca minorista.
El problema es que todas esas herramientas cumplen funciones completamente distintas.
Un depósito fiscal facilita operaciones aduaneras y permite almacenar mercaderías bajo control de la Aduana.
Un parque industrial busca radicar empresas, generar empleo e integrar cadenas productivas.
Un parque solar garantiza energía y reduce costos operativos.
Y una zona franca constituye un régimen especial destinado a facilitar el comercio internacional, la logística, la industrialización y las exportaciones mediante beneficios aduaneros y fiscales.
Pueden convivir perfectamente, pero una no reemplaza a la otra y, sobre todo, su simple coexistencia no genera desarrollo. Confundir estas herramientas lleva a creer que toda infraestructura genera desarrollo por sí misma. No es así. La infraestructura multiplica la actividad económica; nunca la reemplaza.
Lo verdaderamente importante no es la infraestructura, sino la actividad económica que le dará vida.
Aquí aparece la diferencia entre una planificación estratégica y una planificación política. Una mina puede demorar diez o quince años entre exploración, estudios ambientales, financiamiento, construcción y producción. Durante buena parte de ese tiempo todavía no existe un movimiento económico suficiente como para sostener un ecosistema logístico especializado.
Una zona franca comercial funciona exactamente al revés. Puede comenzar desde el primer día importando maquinaria, almacenando mercaderías, consolidando cargas, exportando productos regionales, incorporando industrias de agregado de valor, atrayendo operadores internacionales y convirtiéndose en un centro logístico para todo el oeste argentino y el corredor bioceánico. Es decir, puede generar actividad económica, inversiones y empleo mucho antes de que aparezca el primer lingote de cobre. Cuando la minería alcance su etapa de mayor expansión, esa infraestructura ya estará consolidada y preparada para potenciarla.
Ese era precisamente el sentido del proyecto que defendimos hace ocho años: primero construir el movimiento y después especializarlo. Porque las economías inteligentes primero crean mercados y luego construyen infraestructura alrededor de esos mercados.
Las zonas francas más exitosas del mundo nunca apostaron todo a una sola actividad. Nacieron abiertas al comercio, a la logística y a la industria. Cuando determinados sectores alcanzaron suficiente volumen económico, recién entonces comenzaron a especializarse. La especialización fue consecuencia del éxito, nunca su punto de partida.
San Juan parece haber invertido esa lógica. Hoy diseña una herramienta alrededor de una promesa futura cuando todavía existen enormes oportunidades presentes. El corredor bioceánico, la agroindustria, la metalmecánica, los servicios logísticos, la distribución regional y el agregado de valor podrían estar utilizando esa infraestructura mucho antes de que el cobre alcance su máxima expansión. Cuando ese momento llegue, la minería encontraría un ecosistema consolidado, no un proyecto que todavía intenta despegar.
No cuestiono el futuro minero de San Juan. Sería absurdo hacerlo. La minería probablemente será uno de los motores económicos más importantes de las próximas décadas. Lo que cuestiono es otra cosa: la decisión de diseñar toda una herramienta de desarrollo alrededor de una actividad cuyos tiempos dependen de exploraciones, permisos ambientales, financiamiento internacional y precios que ningún gobierno provincial controla.
La política suele enamorarse de los proyectos que generan fotografías.
La economía premia los proyectos que generan movimiento. Son dos maneras completamente distintas de entender el desarrollo y, cuando una reemplaza a la otra, los errores terminan siendo costosos.
Existe una diferencia fundamental entre el sector privado y el Estado.
Cuando un empresario se equivoca, pierde su patrimonio.
Cuando un funcionario se equivoca, pierde el patrimonio de todos.
Cuando no se tiene experiencia en el rubro, los errores los terminamos pagando los contribuyentes.
Hace ocho años aquella advertencia parecía prematura. Hoy, mientras la Zona Franca de Jáchal vuelve a ocupar la agenda pública, adquiere más vigencia que nunca.
Las zonas francas exitosas no esperan que llegue la economía. La crean.
Después, cuando aparecen industrias como la minería, simplemente las potencian.
San Juan decidió recorrer el camino inverso.
Ojalá el tiempo no vuelva a demostrar que, cuando el Estado comienza una estrategia al revés, quienes terminan pagando el costo son, una vez más, los contribuyentes.
