Las computadoras del programa Maestro de América vuelven a aparecer a la venta en las redes sociales. El Gobierno de Marcelo Orrego denuncia una situación que ya tenía antecedentes en 2025. Mientras tanto, la ministra Silvia Fuentes debe responder una pregunta incómoda. ¿Qué hizo Educación durante casi un año para impedir que el problema se repitiera?
En algún despacho del Ministerio de Educación de San Juan debe existir una computadora desde la cual alguien redacta comunicados sobre las maravillas de la revolución tecnológica. Imagino una pantalla iluminada, un funcionario satisfecho y una fotografía del gobernador entregando dispositivos. Afuera, donde las promesas oficiales se encuentran con la realidad, otras computadoras aparecen ofrecidas en las redes sociales. La ironía resulta perfecta. El Gobierno que prometió modernizar la educación ahora necesita investigar qué ocurrió con las herramientas que distribuyó para conseguirlo.
La escena tendría cierta gracia si no estuviera comprometido el dinero de los contribuyentes. En San Juan hemos desarrollado una curiosa especialidad administrativa. Primero se anuncia, después se entrega, inmediatamente se fotografía y finalmente, cuando aparece un problema, se denuncia con la expresión indignada de quien acaba de descubrir que administrar también implica controlar.
El Gobierno provincial volvió a denunciar publicaciones que ofrecían computadoras vinculadas al programa Maestro de América. La investigación deberá determinar su procedencia y establecer si existieron irregularidades. Hasta allí, nada que objetar. Sin embargo, existe un antecedente que vuelve menos tranquilizadora la noticia.
En noviembre de 2025 ya habían trascendido denuncias sobre equipos del mismo programa ofrecidos a la venta. Si ambos episodios presentan circunstancias comparables, corresponde preguntar qué hizo el Gobierno durante casi un año para evitar su repetición.
Porque una irregularidad puede sorprender a cualquier administración. Su reiteración obliga a examinar los controles. Y cuando existen advertencias anteriores, anunciar una nueva investigación no constituye necesariamente una demostración de eficiencia.
No afirmo que exista un delito comprobado ni que los funcionarios hayan permitido deliberadamente la comercialización. Eso dependerá de las pruebas y de las condiciones jurídicas bajo las cuales fueron entregados los equipos. Lo políticamente cuestionable es pretender que una denuncia sustituya las explicaciones sobre la gestión.
La ministra Silvia Fuentes debe explicar cómo se registraron los dispositivos, qué obligaciones asumieron sus destinatarios y qué medidas se implementaron después de las primeras advertencias.
Son preguntas elementales para cualquier administrador de recursos públicos.
Sin embargo, resulta mucho más sencillo organizar una ceremonia de entrega que exhibir una auditoría. La primera produce fotografías, discursos y aplausos. La segunda exige documentos, registros y resultados. Y los resultados tienen un inconveniente para ciertos funcionarios. No siempre pueden maquillarse con una sonrisa.
Marcelo Orrego ha construido buena parte de su discurso educativo alrededor de la modernización y de ese futuro que parece estar siempre a punto de llegar. Las computadoras se convierten en símbolos de progreso y los programas reciben nombres capaces de conmover a cualquier agencia publicitaria.
Pero la educación no mejora por acumulación de dispositivos. Una computadora no enseña a comprender un texto, no reemplaza a un docente preparado ni resuelve automáticamente las dificultades matemáticas. Su utilidad depende de una política pedagógica capaz de transformar herramientas en conocimientos.
Confundir distribución tecnológica con transformación educativa constituye una forma particularmente costosa de ignorancia administrativa.
Y cuando aparecen cuestionamientos sobre el destino de esos dispositivos, también corresponde examinar cómo se administran los recursos públicos.
¿Cuántas computadoras fueron adquiridas? ¿Cuánto costaron? ¿Bajo qué condiciones fueron entregadas? ¿Cuántos dispositivos se recuperaron o bloquearon? ¿Qué resultados tuvieron las actuaciones iniciadas en 2025?
Las respuestas deberían formar parte de la información pública disponible, sin depender de la insistencia periodística.
La posibilidad de bloquear equipos remotamente introduce otra cuestión. Si existe esa herramienta, corresponde explicar cuándo comenzó a utilizarse, bajo qué condiciones y con qué resultados. Disponer de tecnología no significa necesariamente administrarla correctamente.
En San Juan parece consolidarse una costumbre gubernamental bastante singular. Los éxitos siempre tienen nombres, apellidos y fotografías. Los errores pertenecen a una entidad abstracta llamada administración, donde nadie parece haber tomado decisiones.
Cuando se entrega una computadora, aparece el gobernador. Cuando se anuncia un programa, aparece la ministra. Pero cuando surgen preguntas sobre los controles, la responsabilidad comienza a peregrinar entre oficinas y expedientes.
La responsabilidad política no puede funcionar como una puerta giratoria por la que entran los méritos y salen las obligaciones.
Orrego no necesita conocer personalmente el número de serie de cada dispositivo. Necesita demostrar que su gobierno dispone de controles confiables. Fuentes no responde por cada decisión individual de los beneficiarios, pero sí por los procedimientos de seguimiento que corresponden a su ministerio.
Esa es la diferencia entre conducir una institución y simplemente ocupar un despacho.
La verdadera transparencia no consiste en denunciar aquello que se vuelve público. Consiste en permitir que la sociedad conozca cómo se administra su dinero, incluso cuando no existe ningún escándalo.
Existen razones suficientes para exigir explicaciones sobre sus controles. La ministra debería comprender que el silencio administrativo no protege la autoridad. La deteriora. Y el gobernador debería recordar que gobernar también significa responder por aquello que no produce aplausos.
Al final, quizás el verdadero problema no sean las computadoras anunciadas en internet, sino la dificultad para obtener explicaciones sobre su destino.
Porque cuando un gobierno confunde denunciar con gobernar, el equipo que necesita una actualización urgente no es la computadora. Es el Gobierno.
