Un ensayo sobre política, permanencia y renovación en Argentina
En los pasillos del Congreso Nacional, donde las palabras suelen rebotar como ecos gastados y los gestos se confunden con rituales antiguos, un diputado propone lo impensado: cortar la soga del poder que se repite. Habla de terminar con las reelecciones indefinidas. Lo llama “Ley Anticasta”. Suena combativo, suena a ruptura. Y, sin embargo, resuena también como un eco —no de rebeldía, sino de desesperación—. Porque lo que Gerardo Milman propone no es nuevo, pero sí necesario.
Es curioso cómo, cuando creemos que ya entendimos todo, las preguntas cambian de forma y nos vuelven a descolocar. Tal vez por eso, hoy el pueblo argentino ya no se pregunta quién gobierna, sino por qué siguen siendo siempre los mismos. Entonces aparece esta ley, una propuesta con apariencia de cambio real, y uno se pregunta si estamos ante el inicio de una reforma profunda o solo frente a otro disfraz que la política se pone cuando ya nadie le cree.
Pero vale hacerse la pregunta: ¿puede una ley que limite a dos los mandatos consecutivos de legisladores cambiar las lógicas más profundas del poder? ¿O se trata apenas de quitarles la alfombra a algunos sin tocar el piso que sostienen todos?
En “El Príncipe”, Nicolás Maquiavelo, observador inmisericorde de la política real —esa que se mueve entre pactos, traiciones y silencios—, nos advierte: “Los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia, pues todos pueden ver, pero pocos comprenden lo que ven”. La propuesta de Milman, vista superficialmente, es positiva. Pero si uno mira más de cerca, comprende que el problema no es solo cuánto tiempo está un legislador en su banca, sino cómo llegó ahí y por qué nadie lo baja.
Tomemos algunos ejemplos de nuestra historia reciente. Gildo Insfrán gobierna Formosa desde 1995. Carlos Menem, en sus últimos años, pasó del olvido a ser senador vitalicio. Cristina Fernández, luego de dos mandatos presidenciales, volvió como senadora y luego vicepresidenta, rodeada de la misma estructura que creó años atrás. Y mientras tanto, intendentes de todo el país rotan cargos con sus esposas, hermanos o secretarios, como si la voluntad popular fuese un juego de damas familiar.
El kirchnerismo —como antes el peronismo clásico— hizo del poder una forma de herencia. No solo familiar, sino simbólica. Gobernadores eternos, legisladores reciclados, jueces amigos y contratos inagotables. Y el resultado no es solo el cansancio del ciudadano, sino la certeza de que nada cambia aunque todo se mueva.
Y en ese contexto, la “Ley Anticasta” aparece como una cirugía estética aplicada sobre un cuerpo enfermo. Corta lo visible, pero no lo que enferma: las listas cerradas, el verticalismo partidario, los cargos que se reparten como premios y no como responsabilidades. No cuestiona las estructuras, solo las apariencias.
Maquiavelo, que entendía los costos del cambio, advertía entre líneas que quien se atreve a reformar un Estado debe hacerlo sabiendo que desatará la furia de quienes se alimentaban del orden viejo, mientras que aquellos que podrían gozar del nuevo apenas alzarán la voz, temerosos o incrédulos. La reforma, como el fuego, quema primero al que la enciende. Esa advertencia sirve para entender por qué una ley como esta tiene más chances de ser usada como bandera de campaña que como herramienta real de transformación.
No olvidemos que cuando se discutió la Ley de Lemas en Santa Cruz —la misma que en 2015 permitió que Alicia Kirchner llegara a la gobernación con menos votos que su rival, Eduardo Costa—, nadie del oficialismo gritó contra la casta. Cuando Cristina impulsó la reforma judicial o el control del Consejo de la Magistratura, no hablaba de oxigenar la democracia, sino de consolidar el modelo. La juventud no era entonces un símbolo de renovación, sino un batallón militante. Y la idea de alternancia era un pecado neoliberal.
Por eso no alcanza con limitar mandatos. Si la política no se democratiza en sus formas internas, si no se garantiza transparencia, justicia electoral real y financiamiento limpio, la casta sobrevivirá cambiando de nombre y de rostro. La eternidad no siempre se mide en años: a veces se mide en estructuras que nunca mueren.
Aquí conviene recordar a Hans Kelsen, padre del positivismo jurídico, cuando afirmaba: “El Estado de Derecho no es otra cosa que el dominio de la ley y no de los hombres”. ¿Y cómo se logra eso? No basta con limitar el tiempo de los representantes; hay que garantizar que las normas sean generales, impersonales y estables. Pero en Argentina, las leyes muchas veces parecen vestirse para un solo hombre, una sola coyuntura o una única conveniencia.
Decir que con esta ley se termina la “burrocracia parlamentaria” es como pensar que, cerrando una ventana, se cambia el aire de toda la casa. Mientras los partidos sigan siendo clubes privados donde unos pocos deciden y muchos aplauden, los resultados seguirán siendo los mismos. En un análisis más profundo de “El Príncipe” podemos decir: “El pueblo es más sabio que los grandes cuando elige lo que necesita que cuando obedece lo que le imponen”. Y, sin embargo, hace años que obedece sin creer.
La ley que Milman impulsa puede ser útil como chispa, como provocación. Pero sería un error creer que es suficiente. Si solo corta las ramas visibles del árbol, sin tocar las raíces podridas, lo que veremos no será un bosque nuevo, sino las mismas sombras de siempre.
En la Argentina actual, donde hay exfuncionarios procesados que vuelven como comentaristas de la realidad, donde dirigentes que quebraron provincias siguen sentados en sus despachos, y donde el Congreso parece más un refugio que una representación, no se trata solo de contar mandatos. Se trata de cambiar lógicas.
Porque, al final del día, si después de tantos intentos seguimos viendo a los mismos nombres —aunque disfrazados de renovación—, será porque no hicimos una verdadera reforma. Solo jugamos a parecer distintos.
Y cuando un país juega demasiado con el maquillaje, no solo no cambia: termina institucionalizando la parodia.
