Cada tres años ocurre un fenómeno educativo bastante curioso. Cientos de miles de adolescentes se sientan frente a una computadora para responder PISA, sigla en inglés del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, una evaluación impulsada por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Poco después, una cantidad todavía mayor de adultos comienza a explicar por qué respondieron como respondieron.
PISA 2025 evaluó a estudiantes de 15 años de numerosos países y economías. No busca comprobar simplemente cuánto contenido memorizaron. Evalúa hasta qué punto pueden utilizar conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias frente a problemas y situaciones que exceden la repetición mecánica de lo aprendido.
Y entonces comienza el otro examen.
El nuestro.
Los gobiernos recuerdan que la educación es un proceso de largo plazo. Los funcionarios descubren súbitamente que un adolescente de quince años no comenzó a estudiar ayer. Y aparecen los seudoespecialistas de ocasión, capaces de explicar en cinco minutos lo que el sistema educativo no consiguió resolver en décadas. Hablan de trayectorias, contextos, reformas, pedagogías y desigualdades estructurales con esa extraordinaria seguridad que suele proporcionar no tener que demostrar resultados.
Algunas explicaciones son razonables. Naturalmente, un estudiante de quince años es producto de una trayectoria educativa y sería absurdo atribuir sus conocimientos exclusivamente al gobierno que administra la educación el día en que responde PISA.
Pero allí también comienza una trampa formidable.
Si cada gobierno puede afirmar que los malos resultados pertenecen al pasado porque los alumnos comenzaron a estudiar antes de que llegara al poder, ningún gobierno será jamás responsable de la educación. Siempre habrá un ministro anterior, una reforma anterior, una pandemia anterior o algún magnífico programa actual cuyos frutos, casualmente, podremos comprobar según la propia ministra dentro de diez años.
La educación se convertiría así en un extraño territorio de la administración pública donde el presente se queda con los anuncios y el pasado carga con los resultados.
PISA no tiene la culpa.
Tampoco la tiene el adolescente que se sienta frente a la prueba llevando sobre sus hombros diez años de escuela.
Ese alumno es una especie de arqueología viviente del sistema educativo. En su cabeza conviven maestros, profesores, ministros, reformas, programas, libros, presupuestos, computadoras, métodos pedagógicos y hasta una pandemia. Cuando no consigue interpretar un texto, utilizar conocimientos científicos o resolver un problema matemático, no está evaluando solamente a su profesor. Está dejando una pequeña radiografía de todo un sistema.
Y aquí conviene recordar algo que parece haberse perdido entre tantas explicaciones. La propia OCDE considera que PISA permite comparar sistemas educativos e identificar fortalezas y debilidades que pueden orientar las políticas públicas.
Es decir, el resultado no debería servir únicamente para preguntarnos qué saben los alumnos.
También debería obligarnos a preguntar qué están haciendo quienes conducen la educación con aquello que ahora sabemos.
Porque ninguna maestra diseña el presupuesto educativo. Ningún profesor decide por sí solo el currículo provincial. Ningún docente compra miles de computadoras, crea programas ministeriales ni establece las prioridades políticas del sistema. El docente enseña dentro de una estructura que otros administran.
Por eso el verdadero debate comienza después de PISA. Si existen dificultades para comprender textos, resolver problemas matemáticos o aplicar conocimientos científicos, la discusión relevante no consiste en buscar a quién arrojarle el cadáver estadístico. Consiste en preguntarnos por qué, después de tantos años de escolarización, seguimos encontrando deficiencias fundamentales y, sobre todo, qué estamos haciendo hoy para que dentro de tres años no volvamos a discutir exactamente lo mismo.
Repartir computadoras puede ser útil, pero una computadora no comprende un texto. Crear programas puede ser necesario, pero bautizar un programa no resuelve una ecuación. Reformar currículos puede ser indispensable, pero ningún documento ministerial enseña por sí mismo.
La educación ocurre finalmente en un lugar mucho menos espectacular. En un aula, entre un docente y un alumno, cuando una pregunta encuentra una respuesta y alguien consigue comprender algo que antes no comprendía.
Pero esta semana descubrí que el problema puede comenzar bastante antes del aula.
Estuve en el Ministerio de Educación, en el segundo piso del Centro Cívico. Mientras esperaba, decidí hacer una pregunta sencilla a tres funcionarios.
—¿Qué significa PISA?
Ninguno supo responder.
No pregunté por metodología de muestreo, niveles de desempeño, competencias evaluadas ni criterios estadísticos. Pregunté solamente qué significaban esas cuatro letras sobre las que funcionarios, periodistas y seudoespecialistas llevan días opinando.
El funcionario de mayor cargo finalmente tuvo una respuesta.
No para PISA.
Para mí.
Me dijo que yo no era nadie para tomarle la lección.
Y entonces comprendí que tal vez estamos mirando la prueba desde el lado equivocado.
Cada tres años evaluamos cuánto aprendieron nuestros alumnos.
Quizá haya llegado el momento de preguntarnos cuánto saben quienes conducen su educación.
Porque resulta relativamente fácil explicar por qué un adolescente de quince años no conoce una respuesta.
Mucho más difícil es explicar por qué un funcionario del Ministerio de Educación se molesta cuando alguien se atreve a hacerle la pregunta.
