Territorio, ley y lo que no se negoció
Lo que pudo resolverse con una buena negociación hoy escala a conflicto. San Juan defiende el recurso, La Rioja controla el paso… y en el medio, la gestión ausente convierte el desarrollo en disputa.
Hay problemas que se ven venir. Y hay otros que se dejan venir… hasta que ya no tienen vuelta.
El que hoy enfrenta a Marcelo Orrego y Ricardo Quintela no es, en su origen, un problema jurídico. Es algo más simple y más incómodo: un problema que no se gestionó a tiempo.
Porque lo que pudo resolverse al inicio —con técnica, previsión y acuerdos— hoy empieza a tomar la forma que la política siempre intenta evitar: la de un conflicto legal.
La ley ordena… pero no articula
Orrego habla de defender con la ley en la mano.
Y no está equivocado.
La Ley 18.004 fija el territorio.
El artículo 124 de la Constitución Nacional Argentina define la propiedad del recurso.
El subsuelo —si está en San Juan— es de San Juan.
Pero la ley, que delimita con precisión el territorio, no organiza la convivencia sobre él. No define cómo se cruza, cómo se usa, cómo se comparte lo que inevitablemente se conecta.
Ahí es donde empieza el problema.
El derecho también tiene geografía
El Proyecto Josemaría no se agota en el punto donde se extrae el recurso. Vive en el movimiento: rutas, accesos, tránsito, polvo, ruido, logística.
Y ese movimiento atraviesa La Rioja.
Ahí aparece otra verdad, menos cómoda para el relato sanjuanino: La Rioja no está invadiendo. Está ejerciendo.
Porque dentro de su territorio, Quintela tiene potestad. Puede regular, puede restringir, puede prevenir. La orden judicial que limita el paso no redefine límites: los respeta.
Y en ese respeto, impone condiciones.
El vacío que se volvió conflicto
El problema no es lo que se hizo.
Es lo que no se hizo.
No hay —o no hay con la claridad necesaria— un acuerdo interprovincial de uso de paso. No hay una arquitectura política que haya anticipado que un proyecto de esta escala no termina donde empieza.
Faltó:
- Un convenio de tránsito.
- Un esquema de compensación.
- Una mesa técnica permanente.
- Una lectura territorial completa.
Y cuando todo eso falta, el conflicto no aparece de golpe. Se acumula.
Hasta que alguien lo activa.
Lo que se discute y lo que se deberá probar
Quintela eleva la discusión hacia los límites históricos.
Orrego responde con la vigencia de la ley.
Ambos hablan —en parte— de cosas distintas.
Porque una cosa es el acceso.
Y otra muy distinta es el territorio.
El acceso ya está en conflicto.
El territorio, si se discute, deberá probarse.
Y si ese camino se abre, no lo resolverán ni Orrego ni Quintela. Lo hará la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con expedientes, mapas y años.
Demasiados años para un proyecto que necesita operar hoy.
Aquí debe primar el diálogo
Por eso, en medio del ruido, hay una verdad que no debería negociarse: aquí debe primar el diálogo y la negociación.
No como consigna. Como urgencia.
Porque mientras los límites se discuten —y eso puede volverse eterno— el desarrollo necesita algo inmediato: condiciones para funcionar.
Y esas condiciones no las garantiza una sentencia.
Las construye un acuerdo.
Cuando la política llega tarde
El problema no es que Quintela reclame.
Ni que Orrego resista.
El problema es que ambos están discutiendo en un escenario que ya se degradó.
Porque cuando la política no anticipa: lo técnico se vuelve político, lo político se vuelve territorial y lo territorial termina judicializado.
Ese es el recorrido.
No es nuevo.
Pero cada vez es más costoso.
El costo de no haber negociado
Un problema que debió resolverse al inicio podría terminar en un conflicto legal.
No porque falten leyes.
Sino porque faltó gestión.
Porque la ley define quién tiene razón.
Pero no asegura que esa razón funcione.
Y en ese espacio —entre tener derecho y poder ejercerlo— no hay doctrina que alcance, ni artículo que resuelva lo que la política no quiso prever.
Sin acuerdo, no hay paso.
Y sin paso… el desarrollo deja de ser promesa para convertirse, simplemente, en demora.
