En San Juan, algunos funcionarios todavía creen que cumplir con su trabajo constituye un acto de bondad política.
El Gobierno de San Juan anunció la titularización de 1.500 docentes y la creación de un régimen continuo desde 2027. La medida es correcta, necesaria y largamente esperada por el magisterio. Pero, en medio del anuncio, reapareció una vieja enfermedad política argentina: transformar derechos laborales en favores personales del poder.
Hay frases que explican una época completa.
“Constituye un acto de generosidad del gobernador Marcelo Orrego”, afirmó la secretaria de Educación, Mariela Lueje, al referirse al proceso de titularización docente anunciado por el Gobierno de San Juan.
Y allí aparece el verdadero problema.
No la titularización. Eso era necesario. Urgente. Justo.
El problema es otro. Más profundo. Más antiguo. La costumbre política de presentar obligaciones institucionales como si fueran concesiones extraordinarias del poder.
No se equivoque, ministra. No se equivoque, secretaria.
La estabilidad laboral docente no es un regalo del gobernador. No es una donación política. No es un acto de sensibilidad excepcional. Es una responsabilidad elemental del Estado que durante décadas fue postergada mientras miles de docentes sostenían el sistema educativo atrapados entre suplencias eternas, incertidumbre administrativa y concursos que parecían avanzar con la lentitud mineral de la cordillera.
Para eso fueron elegidos los funcionarios.
Para administrar. Para resolver. Para garantizar derechos.
Y para eso también cobran salarios financiados por los propios ciudadanos, incluidos los docentes que durante años pagaron impuestos mientras esperaban que el Estado dejara finalmente de comportarse como un patrón que reparte favores desde un escritorio.
Porque hay algo profundamente deformado en cierta cultura política argentina.
Se inaugura una obra y el funcionario aparece como benefactor. Se entrega equipamiento público y el acto adquiere tono ceremonial. Se ejecuta una obligación básica del Estado y algunos dirigentes esperan agradecimiento social como si hubiesen financiado todo con dinero propio.
Ahora ocurre algo parecido con las titularizaciones docentes.
Y conviene decirlo con claridad: el verdadero mérito no es anunciar estabilidad laboral. El verdadero escándalo es que el sistema haya tardado treinta y ocho años en resolver algo tan elemental.
Treinta y ocho años.
La cifra tiene peso histórico. Tiene gravedad institucional. Porque treinta y ocho años no representan una demora administrativa ocasional; representan generaciones enteras de docentes viviendo dentro de una precariedad normalizada por el propio Estado, que les exigía vocación mientras les negaba previsibilidad.
Durante esas casi cuatro décadas, Argentina atravesó hiperinflaciones, reformas educativas, crisis económicas, cambios curriculares y gobiernos de todos los signos políticos. Cambiaron ministros, gobernadores, secretarios y discursos. Pero miles de docentes siguieron esperando estabilidad como si reclamar derechos básicos fuese un privilegio excesivo.
Por eso la medida merece reconocimiento institucional. Pero no devoción política.
Porque existe una diferencia fundamental que parte de la dirigencia todavía parece incapaz de comprender: los ciudadanos no tienen obligación moral de agradecerle al poder por cumplir funciones que el propio Estado demoró durante décadas.
Esa lógica paternalista explica buena parte de la degradación política argentina.
Muchos funcionarios aprendieron a administrar el Estado como si fuese patrimonio emocional propio. Confunden gestión con caridad. Confunden ciudadanía con obediencia emocional. Confunden derechos con recompensas electorales.
Y el problema se vuelve todavía más evidente cuando ciertos discursos intentan revestir de épica sentimental lo que, en realidad, constituye una obligación pública largamente demorada.
La política argentina desarrolló una habilidad extraordinaria para apropiarse simbólicamente del dinero público y luego devolver una parte mínima convertida en espectáculo de agradecimiento obligatorio.
Pero el Estado no funciona gracias a la generosidad de los gobernantes.
Funciona gracias a los contribuyentes. Funciona gracias a trabajadores que sostienen el sistema aun cuando la burocracia los abandona. Funciona gracias a docentes que durante años enseñaron en aulas deterioradas mientras esperaban resoluciones administrativas que parecían eternas.
Por eso, el aspecto más importante del anuncio no son solamente las 1.500 titularizaciones actuales.
Lo verdaderamente trascendente es el nuevo régimen continuo desde 2027.
Ahí sí aparece algo institucionalmente valioso.
Porque cuando una política pública deja de depender de anuncios masivos cada cinco o seis años y pasa a convertirse en un mecanismo permanente, disminuye la discrecionalidad política y aumenta la previsibilidad del sistema.
Y eso importa mucho más que cualquier relato sentimental.
Porque una democracia madura no debería necesitar agradecerle al poder por cumplir sus funciones básicas. Precisamente porque cuando el cumplimiento del deber comienza a presentarse como generosidad, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos y empieza lentamente a convertirse en espectador agradecido del poder.
Bienvenida la titularización. Bienvenido el régimen continuo. Bienvenida cualquier medida que jerarquice la carrera docente.
Pero no confundan ciudadanía con obediencia emocional.
Porque la democracia no consiste en agradecerle al poder por hacer su trabajo.
Consiste, precisamente, en recordarle permanentemente cuál es su deber.
Y si alguna ministra, secretaria u otro funcionario siente la necesidad personal de agradecerle al gobernador por el cargo que ocupa, está en su derecho de hacerlo.
Pero que lo haga a título personal.
No en nombre de todos los ciudadanos.
