No todos los días llega a San Juan una reconocida especialista argentina en derecho constitucional y electoral. Y no todos los días alguien que conoce desde adentro los engranajes de la Justicia viene a hablar de independencia, mérito, transparencia y federalismo, cuatro palabras que nuestra República escribe con extraordinaria facilidad y cumple con bastante menos entusiasmo.
Alejandra Lázzaro llega a San Juan como candidata suplente de la Lista 1, Abogacía Federal, en las elecciones para representar a los abogados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación. Pero reducirla a la condición de candidata sería cometer esa simplificación tan argentina de mirar primero la boleta y después el currículum.
Doctora en Derecho, profesora universitaria y especialista en derecho constitucional, electoral y derechos políticos, Lázzaro lleva décadas transitando ese territorio donde la Constitución deja de ser un libro que los abogados citamos con solemnidad y comienza a enfrentarse con algo bastante más complicado que la doctrina.
El poder.
Y allí empieza lo interesante.
En 2018 quedó primera en el orden de mérito del concurso para cubrir una vacante en la Cámara Nacional Electoral. La terna fue elevada al Poder Ejecutivo, pero Mauricio Macri terminó su mandato sin proponer a ninguno de sus integrantes. Dos años después, Alberto Fernández eligió a Daniel Bejas, quien había quedado segundo en aquel orden de mérito, remitió su pliego al Senado y finalmente fue designado camarista.
Lázzaro, que había encabezado el concurso, quedó afuera.
Desde el derecho puede explicarse que ocupar el primer lugar en un orden de mérito no elimina las potestades constitucionales de quienes posteriormente intervienen en una designación. Los abogados conocemos perfectamente la diferencia entre una facultad reglada y una potestad discrecional.
El problema aparece cuando la discrecionalidad comienza a parecerse demasiado a otra cosa.
Porque discrecionalidad no significa arbitrariedad. Y cuando quien encabeza un orden de mérito no resulta elegido, la República debería exigir algo bastante elemental que muchas veces parece revolucionario.
Una explicación.
De lo contrario, los concursos corren el riesgo de convertirse en una magnífica escenografía administrativa. Exámenes, antecedentes, expedientes, entrevistas, dictámenes y resoluciones para que finalmente la verdadera discusión ocurra donde casi nunca existen cámaras ni versiones taquigráficas.
Y hay algo todavía más incómodo en la historia de Lázzaro. Su caso atravesó dos gobiernos nacionales de distinto signo político. Macri dejó pasar la designación. Fernández terminó escogiendo al segundo de la terna. Por eso sería demasiado sencillo convertir el episodio en una acusación partidaria. Lo verdaderamente interesante es lo contrario. Obliga a mirar el sistema.
Quizá por eso la presencia de Lázzaro en San Juan tiene una dimensión que excede su candidatura.
El Consejo de la Magistratura ocupa uno de los lugares más delicados del sistema republicano. Interviene en la selección de quienes después tendrán la enorme responsabilidad de juzgar, administra recursos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias. Dicho de manera menos jurídica, participa en la construcción del poder encargado de controlar al poder.
Y esa pequeña paradoja explica buena parte del problema argentino.
Queremos jueces independientes, pero alguien tiene que seleccionarlos. Queremos magistrados que no respondan a intereses políticos, pero la política participa constitucionalmente del sistema. Queremos concursos sustentados en idoneidad, antecedentes y oposición, pero después aparecen negociaciones, equilibrios y acuerdos.
La solución no consiste en fingir que la política no existe. Eso sería infantil.
La cuestión consiste en evitar que se apropie del procedimiento.
Un juez puede llegar a su cargo después de atravesar todos los mecanismos constitucionales previstos. Lo que nunca debería llegar con él al despacho es una deuda de obediencia.
Porque cuando un magistrado comienza a recordar quién lo ayudó a sentarse detrás del escritorio, la independencia judicial deja de ser una garantía constitucional y empieza a convertirse en literatura.
Lázzaro y Abogacía Federal ponen sobre la mesa la transparencia de los concursos, la idoneidad profesional, las auditorías, la formación judicial, la modernización y una representación verdaderamente federal de la abogacía. Y esta última cuestión debería interesarnos particularmente en San Juan.
