Hay palabras que en la Argentina no necesitan explicación. Necesitan memoria. Malvinas es una de ellas.
No hace falta levantar demasiado la voz ni envolverse en una bandera para decirlo. Las Malvinas son argentinas. Lo sostiene nuestra Constitución, lo reclama el Estado desde hace décadas y lo recuerdan, mucho mejor que cualquier discurso, los nombres de quienes quedaron enterrados a kilómetros de sus casas. Precisamente por eso, cuando un gobierno coloca la palabra soberanía sobre la mesa, conviene hacer algo menos emocionante que cantar el himno. Conviene leer.
Leí el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno de Javier Milei al Congreso. Son 133 artículos. Mientras avanzaba tuve una sensación extraña. Comencé en Malvinas y varias páginas después estaba leyendo sobre inteligencia, terrorismo, Fuerzas Armadas, infraestructura crítica, operaciones económicas, influencia extranjera, procesos electorales y desinformación. En algún momento del viaje legislativo había perdido de vista las islas.
Los primeros artículos tienen una relación directa y comprensible con el conflicto. El proyecto endurece el régimen contra quienes exploten sin autorización argentina los recursos naturales de Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos. Amplía prohibiciones, alcanza recursos renovables y no renovables y establece sanciones contra determinados actores vinculados con esas actividades.
Hasta ahí estamos hablando de Malvinas.
Y me parece razonable que quien pretenda enriquecerse explotando recursos cuya soberanía reclama la Argentina sepa que hacerlo tendrá consecuencias.
Pero llegamos al artículo 41 y Malvinas comienza a convertirse en otra cosa.
Aparece un Sistema de Seguridad Nacional. Luego un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente. Después llegan las Fuerzas Armadas, las amenazas estatales y no estatales, la infraestructura crítica, aeronaves, embarcaciones, inteligencia, terrorismo, restricciones económicas, influencia extranjera y desinformación.
Uno comenzó leyendo sobre Puerto Argentino y terminó preguntándose por una transferencia bancaria.
Curioso recorrido para una ley cuya bandera política es Malvinas.
Y entonces llegó San Juan. Porque en San Juan poseemos una extraordinaria capacidad para transformar los grandes debates nacionales en fotografías provinciales.
La ministra de Gobierno, Laura Palma, junto con los diputados nacionales Nancy Picón y Carlos Jaime y la directora de Culto y ONG, Marta Picón, mantuvo un encuentro con Veteranos de Guerra de Malvinas para conversar sobre el proyecto.
La convocatoria, en sí misma, es saludable. Algunos veteranos incluso valoraron públicamente haber sido escuchados y tener la posibilidad de expresar su posición. Eso debe decirse porque los hechos que contradicen parcialmente una columna no deben esconderse. Deben incorporarse.
El problema comienza después.
Porque escuchar no es legislar y una reunión no constituye todavía una posición política.
San Juan empieza lentamente a ingresar en el largo corredor que desembocará en 2027 y sería ingenuo ignorar que, mucho antes de que aparezcan las urnas, comienza la disputa por la visibilidad. Los gobiernos buscan gestión, pero también buscan relato. Los funcionarios necesitan resultados, aunque tampoco desprecian las fotografías. Y algunos acontecimientos ofrecen una oportunidad demasiado tentadora para aparecer vinculados con palabras que ningún dirigente quiere dejar en manos ajenas.
Malvinas es una de ellas.
No afirmo que aquella reunión haya sido simplemente un acto electoral. Sería atribuir intenciones que una fotografía no puede demostrar. Planteo algo bastante más incómodo.
¿Qué hicieron nuestros diputados después de la fotografía?
Porque estamos hablando de 133 artículos, no de una declaración de beneplácito, una placa conmemorativa o un homenaje protocolar. Leerlos requiere tiempo. Comprenderlos, bastante más. Cuestionarlos exige además algo que suele escasear cuando oficialismo y disciplina partidaria se encuentran en la misma habitación. Independencia frente al poder propio.
Quizá Picón y Jaime llegaron a aquella reunión con los 133 artículos subrayados, anotaciones en los márgenes y objeciones constitucionales debajo del brazo. Quizá discutieron los alcances del Consejo de Seguridad Nacional. Quizá analizaron dónde termina la legítima defensa de nuestros recursos en Malvinas y dónde comienza una ampliación de facultades estatales que debería discutirse separadamente.
Quizá.
Sería magnífico conocer esas conclusiones.
