Segunda parte de «El Gobierno como abogado del Banco San Juan»
Mientras los docentes descubren que deben estudiar normas del Banco Central, presentar notas y pensar en amparos judiciales para elegir dónde cobrar su sueldo, buena parte del sindicalismo sanjuanino parece más preocupado por no incomodar al sistema que por defender con firmeza a sus propios afiliados.
Hay silencios que envejecen mal. Sobre todo los silencios sindicales.
Porque mientras cientos de docentes descubren que ejercer un derecho bancario básico puede convertirse en un recorrido agotador de oficinas, notas selladas y respuestas ambiguas, buena parte de la dirigencia gremial parece moverse con una cautela que ya empieza a parecer demasiado cómoda.
Y ahí aparece el verdadero problema.
No solamente la discusión con el Banco San Juan. No únicamente el rol del Gobierno provincial. Sino la extraña incapacidad de ciertos sindicatos para reaccionar con firmeza cuando el trabajador queda atrapado entre la burocracia estatal y el negocio financiero.
Porque lo que está en discusión no es un privilegio. Es la libertad elemental de decidir dónde cobrar el propio salario.
La Comunicación “A” 6042 del Banco Central no deja demasiado espacio para interpretaciones barrocas ni gimnasias administrativas. El trabajador puede elegir la entidad bancaria donde percibir sus haberes. Punto.
Sin embargo, en San Juan, ejercer ese derecho empieza a parecerse demasiado a pedir autorización para abandonar una aduana invisible.
Y mientras eso ocurre, los gremios avanzan con una lentitud exasperante, como si estuvieran intentando no incomodar demasiado a nadie. Ese detalle resulta inquietante porque el sindicalismo argentino nació precisamente para equilibrar relaciones de poder, no para convivir armónicamente con ellas.
Pero algo cambió hace tiempo.
Muchos sindicatos dejaron de parecer organizaciones de defensa laboral para transformarse en organismos de administración institucional del conflicto. Se especializaron en redactar comunicados cuidadosamente neutros, solicitar reuniones eternas y esperar respuestas oficiales que casi nunca modifican nada sustancial.
Mientras tanto, el trabajador sigue exactamente en el mismo lugar: solo frente al mostrador.
Y quizás allí aparezca la escena más reveladora de toda esta historia. Docentes aprendiendo por cuenta propia normativa financiera, interpretando comunicaciones del Banco Central, consultando abogados particulares y descubriendo procedimientos administrativos que deberían ser explicados masivamente por quienes dicen representarlos.
Hay algo profundamente deteriorado en un sistema donde el afiliado termina convirtiéndose en investigador de sus propios derechos.
Y allí nace una pregunta devastadora.
Si tengo que defenderme yo mismo, estudiar leyes yo mismo, presentar notas yo mismo y eventualmente pagar abogados yo mismo, entonces, ¿para qué pago un gremio?
La pregunta incomoda porque destruye una de las últimas ficciones del sindicalismo moderno; la idea de protección colectiva real.
Porque cuando la defensa colectiva se vuelve tímida, el poder burocrático empieza a expandirse sin demasiada resistencia. Y el problema deja de ser solamente jurídico para convertirse en algo mucho más profundo; una costumbre cultural.
La Argentina desarrolló una pedagogía silenciosa de la resignación administrativa. El ciudadano aprende lentamente que reclamar implica agotarse, insistir, repetir formularios, soportar demoras y atravesar escritorios donde nadie niega completamente el derecho, pero tampoco parece demasiado interesado en facilitarlo.
Es un mecanismo sofisticado. No necesita prohibir. Le alcanza con desgastar.
Y frente a ese desgaste, demasiados gremios parecen haber elegido una forma de supervivencia basada en la prudencia permanente. No confrontar demasiado. No tensar demasiado. No romper demasiado.
Como si defender derechos financieros básicos pudiera alterar equilibrios políticos o institucionales que nadie quiere incomodar.
Y allí el silencio empieza a volverse sospechoso.
Porque mientras más tibia es la defensa sindical, más sólido se vuelve el sistema que mantiene salarios cautivos dentro de una estructura financiera extraordinariamente rentable. Cada cuenta sueldo representa créditos, seguros, tarjetas, débitos automáticos y capacidad de retención económica.
Detrás del lenguaje administrativo existe un negocio enorme.
Y quizás por eso incomoda tanto discutirlo con claridad.
Porque aceptar pasivamente que un trabajador necesite insistir durante semanas para cambiar de banco implica naturalizar algo peligrosísimo: que los derechos existen solamente mientras no incomoden demasiado al sistema.
Entonces el sindicato deja de parecer una herramienta de protección y empieza a convertirse en una especie de gestor elegante de derrotas previsibles. Explica, intermedia y acompaña. Pero rara vez altera la estructura que origina el problema.
Y tal vez esa sea la tragedia más dura del sindicalismo contemporáneo: haber confundido institucionalidad con docilidad.
Porque un gremio no existe para acompañar elegantemente el malestar del afiliado. Existe para defenderlo.
De lo contrario, el trabajador termina comprendiendo algo mucho más duro que cualquier comunicado oficial; que cuando el conflicto se vuelve serio, el expediente se enfría y el poder financiero empieza a jugar fuerte, la soledad aparece rápido. Demasiado rápido.
Y quizá por eso cada vez más docentes llegan silenciosamente a la misma conclusión amarga:
La única defensa que tenemos somos nosotros mismos.
