Marcelo Orrego quiere eliminar las PASO. Ya no se trata de una declaración ocasional. El 25 de septiembre se reunió en Casa Rosada con Diego Santilli y volvió a respaldar la reforma política impulsada por el Gobierno nacional, incluida la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. Meses atrás había defendido la misma posición con una frase que hoy adquiere otro significado: “Si bien yo soy un producto de las PASO”, dijo antes de hablar de eficiencia del Estado y gastos innecesarios.
La ironía viene incorporada. El mecanismo que alguna vez ayudó a construir su candidatura hoy parece haberse convertido en un lujo que el Estado ya no debería pagar. Puede ser austeridad, pero la política obliga a mirar no solamente lo que se dice, sino también los efectos de lo que se hace.
Las elecciones cuestan dinero. Movilizan escuelas, autoridades de mesa, seguridad, impresión y logística. Eso es indiscutible. Lo discutible es convertir el costo en argumento suficiente para modificar un sistema electoral sin observar el tablero sobre el que esa modificación comienza a operar.
Y el tablero tiene memoria.
En las legislativas nacionales de 2025, el escrutinio definitivo otorgó a Fuerza San Juan 147.918 votos, el 33,53%. Por San Juan consiguió 133.329, el 30,21%, mientras La Libertad Avanza alcanzó 111.743 votos, el 25,33%. El espacio del gobernador terminó segundo.
Aquello no permite anticipar 2027. Una elección legislativa nacional no es una provincial y dos años alcanzan para modificar candidatos, alianzas y humores sociales. Pero la última vez que los sanjuaninos fueron convocados masivamente a las urnas, el oficialismo no fue la fuerza más votada. Ese antecedente cambia la perspectiva.
Una primaria abierta en 2027 no solo elegiría candidatos. También ofrecería, pocas semanas antes de la elección general, una radiografía electoral difícil de discutir, hecha de padrón, fiscales, urnas y votos. Para cualquier gobierno representa una oportunidad si gana y un problema si pierde. En el caso del orreguismo existe, además, un antecedente reciente que explica por qué esa eventual medición merece formar parte del análisis.
Sin PASO no habrá radiografía previa.
Mientras tanto, el Gobierno provincial trabaja en la reforma del sistema electoral que reemplazará al SIPAD. Orrego respalda ante Nación la eliminación de las primarias al mismo tiempo que su administración discute las reglas con las que San Juan llegará a 2027. La simultaneidad no demuestra una maniobra, pero tampoco debería pasar inadvertida.
Hay otra consecuencia menos visible y quizá más profunda. Cuando la selección de candidatos deja de pasar por el padrón general y regresa principalmente a los mecanismos internos de partidos y alianzas, cambia el lugar donde se distribuye el poder. Las grandes urnas son reemplazadas por mesas más pequeñas. Allí pesan conducciones partidarias, intendentes, legisladores, dirigentes territoriales y, naturalmente, quien gobierna.
Orrego deberá ordenar una coalición integrada por sectores diferentes. Una primaria abierta podría llevar sus diferencias internas frente a cientos de miles de electores. Sin ella, buena parte de esas disputas podrá resolverse antes de llegar al cuarto oscuro. Dicho de una manera menos académica, la urna pierde protagonismo y la lapicera lo recupera.
Del otro lado también existen consecuencias. Cristian Andino encabezó en 2025 la fuerza que terminó primera en San Juan. Una primaria opositora con participación importante podría servir para resolver sus propias disputas y entregar al vencedor una legitimidad electoral previa. Sin PASO, esa batalla deberá librarse principalmente dentro de las estructuras partidarias.
Esto no significa que las PASO sean un sistema perfecto. Es razonable discutir si el Estado debe financiar internas partidarias o si corresponde obligar a ciudadanos independientes a participar de ellas. Pero si el argumento principal para eliminarlas es económico, entonces falta una información elemental.
El precio.
¿Cuánto costaría realizar las PASO provinciales?
Conocido ese número podríamos hacer algo extrañamente difícil en la administración pública: comparar.
Pongamos la cifra junto a lo destinado a la Fiesta Nacional del Sol, ArgOliva, Ironman y tantos otros eventos que hemos visto desfilar a lo largo de esta gestión, cuyos números completos todavía permanecen lejos de la mirada pública. Ferias, exposiciones, competencias y escenarios presentados como inversiones y cuyos costos deberían conocerse precisamente para poder evaluar si efectivamente lo fueron.
Quizá descubramos que convocar a los sanjuaninos a elegir candidatos cuesta menos que algunos de esos eventos o, incluso, que una parte de lo gastado en ellos durante estos tres años de gestión. Hoy no podemos saberlo, y allí está justamente el problema.
La austeridad se demuestra con números, no con adjetivos. Si el costo constituye la razón para eliminar una instancia electoral, el Gobierno debería decir cuánto cuesta y permitir que los ciudadanos comparen esa cifra con otras prioridades presupuestarias de la misma gestión.
Orrego tiene derecho a cuestionar las PASO y existen argumentos institucionales para hacerlo. Pero también corresponde observar que su eliminación se discute sobre un tablero concreto: el oficialismo terminó segundo en la última elección, las candidaturas podrían resolverse en ámbitos partidarios más reducidos y desaparecería una instancia electoral previa capaz de modificar el escenario de 2027.
No hace falta imaginar conspiraciones. Basta con mirar las consecuencias.
Después podremos discutir el ahorro, pero primero habrá que abrir las cuentas.
Y quizá entonces, cuando pongamos sobre la misma mesa el costo de votar y el de tantos eventos que hemos visto pasar durante esta gestión, descubramos que la pregunta nunca fue solamente cuánto cuestan las PASO.
Porque hay gastos que el poder llama inversión y elecciones que, cuando pueden complicarle el tablero, empiezan a parecerle demasiado caras.
