El acuerdo ordena cifras, pero desordena la verdad: el gobierno sostiene el relato, los gremios sostienen la firma… y el docente sostiene la pérdida. Los números lo confirman.
No todos los acuerdos resuelven. Algunos apenas administran el conflicto.
La paritaria docente firmada el 15 de abril en San Juan pertenece —con precisión quirúrgica— a la segunda categoría: no cierra una discusión, la posterga con elegancia institucional hasta junio. No es un final. Es una pausa con acta. Un acuerdo que no clausura: pospone. Que no resuelve: difiere. Que no mejora: dosifica.
La pregunta, entonces, no es cuánto sube el salario.
Es quién ganó.
Y la respuesta incómoda es esta: nadie ganó… pero todos intentarán cobrar.
I. El gobierno: ganar tiempo, perder credibilidad
El gobierno logró lo que necesitaba con urgencia: desactivar el conflicto. No es menor. En política, apagar incendios siempre parece gobernar. Pero gobernar no es apagar incendios. Es evitar que empiecen.
El esquema acordado —aumentos escalonados, mejora del valor índice, cláusula de revisión— es técnicamente defendible. Políticamente, es otra cosa: una arquitectura pensada para resistir, no para transformar.
Porque el acuerdo no le gana a la inflación: la persigue.
Y cuando un gobierno corre detrás de los precios, no está administrando la economía… está siendo administrado por ella.
El salario garantizado —$831.989 en abril, $851.943 en mayo, $876.332 en junio — no es una conquista. Es un número que llega tarde. Para dimensionarlo: una familia tipo (2 adultos + 2 menores) necesitó en enero de 2026 ingresos por $1.360.299 para no caer bajo la línea de pobreza, según el INDEC. Es decir, el salario docente testigo alcanza solo al 61% de lo necesario para no ser pobre. Y para no ser indigente —solo para comer— esa misma familia necesitó $623.990 en enero. El docente de abril está apenas $208.000 por encima de la línea de indigencia. Con dos cargos, recién ahí cruza la línea de pobreza. No la supera: apenas la respira.
Por eso aparece la cláusula de revisión. No como justicia. Como salvavidas.
El gobierno ganó tiempo. Pero el tiempo, en política, también se factura. Y lo pagará en credibilidad.
II. Los gremios: firmar sin convencer
Los gremios también firmaron. Y firmar —en este contexto— no es necesariamente ganar.
Aceptaron una propuesta que mejora la estructura del salario, pero no su esencia. Ajustes en el nomenclador (+4 puntos en mayo al código A01), mejoras en el ítem radio (hasta 160% en octubre), incremento del valor índice (de 901,6 en abril a 947,2 en junio): ingeniería salarial que ordena… pero no recompone.
El problema no es técnico. Es político. Porque el acuerdo reconoce sin decirlo que el salario docente sigue corriendo detrás de la inflación. Y que la famosa cláusula de revisión no corrige el atraso… apenas lo registra.
¿Qué significa esto en términos reales? Supongamos una inflación mensual del 3% (por debajo del 5,8% que registró la canasta básica alimentaria en enero). La suba escalonada del gobierno (abril a junio: +5,3% acumulado) quedaría por debajo de una inflación del 9,3% acumulada en el mismo trimestre. El docente perdería aproximadamente un 4% de poder adquisitivo en solo tres meses.
En simple: el sueldo sube menos que los precios.
Eso no es recomposición. Es administración de la pérdida.
Entonces la pregunta ya no es hacia el gobierno. Es a los gremios: ¿Se negoció… o se contuvo?
Firmar, en este caso, parece más una estrategia de administración del conflicto que una victoria sindical. Un modo de evitar el desgaste total. De sostener la estructura. De ganar tiempo… igual que el gobierno.
Y cuando ambos lados ganan tiempo, alguien inevitablemente lo pierde.
III. El dato incómodo: el docente quedó afuera del relato
Mientras el gobierno comunica orden y los gremios comunican logro, hay un actor que no tiene discurso: el docente.
