El Gobierno habla de normalidad en Albardón. Pero hay un problema de base: no tiene acceso a los libros, no participa de las decisiones, no controla la gestión. Entonces, ¿con qué autoridad da garantías?
Abril no suele ser un mes de certezas en San Juan. Es más bien un tiempo de transición: lo que fue promesa empieza a medirse, y lo que fue discurso empieza a desgastarse.
En ese clima —donde la economía no se anuncia, se percibe— el gobierno eligió una estrategia conocida: anticiparse al conflicto negándolo. La fábrica de galletitas de Albardón, dicen, funciona sin problemas. No hay crisis. No hay alarma. Solo ruido externo.
El ministro Gustavo Fernández fue categórico: la planta opera con normalidad, sin despidos significativos y con más de 290 trabajadores en mejores condiciones que el año pasado.
Pero hay una pregunta que nadie hizo y que lo cambia todo: ¿cómo lo sabe?
El problema de fondo no es la fábrica, es el que habla
Un ministro puede tener buenas intenciones. Puede estar bien asesorado. Puede repetir lo que le dicen.
Pero ninguna de esas cosas equivale a conocimiento.
Porque para saber realmente qué pasa dentro de una empresa privada se necesita acceso a sus balances, a sus libros contables, a sus contratos, a sus costos operativos y a sus márgenes reales. Y el gobierno —ningún gobierno— tiene eso por defecto.
Lo que tiene, en el mejor de los casos, es lo que la empresa decide contar. Lo que tiene, en el peor, es lo que conviene decir.
Entonces, cuando el ministro sale a afirmar «normalidad», no está informando. Está actuando como portavoz de una versión. Y eso no es gestión pública. Es marketing.
La normalidad sin números
Una fábrica puede estar abierta… y estar mal.
Puede producir… y perder.
Puede sostener empleo… y precarizarlo.
Nada de eso aparece en el discurso oficial.
No hay datos de producción.
No hay balances.
No hay información sobre rentabilidad ni sobre niveles de venta.
¿Por qué no los hay?
Porque el ministro no los tiene.
Y si no los tiene, no puede darlos.
No es que oculte información. Es que nunca la poseyó. El gobierno habla desde la fe, no desde el expediente.
Y en esta gestión —cada vez con menos disimulo— esa práctica empieza a consolidarse como método: hablar sin pruebas, sostener sin mostrar, repetir hasta que la duda se desgaste. Una forma elegante de aplicar aquel viejo principio que la política nunca termina de abandonar: miente, miente… que algo queda.
Pero acá ni siquiera hace falta mentir. Basta con hablar de lo que no se conoce.
El detalle que revela todo
En medio de la defensa cerrada, aparece —casi como al pasar— una frase que lo explica todo: «dos o tres desvinculaciones».
Dicho así, suena menor. Irrelevante.
Pero es ahí donde el lenguaje empieza a operar.
Porque no sabemos si son despidos.
No sabemos si son retiros «acordados».
No sabemos si hay suspensiones, reducción de horas o caída salarial real.
Y el ministro tampoco lo sabe. Porque para saberlo necesitaría acceder a cada legajo, cada acuerdo, cada liquidación final. Eso no lo hace un funcionario. Eso lo hace un auditor con mandato.
En economía, las crisis rara vez empiezan con cierres.
Empiezan con palabras suaves.
Y también empiezan con funcionarios que repiten eufemismos sin poder verificarlos.
La fábrica que ya no decide
El cambio de dueño —con la llegada de Juan Carlos Crovela— se presenta como una solución. Integración productiva, provisión de insumos, ordenamiento.
Pero hay un dato que redefine todo: la planta ya no controla la marca Tía Maruca.
Produce para terceros.
Trabaja a fazón.
Y eso —que en el comunicado parece técnico— es en realidad una mutación silenciosa.
Porque una empresa que no controla su producto, no fija su precio, no define su estrategia, no decide su destino.
Funciona, sí.
Pero depende.
¿Sabe el ministro qué implica trabajar a fazón? ¿Entiende la diferencia entre controlar una marca y ser un mero prestador de servicios? ¿Puede evaluar la sostenibilidad de un modelo donde la decisión final está en otra empresa, quizás fuera de la provincia?
Probablemente no. Porque para eso hay que entender de estructura productiva, no de declaraciones políticas.
Cuando la política reemplaza al conocimiento
El uso de palabras como «operación», «malintencionada» o «rehén» no es casual. Es una forma de desplazar el eje.
Cuando la discusión se vuelve política, la economía se vuelve secundaria.
Y cuando el conocimiento brilla por su ausencia, lo que queda no es información. Es construcción narrativa.
No se discuten cifras.
Se discuten intenciones.
No se muestran datos.
Se señalan culpables.
El gobierno no puede demostrar que la fábrica está bien. Pero puede decir que quienes dicen que está mal tienen mala intención. Esa operación es más sencilla: no requiere pruebas. Solo requiere voluntad de confrontar.
Ni crisis terminal ni normalidad plena
La verdad —como casi siempre— habita en ese lugar incómodo que nadie quiere narrar.
La fábrica no está cerrando.
Pero tampoco está sólida.
Está atravesando un proceso de ajuste, dependiendo de un nuevo esquema productivo, sosteniendo empleo… sin que sepamos en qué condiciones reales.
No es estabilidad.
Es supervivencia administrada.
Y el gobierno, en lugar de reconocer esa zona gris, elige pintarla de blanco. No porque sea malintencionado. Sino porque es la única jugada posible cuando se habla sin saber.
La ultima mordida
Hay fábricas que producen alimentos.
Y hay gobiernos que producen versiones.
El problema empieza cuando ambas cosas se confunden.
Pero hay un problema más grave: cuando el gobierno que produce la versión ni siquiera tiene la posibilidad de verificarla.
Porque si el ministro no accede a los libros, si no participa de las decisiones empresariales, si no controla la gestión privada, si su conocimiento es lo que le cuentan y lo que le conviene repetir…
Entonces no está informando.
Está haciendo otra cosa.
No es que mienta. Es que no puede saber.
Y hablar con autoridad de lo que no se puede saber no es gestión. Es un acto de fe que el gobierno pretende cobrarnos como si fuera certeza.
En San Juan —donde abril ya empezó a pasar factura— conviene no olvidar algo simple:
Que hable el dueño. Que muestre los números. Que hable el síndico. Que hable un balance.
Mientras tanto, cada vez que un funcionario salga a dar garantías sobre una empresa privada, habría que preguntarle una sola cosa:
—Disculpe, ministro: ¿usted cómo lo sabe?
Si la respuesta no convence, ya sabemos por qué.
