Entro a Defensa del Consumidor con una boleta en la mano y una queja sencilla. El producto no funciona como decía la publicidad. Prometía eficiencia, transparencia, educación, seguridad, mejores salarios y un futuro extraordinario. Sin embargo, después de varios años de uso, descubro que algunas funciones nunca estuvieron disponibles, otras presentan desperfectos permanentes y el servicio técnico se limita a ofrecer conferencias de prensa.
Lo peor es que no encuentro la garantía.
La noticia que despertó semejante preocupación apareció con la solemnidad habitual de los comunicados oficiales. La Municipalidad de Rivadavia inauguró una oficina de Defensa al Consumidor. El intendente Sergio Miodowsky, acompañado por el ministro Gustavo Fernández y la directora Fabiana Carrizo, participó de la apertura de un espacio destinado a proteger los derechos de los vecinos. Una iniciativa razonable, necesaria y seguramente beneficiosa para quienes antes debían trasladarse hasta el Centro Cívico.
Pero mientras observaba aquella fotografía institucional me surgió una pregunta que seguramente no figuraba en el discurso inaugural. ¿También recibirán denuncias contra los políticos que incumplen sus promesas electorales?
Después de todo, pocas actividades han perfeccionado tanto el arte de vender algo que todavía no existe y cobrarlo por adelantado.
La política moderna se parece demasiado a una gigantesca feria de productos imaginarios. Los candidatos recorren barrios ofreciendo soluciones, presentan catálogos de obras públicas, exhiben hospitales que todavía no se construyeron y anuncian carreteras que, por alguna extraña razón, siempre conducen al futuro. Sus campañas tienen publicidad, promociones, financiación, asesores de imagen y una extraordinaria capacidad para convencer al ciudadano de que esta vez el producto será diferente.
El problema comienza después de pasar por las urnas.
En cualquier relación comercial, la publicidad engañosa puede generar consecuencias jurídicas. La Ley 24.240 protege al consumidor frente a determinadas prácticas abusivas. Pero las promesas electorales no constituyen, por sí mismas, una relación de consumo. El político puede anunciar un paraíso y entregar un terreno baldío sin que Defensa al Consumidor tenga competencia para exigirle la devolución del voto.
Qué extraordinaria ventaja competitiva. Ni siquiera los vendedores de autos usados disfrutan de semejante privilegio.
Imagino a un ciudadano ingresando a la nueva oficina de Rivadavia con una carpeta debajo del brazo. La empleada lo recibe amablemente.
—Vengo a denunciar un producto defectuoso.
—¿Qué compró?
—Un gobernador.
—¿Tiene factura?
—Tengo la boleta electoral.
—¿Cuál es el desperfecto?
—No funciona como decía la publicidad.
La empleada revisa los antecedentes y descubre que el producto prometía eficiencia administrativa, transparencia, educación de calidad, mejores salarios, seguridad y prosperidad económica. El denunciante explica que algunas funciones permanecen desactivadas, otras nunca estuvieron disponibles y las actualizaciones del sistema consisten principalmente en nuevas conferencias de prensa.
—¿Intentó reiniciarlo?
—Sí, pero cada vez que habla vuelve a prometer lo mismo.
La garantía, naturalmente, vence cada cuatro años. Aunque algunos productos presentan fallas desde el primer día.
Sería interesante establecer un sistema de etiquetado obligatorio para los candidatos. Algo parecido a las advertencias que aparecen en determinados productos. En lugar de anunciar que San Juan será la provincia del futuro, deberían colocar debajo una aclaración suficientemente visible. Las imágenes son ilustrativas. Los resultados pueden variar según el presupuesto, las circunstancias económicas y la proximidad de las próximas elecciones.
También podrían incluir una fecha de vencimiento para las promesas y un manual que explique por qué aquello que parecía perfectamente realizable durante la campaña se vuelve técnicamente imposible apenas se asume el gobierno.
En San Juan, donde las inauguraciones parecen mantener una relación sentimental con los calendarios electorales, semejante legislación provocaría verdaderos dolores de cabeza. Habría que conservar discursos, revisar archivos periodísticos y comparar las fotografías de campaña con la realidad. Algunas obras deberían pasar por controles de calidad y ciertos anuncios tendrían que retirarse preventivamente del mercado por falta de resultados comprobables.
La política tiene, además, una particularidad que la distingue de cualquier actividad comercial. Cuando una empresa incumple sus obligaciones, intenta justificar el defecto del producto. Cuando un gobierno incumple sus promesas, responsabiliza al fabricante anterior. El nuevo administrador descubre que recibió una provincia en condiciones desastrosas, aunque durante la campaña aseguraba conocer perfectamente sus problemas y disponer de todas las soluciones.
Es curioso. Antes de las elecciones tienen respuestas para todo. Después necesitan cuatro años para comprender las preguntas.
Lo verdaderamente fascinante es que el ciudadano termina pagando dos veces. Primero financia, mediante sus impuestos, el funcionamiento del Estado. Después soporta las consecuencias de las decisiones equivocadas de quienes lo administran. Y cuando reclama, recibe una explicación sobre las dificultades de gobernar, acompañada de alguna fotografía oficial donde todos parecen extraordinariamente satisfechos.
Entre una promesa incumplida por razones verificables y una mentira utilizada deliberadamente para conquistar el poder existe una diferencia moral que la política se esfuerza demasiado por disimular.
Quizás por eso la apertura de aquella oficina municipal me pareció una oportunidad extraordinaria. No para denunciar al almacenero que vendió un paquete de fideos vencidos, sino para imaginar qué ocurriría si aplicáramos a la propaganda política una pequeña parte del rigor que exigimos a la publicidad comercial.
Habría funcionarios obligados a explicar sus anuncios, candidatos mostrando las condiciones de sus ofertas y gobernadores presentando informes sobre aquello que prometieron entregar. Hasta podríamos establecer un registro público de compromisos electorales, con fechas, presupuestos y resultados verificables. Una especie de libro de quejas que no desaparezca misteriosamente después de cada elección.
Pero sospecho que semejante iniciativa jamás prosperaría. No porque resulte imposible, sino porque demasiados dirigentes tendrían que reconocer que llevan años comercializando esperanzas sin ofrecer garantías.
Mientras tanto, celebro que los vecinos de Rivadavia tengan una oficina más cercana para defender sus derechos como consumidores. Ojalá funcione, atienda sus reclamos y resuelva sus problemas.
Aunque sigo pensando que deberían habilitar una ventanilla especial para denunciar promesas electorales incumplidas.
No pretendo que me devuelvan el voto.
Me conformaría con que alguna vez nos devolvieran la verdad.