Porque el acuerdo mejora cifras, pero no cambia el problema: el salario sigue fragmentado. La recomposición llega tarde. La inflación sigue marcando el ritmo.
En otras palabras: el docente cobra más… pero vive igual. O peor, si se mide en términos reales.
Pongamos números concretos: El salario de junio ($876.332) es nominalmente superior al de abril ($831.989). Pero si la inflación del trimestre acumula un 8% (cifra conservadora frente al 5,8% mensual de la CBA de enero), el salario real de junio equivaldría a unos $811.000 de abril —por debajo del piso que el gobierno ya había garantizado para el primer mes. El docente no ganó: perdió aproximadamente $20.000 en términos reales.
Y ese es el punto que ningún comunicado puede resolver. Porque no es un problema de números. Es un problema de vida.
IV. La letra chica: donde se esconde la verdad
Hay un fragmento del acuerdo que explica todo… y que casi nadie lee.
La revisión salarial de junio se hará —según lo firmado— en función de la evolución de la economía, la situación fiscal de la provincia y el índice de inflación mensual publicado por el IDEC.
Traducido:
- Si la economía no acompaña, no hay margen.
- Si la caja aprieta, no hay mejora.
- Si la inflación corre, se mide… pero después.
El salario deja de ser un derecho a recomponer. Pasa a ser una variable de ajuste. No depende del trabajo. Ni de la función social. Depende de la caja.
Y cuando depende de la caja —en una provincia donde las cifras no se transparentan— la discusión deja de ser cuánto se puede pagar. Pasa a ser cuánto se quiere mostrar.
Porque sin datos abiertos, sin balances verificables, sin acceso real a la información pública, la paritaria se negocia en un terreno opaco. Donde los números no se contrastan. Donde las cifras no se auditan. Donde el relato reemplaza al dato.
Entonces ya no hablamos de salarios. Hablamos de confianza. Y cuando la confianza se rompe, todo lo demás es administrativo.
V. La verdadera ganadora: la lógica del empate
Si alguien ganó en esta paritaria, no fue una persona. Fue el sistema. Un sistema donde:
- El gobierno evita el conflicto.
- Los gremios evitan el desgaste.
- Y el problema estructural sigue intacto.
Todos ceden. Todos muestran. Nadie resuelve.
Es el equilibrio perfecto de lo insuficiente.
VI. Junio: la próxima escena
La cláusula de revisión no es un detalle. Es el corazón del acuerdo. Porque en junio se volverá a discutir lo mismo. Con los mismos argumentos. Con los mismos límites.
Este acuerdo no terminó la negociación. La fragmentó.
Junio no será una revisión. Será una confirmación.
Cierre: el acuerdo que nadie puede celebrar demasiado
El gobierno dirá que ordenó. Los gremios dirán que lograron. Pero el docente —en silencio— sabrá que sigue ajustando.
Porque en San Juan, las paritarias ya no son el lugar donde se gana. Son el lugar donde se negocia la derrota. Una derrota prolija. Firmada. Sellada. Y revisable cada tres meses… por si duele demasiado.
El gobierno compra tiempo. Los gremios compran aire. El docente paga la cuenta.
Los datos son tozudos: el salario docente testigo de San Juan representa el 61% de la Canasta Básica Total para una familia tipo. Un docente con dos cargos recién alcanzaría los $1.663.978 —apenas $303.679 por encima de la línea de pobreza. Sin antigüedad, sin zona desfavorable, sin adicionales. En un país donde la inflación no se detiene.
Y mientras la caja no se muestre, mientras los números sigan siendo relato y no evidencia, el acuerdo no será un acuerdo. Será una ficción contable. Y en toda ficción hay un límite. El día en que la realidad deje de aceptar el guion.
Conclusión del anexo
El salario docente parte de una base que ya es insuficiente para cubrir la canasta de pobreza. Los aumentos escalonados, en un contexto inflacionario del orden del 3-4% mensual, difícilmente logren recuperar terreno. La cláusula de junio no es una garantía de recomposición: es un reconocimiento de que el salario quedará atrás y se negociará cuánto se mitiga la pérdida.
¿Creen ustedes que esto es para celebrar…?
