Mientras Orrego habla de inversiones, austeridad y desarrollo, San Juan comienza a escuchar el ruido de un descontento social que no aparece en las fotografías oficiales.
Hay gobernadores que parecen vivir en una provincia distinta de aquella que administran. Una provincia donde las inversiones siempre están por llegar, los proyectos se anuncian como si ya estuvieran terminados y el futuro se exhibe en fotografías oficiales con la extraordinaria facilidad de quien nunca necesita esperar un colectivo para llegar a trabajar. Allí, entre empresarios, discursos y sonrisas cuidadosamente ensayadas, Marcelo Orrego parece haber encontrado un San Juan donde todo marcha razonablemente bien. El problema es que, apenas uno abandona los despachos gubernamentales, descubre que existe otra provincia. Una bastante menos fotogénica.
Este jueves 8 de octubre, esa otra provincia por segundo día amaneció sin colectivos. Un conflicto salarial entre trabajadores y empresas dejó a miles de sanjuaninos frente a una realidad que difícilmente aparezca en los folletos de promoción institucional. La Unión Tranviarios Automotor reclamó el cumplimiento de compromisos económicos, mientras el Gobierno intervino con una propuesta rechazada y posteriormente dictó la conciliación obligatoria. La respuesta oficial también puso el acento en los requisitos legales de la huelga, como si una discusión administrativa pudiera explicar las razones de un conflicto que terminó paralizando un servicio indispensable.
Es cierto que las medidas de fuerza deben respetar los procedimientos legales. Pero hay una diferencia considerable entre discutir la legalidad de una protesta y comprender las condiciones que la provocaron. La primera cuestión puede resolverse mediante un expediente. La segunda exige algo bastante más incómodo para quienes gobiernan.
Explicar sus decisiones.
Detrás de un colectivo detenido hay trabajadores reclamando ingresos, estudiantes que pierden clases, familias que no consiguen llegar a sus empleos y ciudadanos que descubren que las consecuencias de los conflictos económicos suelen descargarse sobre quienes menos posibilidades tienen de evitarlas. Corresponde conocer los términos de la propuesta gubernamental y exigir a las empresas explicaciones sobre costos, subsidios y obligaciones laborales. El transporte público no puede convertirse en una caja cerrada cuya contabilidad solamente conocen quienes la administran y cuya factura termina pagando toda la sociedad.
Pero hay una contradicción todavía más incómoda. Mientras Orrego pronuncia discursos sobre austeridad, disciplina fiscal y administración responsable, persisten interrogantes sobre gastos públicos cuya magnitud y justificación no han sido suficientemente transparentadas. La austeridad parece adquirir una importancia extraordinaria cuando se discuten salarios, pero necesita muchas más explicaciones cuando se trata de conocer cuánto cuestan los viajes oficiales, los acontecimientos promocionales y las decisiones que comprometen recursos provinciales. Gobernar con austeridad no consiste solamente en pedir sacrificios a los demás, sino en demostrar, peso por peso, dónde termina el dinero de todos.
Un gobierno que exige comprensión frente a las restricciones presupuestarias tiene la obligación de exhibir sus cuentas con la misma convicción con la que exhibe sus logros. No alcanza con anunciar inversiones millonarias ni fotografiarse junto a empresarios internacionales. Los anuncios no son ingresos fiscales, las promesas no pagan salarios y las expectativas de desarrollo no reemplazan los servicios públicos.
Y el descontento social no comienza ni termina en el transporte. La educación enfrenta reclamos salariales, cuestionamientos sobre sus resultados y preguntas pendientes acerca de determinadas adquisiciones. La salud pública necesita respuestas sobre sus recursos y condiciones de atención. La inseguridad alimenta preocupaciones cotidianas que no desaparecen porque un funcionario anuncie nuevas medidas frente a una cámara. Son problemas diferentes, pero comparten una característica que parece incomodar al relato gubernamental. Ocurren en el San Juan real, ese que rara vez consigue un lugar destacado en las fotografías oficiales.
Mientras tanto, Marcelo Orrego parece haberse instalado en una burbuja política donde el optimismo es permanente, las sonrisas nunca faltan y el horizonte comienza a confundirse con el calendario electoral de 2027. No sabemos cuánto responde a una estrategia electoral, pero su imagen pública invita a formular una pregunta incómoda. ¿Está gobernando para resolver los problemas de los sanjuaninos o administrando su imagen para llegar políticamente intacto a las próximas elecciones?
Porque una cosa es construir el futuro de una provincia y otra, bastante distinta, construir el futuro electoral de quien la gobierna.
Sería intelectualmente deshonesto atribuir todos los problemas exclusivamente al gobernador. La economía nacional, la inflación y las decisiones empresariales también condicionan la realidad provincial. Pero sería igualmente complaciente aceptar que el Ejecutivo carece de responsabilidad sobre los servicios que regula, los recursos que distribuye y las prioridades que establece. Gobernar no consiste únicamente en administrar las buenas noticias y atribuir las malas a circunstancias ajenas.
San Juan necesita inversiones, desarrollar su potencial minero, ampliar su estructura productiva y generar empleo sostenible. Pero ese crecimiento debe tener consecuencias verificables en la vida cotidiana. El desarrollo no puede medirse exclusivamente por los millones de dólares anunciados en una conferencia de prensa. También debe medirse por el poder adquisitivo, la educación, la salud, la seguridad y la capacidad del Estado para anticiparse a los conflictos.
Quizás por eso resulte oportuno que Orrego, entre una reunión empresarial y otra, observe lo que ocurre en las calles de la provincia que administra. Encontrará trabajadores preocupados por sus ingresos, familias ajustando presupuestos y ciudadanos que esperan respuestas bastante más inmediatas que las promesas de prosperidad futura.
La conciliación obligatoria podrá contribuir a restablecer el transporte, pero no resolverá por sí sola las diferencias salariales ni las dificultades estructurales del sistema. Y cuando los colectivos vuelvan a circular, tampoco habrán desaparecido los problemas educativos, sanitarios o de seguridad. Confundir una tregua administrativa con una solución definitiva sería otra manera de transformar una dificultad real en una victoria comunicacional.
Mientras tanto, Orrego podrá continuar hablando del San Juan que viene. Tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que no debería olvidar es que los ciudadanos no viven en el tiempo futuro de los discursos oficiales. Viven en el presente, pagan sus cuentas en el presente y necesitan respuestas en el presente.
Porque hay una ironía difícil de disimular en esta provincia que promete avanzar hacia el porvenir.
Marcelo Orrego habla de llevar a San Juan hacia el futuro, mientras miles de sanjuaninos todavía esperan un colectivo que los lleve al trabajo.
