Tres horas de espera, una negativa inicial y una solicitud dirigida al Subsecretario de Información Pública, Marcelo Rivas: la transparencia dejó de ser promesa y pasó a ser obligación.
Hay momentos en que la política deja de ser discurso y se convierte en trámite. No en el trámite burocrático que adormece, sino en el que incomoda: el que pide nombres, cifras, contratos, balances.
El 16 de abril de 2026, en San Juan, ese momento ocurrió.
No en un escenario. No en una conferencia. Sino en una oficina pública (Casa de Gobierno). Y con una escena que explica todo: este periodista esperó más de tres horas para que le recibieran un pedido formal de acceso a la información pública —dirigido al Subsecretario de Información Pública, Marcelo Rivas— que, en un primer momento, se negaron a recibir.
Ahí —en esa demora, en esa resistencia inicial— empieza el verdadero ensayo de la gestión.
I. El expediente como límite
Hay gobiernos que administran recursos. Y hay gobiernos que administran versiones.
El problema es que las versiones no dejan huella contable. Los expedientes sí.
La presentación realizada no opina. No acusa. No interpreta. Exige.
Exige bajo el amparo de la Constitución Nacional, invocando el principio republicano de publicidad de los actos de gobierno, apoyándose en la Ley 27.275 como estándar y en la Ley Provincial 560-E como marco local.
Pero, sobre todo, exige con algo que la política evita: precisión.
- Fiesta Nacional del Sol 2025.
Proveedores con CUIT, gastos en infraestructura, artista, sponsoreo, invitados, origen de los fondos, balance económico final, etc.
- IRONMAN 2026.
Contrato de uso de franquicia, gastos en infraestructura y logística, costos operativos, origen de los fondos, gastos de difusión, balance económico integral, etc.
- Origen San Juan en la costa atlántica.
Contratos de alquiler, gastos infraestructura, personal afectado, viajes oficiales, viáticos, logística de envío de productos, balance económico, origen de los fondos, etc.
- Otros eventos 2024-2026: turismo, convenios, campañas, artistas, automovilismo.
No como relatos de gestión. Sino como estructuras de gasto, es decir: lo que convierte a la política en administración real.
II. Tres horas: el tiempo del síntoma
Tres horas no son una demora. Son una declaración.
Primero, la negativa. Después, la espera. Finalmente, la recepción. Ese recorrido no describe un trámite administrativo. Describe una lógica: donde el acceso a la información no es un derecho automático, sino un territorio a conceder.
Donde el ciudadano no ejerce: insiste.
Y, sin embargo, el documento ingresó.
Y con él, algo más incómodo que una denuncia: una obligación legal con plazo.
III. El silencio, ahora, tiene costo
Durante años, la política local perfeccionó una técnica sutil: no negar, pero tampoco mostrar.
Responder a medias. Diluir en informes generales. Transformar el dato en narrativa.
Pero este pedido no admite esa estrategia. Porque no es abierto. Es estructurado.
Y porque no es voluntario. Es exigible.
Cita a la Corte Suprema —“ADC c/ PAMI”— y recuerda lo esencial: el acceso a la información pública no es una concesión. Es una derivación directa de la soberanía popular.
A partir de ahora, el gobierno ya no decide si responde.
Decide cómo queda expuesto si no lo hace.
IV. El problema no es gastar, es no mostrar
Nadie discute que el Estado gaste. El problema nunca fue el gasto. El problema es la oscuridad del gasto.
Porque una fiesta puede ser inversión. Un evento deportivo puede ser posicionamiento. Un stand en la costa puede ser estrategia. O puede no serlo. Y esa diferencia no se resuelve en un discurso. Se resuelve en un balance.
¿Cuánto se gastó? ¿Quién cobró? ¿Qué se contrató? ¿Cuánto ingresó? ¿Cuál fue el retorno?
Ahí es donde el relato pierde fuerza. Porque el número no milita. El número expone.
V. El plazo como frontera
Veinte días hábiles (art. 48 de la Ley 1995-A).
Ese no es un detalle técnico. Es una frontera política.
Porque a partir de ahora, cada día sin respuesta no es neutral. Es acumulativo.
El gobierno tiene tres opciones:
Responder completo.
Y demostrar que la transparencia no era una consigna, sino una práctica.
Responder parcialmente.
Y confirmar que la opacidad no era una sospecha, sino un método.
No responder.
Y convertir el silencio en evidencia.
En los tres casos, el expediente habla. Y el solicitante dejó constancia: “reserva de promover sanciones civiles, penales y administrativas”.
VI. Lo que realmente se está discutiendo
No es la Fiesta Nacional del Sol.
No es el IRONMAN.
No es Pinamar ni Mar del Plata.
Es algo más profundo. Es quién controla al que administra lo que no es suyo.
Porque el dinero público no pertenece al funcionario. Pertenece a la sociedad. Y administrar sin rendir cuentas no es gobernar. Es manejar sin control.
En una república, la información pública no es un privilegio del poder: es una obligación jurídica de quien administra recursos ajenos. Y cuando la información no se exhibe, no se protege: se sustrae del control que le da legitimidad.”
VII. El inicio de algo incómodo
Este escrito no cierra un debate. Lo abre.
Abre un plazo. Abre una obligación. Abre una posibilidad que San Juan ha evitado durante demasiado tiempo: la de mirarse en sus propios números.
Pero también deja una imagen inicial que no se puede borrar: un periodista con nombre y apellido esperando horas para ejercer un derecho básico.
Ahí empieza todo.
Quizá la respuesta llegue. Quizá sea completa. Quizá confirme que todo está en orden.
O quizá no.
Pero hay algo que ya no se puede negar. El poder intentó no recibir el trámite. Lo demoró. Lo resistió.
Y aun así, el expediente entró.
Y ahora no hay relato que alcance.
Porque lo que sigue ya no se escribe en discursos.
Se escribe en números.
Y los números —a diferencia de los relatos— no necesitan voceros. Necesitan explicación.
