Trabajadores de maestranza denuncian salarios de entre 450.000 y 650.000 pesos en una provincia donde la canasta básica supera ampliamente el millón y medio de pesos. Simultáneamente, el Gobierno multiplica actos de entrega de computadoras, campañas institucionales y anuncios de modernización educativa. Pero los costos, balances y proveedores de esas operaciones rara vez se explican con claridad pública. La contradicción no es administrativa. Es política. Y expone un modelo de gestión más preocupado por producir imagen que por resolver la degradación real del sistema educativo.
Hay gobiernos que administran problemas. Y hay gobiernos que administran percepción.
San Juan parece haber elegido el segundo modelo.
La escena se repite con precisión casi coreográfica; funcionarios sonrientes frente a notebooks recién entregadas, discursos sobre innovación, publicaciones institucionales editadas al detalle y una narrativa oficial obsesionada con transmitir futuro. Todo debe lucir moderno. Todo debe parecer transformador. Todo debe circular rápido en redes sociales.
Pero basta apartarse unos metros del acto oficial para encontrar la otra realidad; escuelas sostenidas por trabajadores cuyos salarios ya no alcanzan ni para vivir con dignidad. Según denuncias gremiales, un auxiliar de maestranza en San Juan cobra entre 450.000 y 650.000 pesos mensuales en una provincia donde la canasta básica supera ampliamente el millón y medio de pesos. La brecha ya no es un desfasaje económico.
Es una forma institucionalizada de degradación social.
Allí la propaganda choca contra algo peligroso para cualquier relato político; la realidad material.
Porque ningún gobierno puede hablar seriamente de modernización educativa mientras quienes limpian baños, acondicionan aulas, garantizan higiene y sostienen el funcionamiento básico de las escuelas cobran salarios pulverizados por la inflación.
La pregunta ya no es económica. Es moral.
¿Qué clase de gestión considera prioritario multiplicar anuncios tecnológicos mientras el personal más elemental del sistema educativo vive bajo condiciones salariales degradadas?
Y allí aparece otro problema todavía más incómodo para el oficialismo; la transparencia.
En San Juan, cada vez que aparecen compras estatales vinculadas a tecnología, campañas institucionales o programas educativos, vuelve a repetirse la misma sensación de penumbra administrativa. Mucha publicidad oficial. Poca información pública exhaustiva. Mucha fotografía institucional. Poca transparencia detallada sobre costos, proveedores, mecanismos de contratación y auditorías independientes.
Todo se comunica. Poco se explica.
La política sanjuanina parece haber descubierto que una buena campaña digital puede funcionar como reemplazo momentáneo de la rendición de cuentas. Las redes sociales sustituyen las explicaciones. La estética sustituye la gestión. La fotografía sustituye la discusión de fondo.
Y mientras tanto, los trabajadores esenciales continúan esperando algo mucho menos épico que una revolución tecnológica.
Esperan poder comer.
Resulta todavía más obsceno observar cómo ciertos funcionarios dedican más energía a construir símbolos personales dentro del sistema educativo que a resolver su deterioro estructural. Cambiar nombres de escuelas, levantar homenajes o transformar instituciones públicas en pequeños estandartes familiares puede alimentar vanidades políticas, pero adquiere un tono grotesco cuando ocurre dentro de un sistema donde quienes sostienen diariamente esos establecimientos cobran salarios de pobreza.
Porque una escuela no necesita primero placas nuevas.
Necesita dignidad laboral.
Necesita infraestructura.
Necesita transparencia.
Necesita funcionarios menos obsesionados con la autopromoción y más comprometidos con la realidad concreta de quienes sostienen el sistema educativo desde abajo.
El problema de este gobierno ya no parece solamente administrativo.
Empieza a ser cultural.
Existe una lógica profundamente superficial en gran parte de la política contemporánea; creer que gestionar consiste en producir impacto visual permanente. Todo debe anunciarse. Todo debe parecer histórico. Todo debe convertirse en contenido. El funcionario moderno ya no administra: performa gestión frente a una cámara.
Y mientras esa teatralidad avanza, la realidad educativa se deteriora desde abajo.
Porque la educación no empieza cuando un ministro entrega computadoras frente a periodistas.
Empieza cuando una escuela puede abrir.
Cuando los baños están limpios.
Cuando existe higiene.
Cuando quienes sostienen diariamente la salud y el bienestar de estudiantes y docentes dejan de ser tratados como piezas descartables del sistema.
Quizá por eso el conflicto de maestranza resulta tan incómodo para el oficialismo.
Porque rompe la escenografía.
Porque destruye el relato visual de modernización.
Porque recuerda que debajo del marketing institucional todavía existe un sistema educativo sostenido por trabajadores precarizados.
Y porque expone algo que este gobierno intenta evitar desesperadamente: la diferencia entre administrar educación y administrar propaganda.
Ninguna campaña digital podrá ocultar indefinidamente esa contradicción.
Porque un gobierno puede controlar el encuadre de una fotografía.
Pero tarde o temprano la realidad termina entrando igual en la imagen. Y cuando eso ocurre, ya no hay computadora, slogan ni publicación institucional capaz de esconder la miseria que quedó durante años fuera de cámara.
