La Ciudad de San Juan aparece invitando a una conferencia que se define como parte de una “batalla cultural”. El problema no es que Agustín Laje hable ni que alguien defienda determinadas ideas. El asunto comienza cuando el Estado pone su nombre en el afiche y la política empieza a mirar el calendario electoral.
El próximo 29 de septiembre habrá una batalla en San Juan. Por suerte no harán falta soldados, aunque sus organizadores han elegido cuidadosamente el vocabulario de guerra. Tampoco habrá trincheras, salvo que alguien decida llamar así al escenario del Cine Teatro Municipal. El encuentro se denomina “Un faro de esperanza, la batalla no termina” y tendrá como principales expositores a Agustín Laje y Gabriel Ballerini.
Hasta allí, nada extraordinario. En democracia cada quien tiene derecho a defender la vida, cuestionar el aborto, hablar de familia, denunciar el globalismo, combatir eso que algunos llaman “wokismo” y anunciar incluso que Occidente se termina el próximo jueves después del almuerzo. Del otro lado, alguien tendrá exactamente el mismo derecho a decir que todo aquello es una exageración. La democracia tiene esa incómoda costumbre de permitir que el otro también hable.
La convocatoria no se disfraza. Ballerini hablará sobre “Del silencio a la acción” y Laje sobre “Globalismo y wokismo”. Estamos frente a una actividad con una orientación cultural e ideológica explícita. Y está bien que así sea.
El problema comienza con algo bastante más pequeño que todas esas grandes palabras. Un logotipo.
En la publicidad aparece una frase aparentemente inocente, “Invita – Ciudad San Juan”. Tres palabras. A veces la política necesita discursos de una hora para explicar lo que un logotipo consigue decir en dos centímetros.
¿Qué significa que la Ciudad de San Juan invita? ¿El municipio facilita el Cine Teatro? ¿Lo alquila? ¿Lo cede? ¿Aporta personal, seguridad, limpieza, difusión o logística? ¿Existe algún aporte económico? ¿Quién solicitó el espacio y bajo qué condiciones fue concedido?
No conozco las respuestas y precisamente por eso pregunto. El periodismo debería conservar esa vieja costumbre de preguntar antes de acusar. Preguntar no significa perseguir a Laje, censurar a Ballerini ni discutir el derecho de los organizadores a sostener sus posiciones. Significa fiscalizar. Y fiscalizar al Estado consiste en algo bastante sencillo, averiguar qué hace con aquello que no le pertenece.
Porque el Cine Teatro Municipal no pertenece al intendente, ni a un concejal, ni a una organización religiosa, política o cultural. Pertenece a la ciudad. Los funcionarios solamente lo administran durante un rato de la historia.
Pero hay algo más. El calendario.
San Juan ya comienza a mirar hacia 2027. En política siempre falta mucho para las elecciones hasta que empiezan a aparecer los escenarios, los aliados, los discursos, las fotografías y los abrazos. Entonces uno descubre que faltaba bastante menos.
Por eso la presencia institucional del municipio adquiere una dimensión que excede la utilización de una sala. Agustín Laje no es un desconocido profesor que llega a San Juan para explicar a Kant. Es uno de los intelectuales más visibles de la denominada batalla cultural liberal-conservadora y mantiene una relación pública con Javier Milei y sectores identificados con ese universo político. Nada de eso invalida lo que pueda decir, pero vuelve políticamente significativa la aparición de una institución estatal como invitante.
No sabemos si existe una intención electoral detrás de esa participación y sería irresponsable afirmarlo sin pruebas. Pero tampoco hace falta padecer una inocencia incurable para comprender que, cuando comienza a acercarse un nuevo ciclo electoral, los gestos institucionales también producen mensajes políticos. Una fotografía comunica. Un escenario comunica. Un logotipo comunica.
Entonces aparece una pregunta inevitable. ¿A quién le resulta políticamente conveniente este acompañamiento?
Quizá a nadie. Quizá simplemente estamos ante una política municipal de apertura de espacios. Sería una respuesta válida y existe una forma bastante sencilla de comprobarlo.
Imaginemos el mismo Cine Teatro, las mismas luces, las mismas butacas y el mismo escenario. Solo cambiemos a los protagonistas. Supongamos que mañana una organización con posiciones contrarias solicita el lugar para realizar una conferencia en defensa de la Ley 27.610, los derechos reproductivos, el feminismo o la diversidad. ¿Recibiría las mismas condiciones? ¿Aparecería también en el afiche “Invita – Ciudad San Juan”?
Si la respuesta es sí, estaremos frente a una política pública de apertura institucional. Si fuera diferente, tendremos otra discusión. No hace falta gritar para llegar hasta allí. Basta preguntar.
También resulta interesante que los organizadores anuncien espacios para preguntas y polémica. Excelente. Pero una conferencia con preguntas no necesariamente es un debate.
Un debate requiere contradicción. Alguien enfrente capaz de decir no y explicar por qué. Si dos conferencistas sostienen posiciones cercanas, hablan ante un público mayoritariamente afín y luego responden preguntas, tendremos una conferencia participativa, probablemente interesante, pero no necesariamente una confrontación de ideas.
El 29 de septiembre podremos comprobarlo. ¿Las preguntas serán abiertas? ¿Podrá preguntar cualquiera? ¿Habrá espacio para quienes discrepen? ¿Habrá alguien sentado en el escenario defendiendo seriamente aquello que los conferencistas cuestionan?
Porque hemos inventado una modalidad extraordinariamente confortable de debate. Nos reunimos con quienes piensan como nosotros para discutir cuánto se equivocan los que no vinieron. El adversario aparece en una diapositiva, en un discurso o convertido en categoría ideológica. Está en todas partes, excepto en la silla de al lado.
Quizá esta vez sea diferente.
Mientras tanto, la pregunta más interesante quizá esté escrita discretamente en el afiche.
“Invita – Ciudad San Juan”.
Agustín Laje tiene derecho a hablar. Gabriel Ballerini también. Quienes piensen diferente tienen derecho a responderles. Pero cuando el Estado aparece en el escenario, la discusión cambia. Ya no hablamos solamente de libertad de expresión. Hablamos también de transparencia, igualdad de trato y, si los hubiera, recursos públicos.
Y cuando empieza a sentirse ese perfume inconfundible de las próximas elecciones, hasta un pequeño logotipo merece ser observado con lupa.
Quizá todo tenga una explicación administrativa sencilla. Sería estupendo.
Solo falta conocerla.
Porque antes de preguntarnos quién ganará la batalla cultural, la Municipalidad debería responder una pregunta bastante más modesta.
¿Por qué invita la Ciudad de San Juan?
Después discutimos quién tiene razón.
Primero sepamos quién puso el escenario y cuánto nos costará.
