La historia peruana tiene una extraña costumbre; los muertos nunca terminan de irse. Permanecen en las montañas de Ayacucho, en los expedientes judiciales cubiertos de polvo, en las fotografías descoloridas que algunas madres todavía aprietan contra el pecho durante las marchas y, sobre todo, en la conciencia inconclusa de un país que jamás terminó de resolver qué hacer con los fantasmas de los años noventa.
Una mañana fría de Lima, frente al Palacio de Justicia, varias mujeres sostenían carteles con nombres que el tiempo no consiguió borrar: La Cantuta, Barrios Altos, Cayara, Accomarca, El Santa. Al otro lado de la ciudad, antiguos militares celebraban discretamente otra noticia: reducciones de condena, liberaciones, procesos archivados y nuevas leyes redactadas con una precisión demasiado conveniente para viejos nombres conocidos.
El Perú contemporáneo parece vivir exactamente dentro de esa contradicción; las víctimas envejecen esperando justicia mientras los responsables envejecen esperando amnistías. Y demasiadas veces las amnistías llegan primero.
Durante los años noventa, Alberto Fujimori prometió salvar al Perú del caos. Y es cierto que Sendero Luminoso fue derrotado; negarlo sería intelectualmente deshonesto. Pero también es cierto que, bajo la lógica de la guerra interna, comenzó a consolidarse un aparato de poder que degradó instituciones democráticas, subordinó organismos de control y construyó una de las redes de corrupción más sofisticadas de América Latina alrededor de Vladimiro Montesinos.
Mientras la televisión repetía discursos sobre orden y pacificación, en los pueblos de la zona de emergencia ocurrían otras historias. Historias menos televisadas: campesinos detenidos que jamás regresaban, comunidades enteras atrapadas entre Sendero y las fuerzas estatales, operativos nocturnos, fosas clandestinas y un miedo que terminó infiltrándose en la vida cotidiana de miles de familias peruanas.
La democracia peruana aprendió entonces algo terrible; el terrorismo podía destruir pueblos, pero el autoritarismo podía destruir instituciones. Y cuando ambas cosas ocurren simultáneamente, el país entero comienza a deformarse moralmente.
Barrios Altos fue una advertencia. La Cantuta fue una confirmación. El Grupo Colina terminó convirtiéndose en el símbolo más brutal de aquella época; un escuadrón clandestino que asesinaba en nombre del Estado mientras el poder político construía discursos de legitimidad patriótica.
Años después llegaron los juicios, las investigaciones y las condenas. Militares terminaron presos por desapariciones forzadas, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Por primera vez en décadas parecía instalarse una idea elemental pero revolucionaria para América Latina; que ni el uniforme ni el poder político podían colocarse por encima de la ley.
Sin embargo, la historia volvió a girar sobre sí misma.
El fujimorismo dejó de ser solamente el recuerdo de un expresidente condenado y pasó a convertirse nuevamente en una fuerza parlamentaria decisiva. Desde el Congreso comenzó otra batalla: la captura progresiva de organismos autónomos, la presión sobre fiscales, la disputa por el Tribunal Constitucional y las reformas impulsadas para debilitar investigaciones vinculadas a derechos humanos.
Entonces aparecieron las famosas leyes “con nombre propio”, normas redactadas con una precisión casi milimétrica para favorecer a militares condenados o procesados por crímenes cometidos durante el conflicto interno.
El mecanismo resultaba elegantemente perverso. No hacía falta negar las matanzas. Alcanzaba con volverlas jurídicamente inútiles. Reducir penas. Modificar criterios. Prescribir causas. Diluir responsabilidades. Transformar décadas de investigación en papel mojado.
Y el país volvió a observar una escena demasiado conocida en América Latina; políticos hablando de reconciliación mientras las víctimas continúan buscando cadáveres.
La palabra reconciliación suele volverse obscena cuando todavía existen madres esperando respuestas.
Por eso el debate peruano ya no gira únicamente alrededor de Keiko Fujimori. El problema es más profundo y más histórico. Se trata de la posibilidad de normalizar nuevamente la impunidad como método político.
Porque el verdadero legado del fujimorismo nunca fue solamente Alberto Fujimori. Fue instalar una lógica: la idea de que el poder puede intervenir tribunales cuando la justicia incomoda; la idea de que el Congreso puede comportarse como un poder absoluto; la idea de que las instituciones existen para proteger aliados y castigar adversarios.
Muchos peruanos comenzaron entonces a hablar de una dictadura parlamentaria. No porque existan tanques en las calles, sino porque comenzaron a desaparecer los límites. Y cuando una democracia pierde límites, lentamente empieza también a perder memoria.
Quizá por eso Keiko Fujimori continúa tropezando contra un muro que ninguna campaña logra derribar completamente: la memoria colectiva.
Porque los desaparecidos de Ayacucho continúan votando desde la conciencia nacional.
Porque La Cantuta continúa respirando dentro de las universidades peruanas.
Porque Barrios Altos continúa recordándole al país que el Estado también puede matar cuando pierde controles.
Y porque Vladimiro Montesinos continúa siendo la imagen más exacta de aquello que ocurre cuando corrupción, inteligencia y poder político dejan de tener fronteras morales.
Cada elección peruana parece entonces una batalla entre cansancio y memoria. Entre quienes piden olvidar para estabilizarse y quienes entienden que olvidar demasiado rápido es la forma más eficiente de repetir la historia.
Por eso existe una frase que sigue apareciendo en las calles de Lima, en las marchas universitarias, en las paredes pintadas de provincias y en la voz quebrada de quienes todavía buscan justicia treinta años después.
No es solamente una consigna política. Es una advertencia histórica nacida de fosas clandestinas, periodistas comprados, pueblos desaparecidos, leyes de impunidad y madres envejecidas esperando respuestas frente a un Estado que demasiadas veces prefirió proteger verdugos antes que escuchar víctimas.
Porque el Perú ya conoció lo que ocurre cuando el autoritarismo civil se abraza con la impunidad militar. Ya conoció congresos sometidos, tribunales capturados, fiscales perseguidos y ciudadanos obligados a convivir con el miedo disfrazado de orden.
Por eso la memoria peruana continúa repitiendo, casi como una obligación moral frente a la historia:
Ni Fujimori.
Ni la impunidad militar.
Terrorismo de Estado nunca más.
