En San Juan hemos descubierto una extraordinaria propiedad del agua. Puede no llegar a los hogares, puede perderse entre cañerías, contratos y presupuestos millonarios, pero posee una virtud que ningún ingeniero hidráulico había previsto. Es capaz de alimentar campañas políticas. El Acueducto Gran Tulum, concebido para transportar agua potable, terminó convertido en un formidable conducto de sospechas, expedientes judiciales y conveniencias electorales.
La política sanjuanina tiene esa curiosa habilidad de transformar las obras cuestionadas en responsabilidades ajenas. Unos aseguran haber construido el futuro, otros dicen haber heredado el desastre y, mientras tanto, nadie termina de explicar cuánto costó realmente la obra, qué se hizo con el dinero y quién responde por aquello que todavía no cumple las expectativas que justificaron semejante inversión.
Sergio Uñac gobernó cuando se tomaron decisiones fundamentales sobre el acueducto. Marcelo Orrego asumió en diciembre de 2023 y heredó algo más que una infraestructura cuestionada. Heredó las facultades administrativas para examinarla, la obligación institucional de controlar su ejecución y la responsabilidad de actuar frente a las irregularidades que pudieran detectarse.
Porque un gobernador no hereda solamente los despachos, los vehículos oficiales y las ceremonias protocolares. También recibe los contratos vigentes, las obligaciones pendientes y los problemas que sus antecesores dejaron sin resolver.
Y aquí comienza la parte menos cómoda de esta historia.
La denuncia penal que dio origen a la investigación fue presentada en diciembre de 2025 por el abogado Marcelo Arancibia. No fue una iniciativa original del gobierno de Marcelo Orrego. Para entonces, la actual administración llevaba prácticamente dos años al frente de la provincia.
Dos años durante los cuales el Ejecutivo tenía facultades para disponer revisiones administrativas, solicitar informes técnicos y examinar las actuaciones correspondientes a una obra de semejante magnitud.
La pregunta resulta inevitable. ¿Qué hizo el gobierno de Orrego durante ese período? ¿Qué auditorías ordenó? ¿Qué informes recibió? ¿Qué observaciones formularon los organismos competentes? Y, fundamentalmente, ¿qué conocimiento tenían sus funcionarios de las presuntas irregularidades que posteriormente terminaron en la Justicia?
No son preguntas menores. Tampoco pueden despacharse con la explicación de que la obra pertenecía a la administración anterior. El Estado tiene continuidad jurídica y sus obligaciones no desaparecen cuando cambia el signo político del gobierno.
La responsabilidad por las decisiones adoptadas durante la gestión de Uñac deberá determinarse conforme a las pruebas. Pero esa investigación no debería convertirse en una excusa para excluir del escrutinio las actuaciones de quienes administran la provincia desde diciembre de 2023.
El gobierno provincial terminó constituyéndose como querellante en febrero de 2026 y aportó documentación a la investigación. Es necesario reconocerlo. No existen elementos suficientes para afirmar que haya ocultado pruebas o impedido deliberadamente el avance de la causa. Sin embargo, esa colaboración posterior no responde por sí misma qué medidas de control se adoptaron antes de que un particular presentara la denuncia.
Y aquí aparece una cuestión que merece abandonar por un momento la retórica política para ingresar en el terreno del derecho.
¿Puede existir responsabilidad penal por no haber actuado frente a irregularidades conocidas?
La respuesta depende de circunstancias concretas.
El artículo 249 del Código Penal argentino contempla el incumplimiento de determinados deberes de funcionario público, incluidas ciertas omisiones ilegales de actos propios del cargo. Su aplicación exige identificar una obligación funcional concreta y acreditar los demás elementos del delito. No alcanza con señalar que una obra presenta deficiencias ni con responsabilizar genéricamente a un gobernador por cuanto ocurre bajo su administración.
Pero si determinados funcionarios hubieran conocido hechos que exigían una actuación legal específica y deliberadamente hubieran omitido cumplirla, correspondería investigar si esa conducta constituye una infracción administrativa o adquiere relevancia penal.
La cuestión podría ser todavía más delicada si se demostrara que durante la administración actual continuaron maniobras ilícitas y que algún funcionario contribuyó conscientemente a ellas.
No se trata de afirmar que Marcelo Orrego cometió un delito. Se trata de determinar si quienes tenían competencias de fiscalización cumplieron sus obligaciones y si existieron omisiones jurídicamente relevantes.
Porque si durante la actual administración se autorizaron pagos, modificaciones contractuales o certificaciones de trabajos vinculados al acueducto, corresponde conocer qué controles respaldaron esas decisiones. Y si no existieron, también habrá que establecer qué obligaciones de supervisión permanecían vigentes.
