Martín Turcumán propuso unificar municipios, eliminar concejales y reducir estructuras políticas para bajar el gasto público en San Juan. La idea parece moderna y eficiente en tiempos donde la furia contra “la casta” se convirtió en identidad cultural. Pero detrás de la motosierra discursiva reaparece una vieja obsesión argentina: creer que el Estado se corrige moviendo líneas sobre un mapa mientras la opacidad permanece intacta.
La discusión parece nueva. En realidad es profundamente argentina.
Desde hace décadas la política nacional intenta resolver problemas estructurales mediante soluciones visuales. Antes se multiplicaban ministerios para simular gestión. Ahora se propone reducir municipios para simular eficiencia.
El método cambia. La lógica permanece.
Durante años la política necesitó enemigos visibles para explicar sus fracasos. Empresarios. Medios. Mercados. Fondos buitres. Hoy el nuevo antagonista parece bastante más pequeño.
Los concejales de departamentos chicos.
Martín Turcumán, dirigente de ADN–LLA, abrió una discusión incómoda en San Juan al proponer la unificación de municipios y la reducción de estructuras deliberativas bajo una lógica de eficiencia administrativa. Zonda con Ullum. Angaco con San Martín. Caucete con 25 de Mayo.
La propuesta fue presentada como modernización.
Y buena parte de la sociedad reaccionó con entusiasmo inmediato porque la motosierra produce una sensación hipnótica de autoridad. Hace creer que alguien finalmente se anima a tocar privilegios.
La política contemporánea entendió algo esencial: la indignación vende más que la complejidad.
Todo debe resumirse en una consigna rápida. Ajuste. Fusión. Eliminación. Unificación.
La administración pública convertida en espectáculo.
Pero el problema comienza cuando la realidad entra en escena.
Porque un departamento no es solamente una estructura presupuestaria. También es identidad.
Y las identidades rara vez aceptan ser amputadas sin resistencia.
Los departamentos sanjuaninos no son simples divisiones administrativas dibujadas sobre un papel. Son comunidades construidas durante décadas, con memorias, rivalidades, tradiciones y formas propias de entender el mundo.
Un vecino de Caucete no necesariamente se siente parte de 25 de Mayo. Un habitante de Zonda no vive culturalmente igual que uno de Ullum. Y en Angaco la discusión tendría todavía más sensibilidad porque allí existe una identidad histórica profundamente arraigada.
Por eso cualquier intento de fusión territorial despierta resistencias incluso cuando existen argumentos económicos razonables. Muchas comunidades sienten que no están defendiendo solamente un municipio.
Están defendiendo su existencia simbólica.
La política tecnocrática suele cometer el mismo error de ciertos urbanistas obsesionados con las maquetas perfectas: creer que las sociedades funcionan como piezas intercambiables.
Pero los pueblos no son archivos que puedan comprimirse.
Y allí aparece una contradicción interesante de esta nueva derecha fiscal. Mientras más habla de libertad, más tiende a concentrar decisiones.
Fusionar municipios implica centralizar poder. Reducir representación local aumenta distancia política. Eliminar estructuras puede terminar eliminando también presencia estatal en lugares donde el Estado ya funciona con respiración artificial.
Eso no significa que Turcumán esté completamente equivocado.
San Juan necesita discutir seriamente organismos redundantes, contratos eternos, asesores invisibles y esa vieja costumbre argentina de crear oficinas nuevas para resolver problemas que otras oficinas anteriores jamás resolvieron.
Pero el verdadero problema aparece en otro lugar.
¿Qué ocurriría si el Estado fuese realmente transparente?
Allí empieza una discusión bastante más incómoda para cualquier gobierno.
Porque el verdadero cambio no debería estar en la unificación de municipios sino en la adhesión plena a la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública.
Unificar departamentos puede reducir estructuras.
Pero transparentar el Estado reduce impunidad.
Ahí reside la diferencia entre una reforma administrativa y una transformación institucional real.
La política argentina discute constantemente geometría territorial para evitar discutir controles efectivos. Se habla de achicar concejos deliberantes, eliminar cargos o redibujar mapas provinciales, pero rara vez se debate con la misma intensidad la obligación de publicar contratos públicos, costos reales, gastos de pauta oficial o retornos concretos de eventos financiados con dinero estatal.
En San Juan existen ejemplos recientes que exponen esa contradicción. Eventos multimillonarios, campañas institucionales, estructuras de comunicación política y programas promocionales financiados con recursos públicos cuyos costos completos muchas veces resultan difíciles de conocer para el ciudadano común.
La motosierra genera impacto visual.
La transparencia genera consecuencias.
Por eso resulta mucho más sencillo proponer unificar municipios que abrir definitivamente las cuentas del poder.
Existe una característica común entre gran parte de la vieja política y ciertos sectores de la nueva antipolítica: ambos hablan obsesivamente de eficiencia, pero evitan discutir el mecanismo más incómodo para cualquier estructura de poder.
El control ciudadano permanente.
La Ley 27.275 no propone ninguna revolución ideológica. Apenas establece principios elementales de una democracia adulta: publicidad de actos de gobierno, acceso ciudadano a información pública y obligación estatal de responder solicitudes documentadas.
Sin embargo, en Argentina todavía resulta más fácil acceder a presupuestos completos de pequeñas ciudades europeas que conocer costos detallados de eventos públicos, contratos estatales o estructuras completas de asesores.
San Juan convive desde hace años con esa enfermedad silenciosa: gobiernos que hablan de eficiencia mientras administran información pública como si fuese patrimonio privado.
Y allí reside el verdadero corazón del problema.
La opacidad produce poder.
Protege privilegios, disuelve responsabilidades y transforma al ciudadano en un financista involuntario de estructuras cuyo funcionamiento desconoce.
Por eso la transparencia genera más miedo que cualquier motosierra.
Porque una provincia verdaderamente transparente obligaría a discutir no solamente cuánto cuesta la política, sino también cómo se administra, quién controla y quién se beneficia realmente de los recursos públicos.
Y quizá entonces descubriríamos algo bastante más incómodo para toda la dirigencia sanjuanina: que el problema no siempre está en la cantidad de departamentos sino en la calidad ética y administrativa de quienes gobiernan.
Mover líneas sobre un mapa produce titulares.
Abrir definitivamente las puertas del poder produce consecuencias.
Tal vez allí resida el verdadero riesgo de esta época. No en discutir el gasto político —debate legítimo y necesario— sino en convertir la eficiencia en una nueva fe fanática capaz de olvidar que el Estado no administra solamente números.
Administra comunidades humanas.
Y cuando la política empieza a mirar mapas únicamente con calculadora, termina confundiendo ciudadanos con costos.