Porque ahora que los veteranos hablaron, corresponde que hablen los legisladores.
Que expliquen qué artículos respaldan, cuáles cuestionan, qué modificaciones propondrán, qué observaciones recibieron de los veteranos, cuáles llevarán al Congreso, qué garantías consideran insuficientes y qué facultades concedidas al Ejecutivo consideran razonables o excesivas.
Eso sería protagonismo político.
La fotografía es apenas el comienzo.
Los veteranos no necesitan demostrar nada. Ellos ya hicieron demasiado. Quienes deben demostrar algo son los funcionarios y legisladores que se sentaron junto a ellos. Los Veteranos de Guerra de Malvinas no son utilería institucional ni decorado patriótico para ninguna construcción política presente o futura. De un lado de aquella mesa estaban hombres que alguna vez tuvieron que comprender el significado de soberanía con el cuerpo, el frío y el miedo. Del otro, funcionarios y legisladores con una responsabilidad infinitamente menos heroica. Leer, pensar, preguntar y después, solamente después, levantar la mano.
No debería ser demasiado pedir.
Aunque vistos ciertos antecedentes de nuestra representación política, quizá terminemos descubriendo que aquello también requiere heroísmo.
Pero la escena sanjuanina es apenas una parte menor dentro de un interrogante mucho mayor. Si los primeros artículos permiten construir un régimen severo contra la explotación ilegal de nuestros recursos naturales en Malvinas, ¿por qué no discutir una ley específicamente dedicada a Malvinas? ¿Por qué colocar dentro del mismo paquete terrorismo, inteligencia, Fuerzas Armadas, infraestructura crítica, comercio exterior, influencia extranjera, procesos electorales y desinformación?
Si el Gobierno quiere crear un nuevo Consejo de Seguridad Nacional, que explique sus alcances. Si quiere modificar cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas, que las defienda ante el Congreso. Si pretende legislar sobre desinformación e influencia extranjera, que explique sus límites. Si necesita nuevas herramientas económicas frente a amenazas externas, que detalle los controles.
Pero no me diga simplemente Malvinas.
Porque Malvinas no puede convertirse en una contraseña para que dejemos de hacer preguntas.
Existe una vieja habilidad del poder, practicada por gobiernos de todos los colores. Colocar una palabra indiscutible delante de una decisión discutible. Patria, seguridad, emergencia, libertad, soberanía. Palabras enormes detrás de las cuales algunas veces caben atribuciones igualmente enormes.
Y aquí hay que hacer una precisión importante. Las otras disposiciones no están escondidas. Están allí, escritas en el proyecto.
Lo inquietante es que casi nadie parece estar hablando de ellas.
Por eso esta discusión no debería dividirnos entre quienes defienden Malvinas y quienes cuestionan el proyecto. Esa sería una trampa demasiado elemental. Se puede defender Malvinas y exigir controles. Se pueden reclamar nuestros recursos y desconfiar del poder. Se puede honrar a nuestros veteranos y preguntar por qué una ley que comienza frente a las costas de las islas termina regulando asuntos que alcanzan la vida política, económica e institucional del continente.
Eso también es soberanía.
Porque la soberanía no consiste solamente en impedir que otro país avance sobre aquello que consideramos nuestro. También consiste en vigilar qué hacen nuestros propios gobiernos cuando invocan aquello que pertenece a todos.
Las Malvinas son argentinas. Eso no está en discusión.
Lo que debemos discutir son las otras cien páginas.
Y nuestros representantes deberían comenzar por explicarnos qué piensan hacer con ellas.
Nancy Picón y Carlos Jaime tienen ahora una oportunidad extraordinaria. Ya escucharon a los veteranos. Ya estuvieron en la reunión. Ya apareció la fotografía.
Ahora falta la política.
Que vuelvan de Buenos Aires y nos cuenten qué defendieron, qué objetaron, qué consiguieron modificar y qué hicieron con aquello que los veteranos les dijeron cuando las cámaras todavía estaban encendidas.
Porque una fotografía dura un segundo.
Una ley puede durar décadas.
Y cuando se legisla sobre inteligencia, defensa, terrorismo, economía, información y procesos electorales, conviene leer incluso aquello que no entra en el encuadre.
Malvinas queda a unos quinientos kilómetros de nuestra costa. Pero algunas de las facultades escritas detrás de su nombre pueden quedar mucho más cerca.
Incluso dentro de nuestra casa.
