Mientras el mundo avanza con un clic, un gremio nostálgico se atrinchera en las esquinas, luchando contra la modernidad con bocinazos, banderas y una férrea vocación por el atraso.
Hubo un tiempo –no tan remoto como quisiéramos creer– en que abordar un taxi en San Juan implicaba una ceremonia breve, casi ritual: uno alzaba la mano con timidez, el conductor lo miraba con sospecha, y si le placía, se detenía. Allí comenzaba un viaje que no era tanto un trayecto físico como una experiencia antropológica: autos que olían a tabaco rancio, radios que escupían cumbia con estridencia, choferes que oscilaban entre el mutismo sepulcral y la perorata ideológica, y una tarifa que cambiaba según la cara del pasajero o el humor del día. Una suerte de ruleta rusa del transporte urbano.
Este modelo, por increíble que parezca, es el que hoy algunos taxistas y remiseros se esmeran en defender con uñas, bocinazos y cortes de calle. El martes pasado, en pleno centro sanjuanino, nos regalaron una postal tan pintoresca como vetusta: autos detenidos, carteles airados, gritos indignados y una consigna clara: “¡Basta de competencia!” (aunque, por pudor, le dicen “competencia desleal”, como si la palabra sola no bastara para herirlos).
No es que pidan reglas claras. Lo que quieren, en rigor, es que no haya competencia.
A esta comedia de enredos –que bien podría haber sido escrita por un Molière mendocino– le puso un corte preciso el gobernador Marcelo Orrego, quien, acaso sin proponérselo, jugó el rol del mayordomo inglés en una casa tomada por primos escandalosos: habló poco, con calma, y devolvió el sentido común al salón. “La tecnología llegó para quedarse”, dijo, como si estuviera anunciando la llegada del tren a un pueblo que aún no ha descubierto la rueda.
Lo más notable del episodio no fue la protesta en sí, sino la reacción que desató: el Estado, por una vez, no se arrodilló ante el claxon furioso. Orrego anunció que se aplicará el protocolo antipiquetes y que, además, se enviará una ley para regular el sistema de transporte. Como quien dice: se acabó la farsa, señores, es hora de ordenar los muebles.
El fondo del asunto, sin embargo, es más literario que legislativo. Aquí no se juega sólo una batalla entre lo analógico y lo digital, entre el taxi y la app. Lo que se disputa –con una pasión digna de mejores causas– es el derecho a no cambiar. Los taxistas quieren preservar su pequeño feudo de mediocridad garantizada, su licencia alquilada a precio de oro, su clientela cautiva. La sola idea de competir los espanta como a un hidalgo español la ducha con agua caliente.
Y mientras tanto, los ciudadanos –esos entes nebulosos a quienes nadie consulta– siguen bajando aplicaciones, reservando autos que llegan puntuales, que ofrecen agua y aire acondicionado, que saludan sin gruñir y que, encima, permiten pagar sin pelear con billetes arrugados.
El mundo ha cambiado. Pero no todos han recibido el memo.
Los taxistas sanjuaninos, como ciertos personajes de novelas que ya no se reeditan, se resisten a salir de la página amarilla donde creen que todavía mandan. Siguen allí, en su auto detenido, soñando con el retorno de un orden donde los usuarios no eligen, donde la calle se corta si se antoja, y donde el progreso se mide por la antigüedad del vehículo.
Lo cierto, sin embargo, es que el futuro no pide permiso. A veces llega en silencio. Otras, como en San Juan, lo anuncia un gobernador que simplemente decide no dejarse extorsionar.
Y mientras tanto, nosotros seguimos esperando –con un poco de resignación y otro tanto de ironía– a que los señores del volante acepten que el motor de la historia no funciona a gas.
