Durante años, el sistema de transporte tradicional en San Juan sobrevivió protegido por regulaciones, cupos y barreras legales que eliminaron la competencia real. El resultado jamás fue un mejor servicio. Fue exactamente el contrario: vehículos deteriorados, usuarios maltratados y una estructura estatal tan pobre en gestión que terminó defendiendo la ineficiencia como si fuese patrimonio cultural.
Hay algo profundamente revelador en ciertos comunicados oficiales.
No por lo que dicen.
Sino por el miedo que esconden.
El Ministerio de Gobierno de San Juan salió a pedir que la población utilice únicamente transporte habilitado “por seguridad”. La frase parece razonable hasta que uno recuerda una pequeña tragedia administrativa que el Estado intenta maquillar desde hace años: el sistema que hoy defiende fue incapaz de garantizar calidad, eficiencia ni respeto básico hacia el usuario incluso teniendo el monopolio del servicio.
Pero además, incluso ese discurso encierra otra forma de subsidio menos visible y mucho más efectiva: el subsidio político.
Porque cuando el Estado utiliza su aparato institucional, sus comunicados oficiales y su autoridad pública para desalentar alternativas que surgieron precisamente como respuesta al mal servicio existente, deja de actuar solamente como regulador. Comienza también a funcionar como protector de un sistema incapaz de sostenerse por mérito propio.
Y allí aparece una de las formas más sofisticadas de subsidio moderno.
No el económico.
El discursivo.
El subsidio que no entrega dinero directamente, pero sí legitimidad, protección narrativa y blindaje político a estructuras deterioradas que hace tiempo perdieron competitividad frente al usuario.
Porque si un servicio realmente fuese eficiente, moderno y valorado por la sociedad, no necesitaría que el gobierno salga a pedirle a la población que lo elija. La gente lo elegiría sola.
Ningún gobierno hace campañas emocionales para convencer ciudadanos de usar aquello que funciona bien.
Lo hace únicamente cuando intenta sostener artificialmente aquello que ya comenzó a perder legitimidad social.
Porque el sanjuanino conoce perfectamente el ritual cotidiano del transporte tradicional.
Lo conoce cuando el chofer decide arbitrariamente si el viaje “le conviene”.
Lo conoce cuando espera eternamente un móvil que jamás llega.
Lo conoce cuando sube a vehículos deteriorados donde el aire acondicionado funciona más como recuerdo que como sistema.
Y lo conoce, sobre todo, cuando descubre que reclamar resulta tan inútil como discutir con una ventanilla estatal cerrada.
Y aun así, después de años de decadencia silenciosa, el Estado aparece preocupado.
No por el usuario.
Por la competencia.
Allí comienza la verdadera discusión.
Porque Uber, DiDi o cualquier plataforma digital no representan solamente una aplicación. Representan algo mucho más peligroso para ciertas estructuras políticas envejecidas: representan evidencia.
La evidencia de que durante años el ciudadano soportó malos servicios porque no tenía alternativa.
Y cuando finalmente apareció una, el problema dejó de ser la calidad del sistema tradicional y pasó mágicamente a llamarse “falta de regulación”.
La historia latinoamericana está llena de gobiernos que confundieron protección con incapacidad. Administraciones enteras que, frente a cualquier transformación tecnológica, reaccionan como una burocracia del siglo pasado intentando regular un mundo que ya cambió.
Primero prohíben.
Después demonizan.
Luego prometen una ley futura.
Y finalmente terminan aceptando aquello que la sociedad ya resolvió sola.
San Juan parece atrapada exactamente en ese momento histórico.
Un Estado lento.
Agotado.
Sin imaginación administrativa.
Con funcionarios que muchas veces hablan de innovación utilizando estructuras mentales de los años noventa.
Porque el problema jamás fue únicamente el transporte. El problema es una cultura política que lleva demasiado tiempo creyendo que gestionar consiste en controlar, restringir y proteger sectores aliados aunque el servicio sea pésimo.
La competencia incomoda porque expone la verdad.
Expone que durante años el usuario fue tratado como rehén.
Expone que muchos sistemas “habilitados” sobrevivieron no gracias a la excelencia, sino gracias a barreras legales que impidieron competir.
Y expone algo todavía más incómodo: la enorme escasez de capacidad estatal para modernizar absolutamente nada sin convertirlo antes en burocracia.
Entonces aparecen los subsidios.
Y después los discursos sobre seguridad.
Y luego las advertencias oficiales.
Todo mientras el ciudadano sigue esperando un auto que no llega.
La economía tiene una brutalidad pedagógica que la política detesta. Allí donde no existe competencia, lentamente desaparece el incentivo para mejorar. El prestador deja de esforzarse porque sabe que el usuario no tiene escapatoria. Y el gobierno, en lugar de corregir el deterioro, termina construyendo un ecosistema donde la mediocridad se vuelve estable.
Eso fue exactamente lo que ocurrió con gran parte del sistema tradicional.
La innovación tecnológica no destruyó un servicio eficiente.
Solamente dejó al descubierto uno deficiente.
Y por eso la reacción oficial resulta tan reveladora.
Porque ningún gobierno sale desesperadamente a proteger algo que funciona bien. Los sistemas eficientes se defienden solos. Lo que suele necesitar protección política urgente es aquello que ya perdió legitimidad social.
Allí reside la tragedia silenciosa de muchos Estados provinciales argentinos: administran estructuras agotadas mientras intentan convencer a la población de que el problema siempre viene de afuera.
Pero el deterioro casi nunca llega de afuera.
Se fabrica lentamente desde adentro.
Con mala gestión.
Con regulaciones diseñadas para conservar privilegios.
Con funcionarios incapaces de modernizar servicios básicos sin convertirlos en un expediente eterno.
Y mientras tanto, el ciudadano hace lo único racional que puede hacer; elegir aquello que le resuelva la vida con menos humillación.
Porque al final la discusión nunca fue Uber.
La discusión real es mucho más cruel para el poder político.
¿Qué ocurre cuando la sociedad descubre que durante años soportó un mal servicio únicamente porque el Estado eliminó cualquier posibilidad de competencia?
La respuesta es simple.
Ocurre lo que siempre termina ocurriendo cuando la burocracia se acostumbra demasiado tiempo a la protección: confunde autoridad con eficiencia y termina defendiendo la decadencia como si fuese orden institucional.
Y quizá ese sea el retrato más exacto de cierta gestión pública moderna.
Gobiernos que hablan permanentemente de futuro mientras administran ruinas con lenguaje administrativo.
Gobiernos que anuncian modernización en conferencias, pero tiemblan cuando la modernidad aparece de verdad.
Gobiernos que llaman “seguridad” a lo que muchas veces no es más que miedo político a quedar expuestos frente a la evidencia más brutal de todas: la sociedad empezó a descubrir que podía vivir mejor sin depender de la ineficiencia estatal protegida.
Y ese descubrimiento, para ciertas estructuras de poder, resulta infinitamente más peligroso que cualquier aplicación de transporte.
