El caso Castro.
Quizá Cinthia Fernández todavía crea que está en la farándula. Que Angaco es un estudio de televisión, que la Municipalidad forma parte de la escenografía y que un expediente judicial puede resolverse con una cámara encendida, una acusación contundente y miles de reproducciones.
Pero Angaco no es un programa de espectáculos ni un escenario para que una exvedette reciclada en comentarista judicial dicte sentencias frente a una cámara. Y un tribunal tampoco.
Fernández llegó a San Juan acompañando al abogado Roberto Castillo y rápidamente hizo aquello que las redes sociales han convertido en costumbre; adelantarse a la Justicia. Frente a una cámara utilizó una palabra demasiado grave para pronunciarla con la ligereza de un título televisivo.
“Corrupto”.
No “denunciado”. No “investigado”. No “acusado”. Corrupto.
El problema no es solamente semántico. Es jurídico. Sobre el intendente José Castro existen acusaciones que deben investigarse. Se ha denunciado el supuesto empleo de trabajadores, vehículos, herramientas y recursos municipales para realizar tareas en propiedades particulares. Si ocurrió, habrá que determinar quién dio las órdenes, quién participó, quién se benefició y qué responsabilidad corresponde a cada uno.
Pero precisamente porque las acusaciones son graves necesitan algo bastante menos atractivo que una cámara.
Necesitan pruebas.
Respecto de estas nuevas acusaciones, hasta ahora no existe una sentencia que haya declarado culpable a Castro. Puede haber elementos incorporados a la investigación, pueden aparecer testimonios y la Fiscalía podrá reunir evidencia suficiente para sostener una acusación. Después tendrá que probarla ante la Justicia.
Porque existe una regla bastante más antigua y bastante más importante que Instagram. Nadie debe ser considerado culpable antes de que su responsabilidad sea establecida mediante un debido proceso.
Castro también goza de presunción de inocencia.
Decirlo no significa defenderlo. Significa defender algo infinitamente más importante que un intendente, una personalidad televisiva o un abogado llegado desde Buenos Aires. Significa defender el Estado de derecho.
Si Castro utilizó recursos municipales para beneficiar intereses particulares, que se investigue. Que aparezcan las órdenes de trabajo, que declaren los empleados, que se revisen vehículos, combustible, herramientas y movimientos de maquinaria. Si las pruebas acreditan un delito y un tribunal determina responsabilidades, que se aplique la ley.
Pero primero las pruebas. Después la sentencia. Nunca al revés.
Hay además una ironía difícil de ignorar. Cinthia Fernández ha contado públicamente que estudia Derecho. Al parecer, las clases todavía no consiguieron moderar la lógica televisiva cuando aparece una cámara. Una de las primeras lecciones jurídicas debería ser sencilla; una denuncia no es una condena, una acusación no es una prueba y la convicción de quien acusa no sustituye la decisión de un tribunal.
Quizá cuando avance en sus estudios encuentre conceptos menos atractivos para Instagram, pero bastante más importantes para una República; presunción de inocencia, carga de la prueba, derecho de defensa y debido proceso.
No producen demasiado rating, pero llevan siglos intentando impedir que condenemos primero y preguntemos después.
La condición de exvedette puede servir para una presentación televisiva; para declarar culpable a alguien sigue haciendo falta algo bastante menos espectacular; pruebas, debido proceso y una sentencia judicial.
Roberto Castillo debería saberlo mejor que nadie. Es abogado y llegó para defender a Facundo Nievas, condenado a cuatro años de prisión por peculado, cuya sentencia pretende revisar. Está en su derecho. Precisamente para eso existen los recursos y las garantías judiciales.
Pero allí aparece la contradicción.
Si reclamamos para Nievas todas las garantías del debido proceso, también debemos reclamarlas para Castro. No puede exigirse prudencia cuando el condenado es nuestro cliente y aceptar una condena mediática cuando el denunciado está enfrente.
Las garantías no dependen del lado del mostrador.
La Justicia resulta desesperadamente lenta para la televisión porque entre acusar y condenar existe deliberadamente un territorio lleno de obstáculos. Allí están el derecho de defensa, la contradicción de la prueba y la obligación de demostrar aquello que se acusa. La farándula funciona de otra manera. Necesita velocidad, protagonistas, buenos y malos. Necesita un culpable antes de la próxima pausa comercial.
Cuando esa lógica entra en un expediente nace el juicio paralelo. Primero se fabrica socialmente al culpable y después se espera que un juez confirme lo que las redes ya decidieron.
Hay, además, una pregunta que permanece curiosamente fuera de cámara.
¿Quién paga todo esto?
Castillo llegó desde Buenos Aires para asumir una defensa que pretende alcanzar instancias federales. Fernández lo acompañó y participa de la exposición pública del caso. Hay viajes, estadía, horas profesionales y una estrategia jurídica que demanda recursos.
¿Quién paga los honorarios de Castillo? ¿Nievas? ¿Su familia? ¿Existe un acuerdo pro bono? ¿Quién cubre los gastos del desplazamiento de ambos?
No lo sabemos.
Y porque no lo sabemos sería irresponsable inventar una respuesta. Pero preguntar no es acusar. Es hacer periodismo. Si Nievas paga su defensa, allí termina la pregunta. Si Castillo trabaja gratuitamente, también. Si existe otra forma de financiación con relevancia pública, corresponderá conocerla.
Esa es la diferencia que parece haberse perdido entre cámaras y expedientes. La farándula necesita certezas inmediatas. El periodismo necesita preguntas. La Justicia necesita pruebas.
Por eso convendría apagar por un momento las cámaras y abrir los expedientes. Que aparezcan los documentos, hablen los testigos, responda Castro, investiguen los fiscales y decidan los jueces.
Si existen delitos, que haya condenas. Si no pueden probarse, que también se diga.
Porque en un Estado de derecho la culpabilidad no la determina una exvedette, tampoco un periodista, un intendente ni un abogado.
La determina la Justicia después de un debido proceso.
