En San Juan el mérito todavía existe. El problema es que casi siempre tiene conocidos adentro.
Hay provincias donde la política funciona como una disputa de ideas. San Juan, en cambio, parece haber perfeccionado otro modelo mucho más eficiente, silencioso y peligrosamente estable. El sistema de la confianza hereditaria.
Una estructura donde los funcionarios no necesariamente ascienden por concurso, trayectoria técnica o excelencia administrativa, sino por algo mucho más argentino y profundamente provincial. Haber estado cerca del poder en el momento correcto.
El reciente convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano y la Municipalidad de Santa Lucía volvió a exponer esa sensación incómoda que atraviesa hace tiempo a gran parte de la sociedad sanjuanina. La percepción de que el Estado provincial dejó de parecer una administración pública para convertirse lentamente en una extensión ampliada de un viejo círculo municipal de confianza.
Porque el problema jamás fue solamente el convenio.
Los convenios existen desde siempre. Son legales. Forman parte de la dinámica normal entre Provincia y municipios. El verdadero ruido político aparece cuando se observa quiénes administran el poder, de dónde vienen y cómo se distribuyen luego dentro del aparato estatal.
Y ahí Santa Lucía emerge casi como una universidad informal del funcionariado provincial.
Muchos ministros, secretarios, subsecretarios, directores y asesores actuales compartieron años de gestión bajo la órbita política de Marcelo Orrego cuando era intendente. Algunos ocuparon cargos técnicos. Otros construyeron carrera política dentro del municipio. Otros formaban parte del entramado administrativo que hoy reaparece estratégicamente distribuido dentro de la Provincia.
Todo perfectamente legal.
Y, sin embargo, profundamente incómodo.
Porque existe algo todavía más delicado que la ilegalidad. La naturalización del privilegio.
La política moderna aprendió a profesionalizar aquello que antes resultaba obsceno. Ya no necesita designaciones grotescas ni escenas caricaturescas donde un funcionario acomoda explícitamente a un primo frente a una cámara. Ahora el mecanismo es muchísimo más sofisticado. Funciona mediante vínculos de confianza, fidelidades acumuladas y círculos cerrados de pertenencia política.
El nepotismo dejó de ser solamente familiar.
Se volvió estructural.
El derecho administrativo probablemente encontraría pocas anomalías inmediatas en muchos de estos nombramientos. Después de todo, los cargos políticos permiten discrecionalidad y confianza funcional. Pero el problema no siempre se mide únicamente en términos de legalidad positiva. También existe una dimensión ética e institucional.
Porque cuando el acceso al Estado comienza a depender sistemáticamente de pertenecer al mismo ecosistema político, aparece una deformación silenciosa del principio republicano de igualdad.
El mérito deja de desaparecer abruptamente.
Algo peor.
Empieza a volverse decorativo.
La sesión legislativa terminó funcionando como una metáfora perfecta de esa lógica. Algunos diputados cuestionaron el convenio, hablaron de favoritismos territoriales, reclamaron mayor federalismo interno y deslizaron críticas sobre el aparente privilegio hacia Santa Lucía. Pero cuando llegó el momento decisivo, la rebeldía parlamentaria se evaporó con una velocidad admirable.
Treinta y dos votos positivos.
Dos negativos.
En San Juan incluso las discusiones terminan obedeciendo.
Hay algo extraordinario en esa tibieza legislativa. La Cámara parece haber creado una nueva categoría doctrinaria dentro de la ciencia política argentina. La oposición compatible. Diputados que protestan con indignación cuidadosamente administrada mientras levantan la mano para aprobar exactamente aquello que cuestionaban minutos antes.
Una especie de rebeldía de utilería.
El problema de estas estructuras cerradas no siempre desemboca en corrupción clásica. A veces deriva en algo mucho más difícil de probar y mucho más peligroso para la calidad institucional. El patrimonialismo político. Esa lógica donde ciertos grupos comienzan a administrar el Estado como si fuese una prolongación natural de su propio espacio de pertenencia.
Entonces aparecen los convenios selectivos, las designaciones repetidas, las alianzas previsibles y una burocracia que empieza a reproducirse a sí misma como un organismo autónomo.
Siempre los mismos nombres.
Siempre los mismos vínculos.
Siempre las mismas mesas.
La tragedia política de San Juan quizá no sea el escándalo visible, sino la costumbre. La resignación social frente a un sistema donde la cercanía pesa más que la competencia y donde el concepto de “funcionario de confianza” terminó convirtiéndose en una categoría casi hereditaria.
Y acaso ahí resida la ironía más brutal de todas.
La democracia prometía alternancia.
Pero algunas estructuras aprendieron a reciclarse sin cambiar jamás de familia política, de amigos ni de escritorio.