Mientras tanto, la causa judicial continúa proporcionando escenas de considerable utilidad para el espectáculo político.
El 14 de octubre, la audiencia de formalización terminó reprogramada por las ausencias de Sergio Uñac y Cristian Andino. El fiscal Sebastián Gómez cuestionó las justificaciones presentadas y dejó planteada la posibilidad de solicitar el desafuero ante nuevas inasistencias. La jueza Mónica Lucero, sin embargo, consideró justificadas ambas ausencias, una decisión bastante más razonable desde el punto de vista de las garantías procesales.
La jornada tuvo legisladores, abogados, fueros, advertencias y suficientes declaraciones para ocupar las primeras planas.
Solo faltó un detalle. La formulación de cargos no se concretó.
No corresponde minimizar la investigación ni transformar las garantías procesales en un refugio frente a las explicaciones públicas. Uñac y los demás investigados deberán responder ante la Justicia si existen elementos para atribuirles responsabilidades. Pero una audiencia reprogramada tampoco constituye una sentencia anticipada.
Aunque la política suele encontrar más provecho en la sospecha que en la paciencia judicial.
Y aquí llegamos a Marcelo Orrego.
La investigación coloca a figuras relevantes de la oposición en el centro de una controversia judicial mientras el gobierno provincial enfrenta sus propias obligaciones económicas, administrativas y presupuestarias. Esa circunstancia puede resultar políticamente conveniente para el gobernador.
No hace falta atribuirle control sobre fiscales o jueces para reconocer esa posibilidad. Tampoco existe fundamento suficiente para sostener que haya promovido una persecución judicial. El beneficio político de una causa no demuestra una intervención indebida en ella. Al menos eso sostienen la ética y la moral en sus formulaciones teóricas. La realidad suele ser bastante menos respetuosa de los principios que los políticos invocan cuando les conviene.
El gobierno no promovió originalmente la denuncia, pero posteriormente se incorporó a una investigación que también puede servir para cuestionar públicamente a su antecesor.
Si la actual administración había detectado irregularidades, corresponde conocer qué hizo frente a ellas. Si no las había detectado, resulta legítimo preguntar qué controles efectuó y por qué no permitieron advertir los hechos que hoy se investigan, siempre que fueran detectables mediante una fiscalización razonable.
La transparencia no consiste solamente en reclamar que se investigue al adversario. También exige someter las propias decisiones al escrutinio público.
Porque la responsabilidad política de Orrego no depende de que Uñac resulte culpable o inocente. Depende de las decisiones adoptadas durante su propia administración.
Una eventual condena contra funcionarios anteriores no demostraría automáticamente que los actuales cumplieron correctamente sus obligaciones. Del mismo modo, una absolución tampoco probaría que la gestión vigente actuó de manera negligente.
El Acueducto Gran Tulum debería investigarse desde sus primeras decisiones contractuales hasta las últimas actuaciones administrativas que afectaron su ejecución. Sin períodos políticamente protegidos. Sin responsabilidades inventadas. Sin convertir el derecho penal en una herramienta de propaganda ni la continuidad del Estado en una ficción que solamente sirve para cobrar impuestos.
Porque las obligaciones administrativas no terminan cuando un gobernador entrega las llaves de su despacho.
Lo verdaderamente preocupante es que, entre tantas disputas, el protagonista de esta historia parece haber desaparecido.
El agua.
Aquella razón elemental por la cual se comprometieron recursos públicos, se firmaron contratos y se prometió una infraestructura destinada a mejorar la vida de miles de sanjuaninos.
La Justicia deberá determinar si existieron delitos y quiénes participaron en ellos. Los organismos competentes deberán establecer si hubo omisiones administrativas o incumplimientos funcionales. Y el gobierno actual tendrá que explicar qué hizo desde diciembre de 2023 para controlar una obra que continuaba formando parte de sus responsabilidades institucionales.
Porque existe una diferencia fundamental entre no haber cometido una irregularidad y haber cumplido con el deber de impedir, detectar o denunciar aquellas que legalmente correspondía controlar.
San Juan necesita respuestas sobre ambas.
Al final, quizá el problema no sea solamente cuánto dinero se comprometió en el Acueducto Gran Tulum, sino cuánto tiempo puede transcurrir sin que los responsables de cada administración expliquen sus decisiones. El agua puede tardar años en llegar a los hogares. Los beneficios políticos, en cambio, parecen encontrar siempre una cañería disponible.
