Durante años, sectores clave del Estado fueron apropiados y transformados en herramientas de poder. Salud, educación y desarrollo social dejaron de ser políticas públicas para convertirse en campos de oportunismo electoral. Esta es una mirada crítica sobre cómo se consolidó ese modelo y por qué desarmarlo es urgente.
Hay una ironía trágica en cómo ciertos sectores del Estado fueron ocupados como fortalezas del oportunismo. Primero fue la salud, con hospitales convertidos en depósitos de empleados innecesarios. Pero no fue el único: luego vino la educación, esa palabra noble que durante años sirvió de estandarte y coartada. Y también el desarrollo social, rebautizado por algunos como «la industria de la pobreza», con un cinismo tan brutal que parecía una confesión involuntaria.
La lógica fue siempre la misma: detectar un área de sensibilidad pública —donde cualquier crítica suene cruel— y convertirla en una zona liberada para la acumulación política. En nombre de los niños, los pobres o los excluidos, se tejieron redes que no apuntaban a resolver problemas, sino a administrarlos con eficiencia electoral. Una vez instalado el relato, cualquier intento de auditar, reformar o siquiera preguntar era denunciado como barbarie.
Escuelas sin saber, cargos sin pizarra
Durante más de una década, el sistema educativo fue invadido por una pedagogía basada en el simulacro. Se multiplicaron cargos, programas, jornadas especiales y contenidos «transformadores», junto a materiales didácticos con más ideología que gramática. Aparecieron coordinadores, asesores pedagógicos, referentes territoriales y tutores de trayectorias: inventos burocráticos que poco tenían que ver con enseñar a leer, escribir o pensar.
La idea era «incluir», pero se confundió la inclusión con la permanencia, y la permanencia con el clientelismo. Así, las aulas se llenaron de estudiantes que no aprendían, de docentes ahogados en tareas ajenas a la enseñanza y de empleados colocados por sus contactos, no por su mérito. La educación se convirtió en un ritual secular, adornado con himnos progresistas pero con resultados cada vez más catastróficos.
Mientras tanto, en las provincias más postergadas, las escuelas se caían a pedazos. Los salarios docentes perdían valor. Y los chicos —quienes debían ser el centro— pasaban de grado sin entender un párrafo. Era el «éxito inclusivo», una ficción tan bien sostenida que quien la cuestionaba era acusado de nostalgia por «tiempos oscuros».
La estadística ocultaba el drama. Si el 98% de los alumnos aprobaba, ¿quién se atrevía a decir que no aprendían? El simulacro era perfecto: una educación sin exigencia, sin evaluación real, pero con una red interminable de contratos y programas de nombres grandilocuentes y presupuestos opacos.
La pobreza como capital político
Algo similar ocurrió —y ocurre— en el desarrollo social. Donde debería estar la respuesta del Estado a la vulnerabilidad, se montó una maquinaria tan compleja como eficaz… para sostener estructuras partidarias.
Se crearon cooperativas ficticias, movimientos sociales con cajas millonarias y organizaciones que repartían planes como dádivas personales. Muchos surgieron bajo gobiernos kirchneristas, con talento para moverse entre el barro y el presupuesto. Ganaron poder hasta volverse imprescindibles: capaces de paralizar ciudades con piquetes o negociar ministerios como si fueran contratos de obra pública.
El asistencialismo se convirtió en un fin en sí mismo. Y la pobreza, en un recurso renovable. Cuantos más excluidos había, más fondos se justificaban. Cuanto más caótico el territorio, más legitimidad ganaba el «movimiento». Y cuanto más precaria era la vida de los beneficiarios, más poder acumulaba el intermediario.
En ese contexto, cualquier intento de ordenar, auditar o recortar intermediarios era tachado de «ajuste salvaje». Se llegó al absurdo de llamar «insensible» a un gobierno por eliminar a los punteros o anular planes de personas fallecidas que seguían cobrando.
Una épica de cartón pintado
Hubo un tiempo en que cuestionar esta lógica era pecado. El progresismo bienpensante había construido un relato tan cerrado que solo admitía su propia interpretación de la realidad. Lo que se saliera de ese libreto era «neoliberal», «reaccionario» o simplemente «cruel».
Pero la épica comenzó a resquebrajarse cuando las escuelas no educaban y los barrios seguían pobres pese a los millones invertidos. Cuando creció el analfabetismo funcional y los planes sociales se heredaban como un apellido. Cuando la «solidaridad institucional» empezó a parecerse demasiado a la dependencia organizada.
El Estado dejó de ser garante de derechos para convertirse en proveedor de favores. Favores con rostro, bandera y fecha de vencimiento electoral.
El desafío de desarmar la trampa
Hoy, mientras se intentan reformas, resurgen las viejas acusaciones: «no tienen sensibilidad», «destruyen lo público», «odian a los pobres». Pero ya no es tan fácil convencer. Porque la sociedad empieza a entender que sensibilidad no es perpetuar la miseria con eslóganes, y que lo público no se defiende con afiches, sino con gestión.
Hay una oportunidad histórica —dolorosa, pero necesaria— para volver a pensar el Estado como herramienta, no como botín. Para que la educación vuelva a enseñar, y el desarrollo social a integrar, en lugar de administrar exclusión.
No se trata de ajustar, sino de sincerar. De desarmar la trampa que convirtió los sectores más sensibles en trincheras de poder. Y de recordar, por fin, que gobernar no es garantizar prebendas, sino construir futuro.
