«Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat»: la carga de la prueba recae sobre quien afirma, no sobre quien niega. Este principio, uno de los pilares del derecho penal moderno, ha sido reiterado en múltiples constituciones, tratados y cortes. Sin embargo, en la práctica cotidiana de muchos ciudadanos argentinos, ha parecido olvidado durante años.
La reciente frase del vocero presidencial Manuel Adorni —“todos son inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario”— no es solo una provocación política. Es una reivindicación del principio de presunción de inocencia (praesumptio innocentiae) y una crítica directa a un modelo de gestión estatal que, en nombre del control, cultivó la sospecha como política pública.
Del ius puniendi al abuso del poder fiscalizador
El Estado, como ente soberano, posee el ius puniendi: el derecho exclusivo de imponer sanciones. Pero ese derecho debe ser ejercido bajo límites precisos: el debido proceso (due process of law), el principio de legalidad (nullum crimen, nulla poena sine lege) y, por supuesto, la presunción de inocencia.
Lo que denuncia Adorni es que estos principios se vieron diluidos bajo un sistema financiero y regulatorio que, en lugar de investigar hechos concretos, partía de la praesumptio culpabilitatis: una sospecha generalizada, casi automática, sobre todos los ciudadanos que manejaban dólares fuera del sistema bancario.
La nueva doctrina: in dubio pro civitate
El anuncio del “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros” apunta a invertir esa lógica: devolver la confianza como punto de partida y no como excepción. Y lo hace mediante un principio no menor: in dubio pro civitate, es decir, la duda, es a favor del ciudadano.
Ya no será el ahorrista quien deba demostrar que sus dólares son “puros”. Será la Agencia de Regulación y Control de Activos (ARCA) la que deberá, con pruebas suficientes, vincular fondos con actividad ilícita. Esta inversión del paradigma no es meramente técnica; es filosófica, ética y profundamente simbólica.
La moral del colchón
El derecho no puede vivir desconectado de la realidad social. En un país donde el corralito, la inflación crónica y la volatilidad cambiaria destruyeron la confianza en el sistema financiero, esconder dólares bajo el colchón no fue evasión: fue autoprotección.
En este contexto, el anuncio de Adorni puede leerse entre líneas como una forma de reconocer un error histórico del Estado: haber equiparado sistemáticamente al evasor con el sobreviviente, al delincuente con el desconfiado.
Pero aquí surge un dilema clásico de la filosofía política: ¿cómo evitar que esta apertura no se convierta en un incentivo perverso (perversum incitamentum) para quienes sí delinquen? ¿Cómo distinguir entre el ciudadano prudente y el criminal disfrazado?
Estado de derecho o Estado del miedo
Uno de los pilares de cualquier democracia constitucional es que el poder del Estado debe ejercerse conforme al principio de legalidad y proporcionalidad. Cuando el control estatal se convierte en sospecha permanente, se entra en el terreno del Estado policial, donde la libertad individual se sacrifica en nombre de una seguridad mal entendida.
Lo que propone este nuevo plan es regresar al Estado de Derecho, donde el ciudadano no es un sujeto bajo sospecha, sino un titular de derechos fundamentales.
¿Cambio real o gesto político?
Los críticos podrían argumentar que este giro es simplemente un gestus politicus —una estrategia para captar adhesiones y dólares ocultos. Y no les falta razón: la remonetización de la economía, como señaló Caputo, es urgente. Pero aun si lo es, este gesto no deja de ser importante.
Porque en el fondo, más allá del rédito económico, lo que se debate es la relación moral entre el ciudadano y el Estado. Como decía Cicerón, “salus populi suprema lex esto” —el bienestar del pueblo debe ser la ley suprema. Y el bienestar no se construye solo con indicadores económicos, sino con confianza, previsibilidad y justicia.
Del homo suspectus al homo fidelis
Durante años, el ciudadano argentino fue tratado como un sujeto a controlar. El nuevo paradigma propone un cambio: pasar al ciudadano confiable, al que se respeta y se protege, salvo que se demuestre lo contrario.
Este paso no es solo normativo. Es profundamente espiritual, casi cultural. Supone que el Estado deja de mirar con lupa y empieza a mirar con respeto. Y supone que el ciudadano también debe responder con responsabilidad.
Porque al final, la verdadera transformación de una sociedad no comienza con una ley, sino con una nueva manera de relacionarnos. Y eso, en el fondo, es lo que se juega cada vez que el Estado decide si presume la inocencia… o la culpa.
