Hay gestos que no necesitan explicación porque se explican solos.
Como el aplauso frente al espejo.
Como el diploma firmado por uno mismo.
Como el Premio Provincial a la Calidad 2025, otorgado —con entusiasmo, emojis y palmaditas institucionales— a la Cámara de Diputados de San Juan por el mismo sistema político que la administra, la evalúa y la celebra.
Un orgullo, dicen.
Un logro histórico, agregan.
Una Legislatura moderna, eficiente, abierta, transparente, comprometida, mejorada y mejorándose a sí misma, concluyen.
El Estado se premia al Estado.
Y lo hace sin rubor.
No es poca cosa. Requiere coordinación, unanimidad narrativa y una virtud poco frecuente: la capacidad de convencerse de que la autocelebración es un acto de servicio público.
La liturgia del reconocimiento
El texto oficial es impecable. Podría enmarcarse. Podría leerse en voz alta con fondo de cuerdas y voz institucional grave. Habla de “gestión pública”, “calidad”, “compromiso con los sanjuaninos”. Palabras nobles, casi religiosas, que funcionan como incienso administrativo: perfuman, elevan, distraen.
El premio —el máximo reconocimiento provincial, nada menos— llega como una epifanía burocrática. Nadie duda. Nadie pregunta. Nadie explica quién evalúa, con qué parámetros ni bajo qué grado de independencia. Porque cuando el jurado es parte del elenco, el veredicto siempre sale por aclamación.
No hay conflicto de intereses: hay armonía política.
No hay autocrítica: hay mejora continua… declarada.
No hay auditor externo: hay fe en la gestión.
Calidad, pero ¿para quién?
La pregunta incómoda nunca aparece en el comunicado:
¿Calidad medida desde dónde?
¿Desde el ciudadano que hace fila?
¿Desde el contribuyente que financia?
¿Desde el legislado que rara vez ve debatirse aquello que lo afecta?
La calidad, en este caso, parece ser una categoría estética, no una experiencia social. Algo que se percibe puertas adentro, entre despachos climatizados, resoluciones prolijas y consensos sin sobresaltos. Algo que se certifica sin necesidad de contrastar con la calle.
Porque afuera —detalle siempre menor— siguen existiendo leyes que no se discuten, proyectos que no se explican, sesiones que pasan sin pena ni gloria, presupuestos que se maquillan y una ciudadanía que rara vez entiende qué hace exactamente su Legislatura cuando no está ocupada en premiarse.
Pero eso no entra en la foto.
El aplauso como política pública
El momento culminante es el aplauso institucional. Ese gesto colectivo que dice: lo estamos haciendo bien.
Y si alguien duda, ahí está el premio para disipar cualquier sospecha.
No es un reconocimiento: es un blindaje simbólico.
No es una evaluación: es un certificado de autoestima estatal.
El Estado no se controla: se reconoce.
No se somete a escrutinio: se felicita.
No se compara con estándares externos: se declara ejemplar.
Así, entre emojis, comunicados y frases infladas, la política perfecciona uno de sus talentos más antiguos: convertir la autocomplacencia en noticia positiva.
Final (sin aplausos)
Tal vez algún día la calidad en la gestión pública se mida con menos espejos y más ventanas.
Con menos premios internos y más resultados verificables.
Con menos comunicados triunfalistas y más explicaciones incómodas.
Hasta entonces, el ritual seguirá intacto:
El Estado entregando medallas al Estado.
La política aplaudiéndose de pie.
Y la ciudadanía mirando desde afuera, preguntándose —en silencio— si ese premio también era para ella.
Porque hay honores que no se ganan: se distribuyen entre conocidos.
Y hay calidades que no se certifican: se demuestran.