Porque la Argentina practica desde hace dos siglos una extraña modalidad de federalismo.
Somos federales, pero casi todo parece quedar más cerca de Buenos Aires.
Las provincias existen, naturalmente. Figuran en la Constitución, eligen gobernadores, tienen legislaturas, cortes, abogados, universidades y una saludable costumbre de aparecer en los discursos nacionales cuando alguien necesita recordar que el país continúa después de la General Paz.
Pero el poder tiene geografía.
Y la Justicia también.
Por eso importa que Lázzaro esté en San Juan. No porque una visita transforme automáticamente una candidatura en federal ni porque recorrer provincias otorgue certificado de federalismo. Eso sería demasiado sencillo. El verdadero federalismo comienza cuando termina la campaña.
Se demuestra cuando hay que decidir.
Cuando aparece una vacante. Cuando se abre un concurso. Cuando deben evaluarse antecedentes. Cuando hay que administrar recursos. Cuando llega el momento de votar. Cuando el candidato técnicamente mejor posicionado no coincide con el nombre políticamente más conveniente.
Allí se descubre cuánto federalismo, independencia e idoneidad cabían realmente dentro del discurso.
También resulta saludable discutir algo que durante demasiado tiempo pareció reservado a especialistas. La Justicia no puede evaluarse únicamente por la calidad jurídica de sus sentencias. También debe observarse cuánto tarda en producirlas.
El plazo razonable forma parte del debido proceso. La tutela judicial efectiva no consiste simplemente en permitir que una persona presente un escrito y espere pacientemente mientras envejece el expediente. Una sentencia impecable que llega quince años tarde puede ser jurídicamente admirable y humanamente inútil.
La mora judicial también es una forma de injusticia.
Y allí un Consejo de la Magistratura que pretenda modernizarse tiene mucho por hacer. Auditorías, estadísticas, vacantes, duración de los concursos, administración de recursos y transparencia deberían dejar de ser asuntos que solamente conocen quienes habitan los pasillos judiciales.
La Justicia administra poder público.
Por lo tanto, también debe rendir cuentas.
En la agenda de Abogacía Federal aparece además otro asunto inevitable, la incorporación de nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial al sistema judicial. El desafío será enorme porque la tecnología puede ayudar a ordenar expedientes, sistematizar jurisprudencia, detectar demoras y procesar información con una velocidad imposible para cualquier estructura humana.
Pero existe un límite.
La inteligencia artificial puede asistir al juez.
Nunca debería reemplazarlo.
Un algoritmo no comparece ante la sociedad para explicar sus sesgos, no responde institucionalmente por sus errores y tampoco puede esconderse detrás de una fórmula matemática cuando están en juego la libertad, el patrimonio o los derechos de una persona.
La tecnología podrá cambiar la Justicia.
La responsabilidad de juzgar deberá continuar siendo humana.
Por todo esto, la llegada de Alejandra Lázzaro a San Juan debería ser bastante más que una conferencia de prensa y una fotografía para las redes. Es una oportunidad para discutir qué clase de Consejo de la Magistratura queremos, cómo seleccionamos a nuestros jueces, cuánto vale realmente el mérito, dónde termina la discrecionalidad y comienza la arbitrariedad, y qué significa hablar de federalismo desde una provincia que conoce perfectamente la distancia que existe entre Buenos Aires y el resto del país.
Los abogados deberán escucharla y preguntarle.
Nosotros, los periodistas, también.
Porque Lázzaro llega hablando de independencia, transparencia, idoneidad y federalismo. Conceptos enormes, constitucionalmente hermosos y políticamente incómodos.
Su propia historia demuestra que entre encabezar un orden de mérito y sentarse en el despacho puede existir un largo corredor.
Por ese corredor pasaron dos gobiernos.
Y al final apareció la política.
Por eso su presencia en San Juan importa. No porque venga a enseñarnos qué dice la Constitución. Después de más de ciento setenta años deberíamos conocerla.
Importa porque viene a discutir algo bastante más difícil.
Cómo conseguir que, alguna vez, el poder también la obedezca.
