Dilexis S.A (Tía Maruca) apagó sus máquinas en Albardón y dejó a decenas de trabajadores frente a la incertidumbre. Lo extraño comienza después. Socios, gerentes y empleados de confianza guardan silencio, mientras funcionarios provinciales parecen conocer perfectamente qué ocurre puertas adentro. Quizás sea solamente preocupación gubernamental. O quizás alguien esté administrando cuidadosamente una noticia que políticamente resulta bastante incómoda.
Las fábricas también mueren. Algunas lo hacen de golpe, con un portazo metálico y definitivo. Otras agonizan lentamente. Primero desaparece un turno, después una línea de producción, más tarde los trabajadores y finalmente queda alguna luz encendida para que desde afuera todavía parezca que allí ocurre algo. En Albardón, Tía Maruca parece haber llegado a ese momento.
La planta sanjuanina paralizó su producción después de meses trabajando por debajo de su capacidad. Una fábrica que llegó a albergar a más de 300 trabajadores terminó convertida en silencio, incertidumbre e indemnizaciones. Hasta aquí podríamos escribir simplemente la crónica de otra fábrica que se apaga. Una empresa que no pudo sostenerse, máquinas detenidas y familias preguntándose qué harán mañana. Pero esta historia tiene una particularidad. Mientras la fábrica guarda silencio, el Gobierno parece tener demasiado para contar.
El problema comienza cuando uno pregunta.
Porque alrededor de Tía Maruca ocurre algo curioso. Los socios no hablan, los gerentes tampoco y los empleados de confianza parecen haber hecho un pacto repentino con el silencio. Nadie quiere explicar demasiado qué ocurre dentro de una empresa cuya situación, paradójicamente, parecen conocer bastante bien algunos funcionarios del Gobierno provincial. Mientras quienes administraron la fábrica callan, desde el Gobierno aparecen explicaciones, argumentos y un relato sorprendentemente ordenado sobre lo ocurrido.
Uno comienza a sospechar que, en sus horas libres, algunos funcionarios también hacen galletitas.
La ironía sería apenas divertida si detrás no hubiera trabajadores esperando saber qué ocurrirá con sus empleos y sus indemnizaciones. Por eso las preguntas son inevitables. ¿Existe algún acuerdo entre la empresa y el Gobierno provincial? ¿Se está sosteniendo lo básico indispensable para evitar que el cierre termine de hacerse público y políticamente inevitable? ¿Hay asistencia económica, gestiones financieras, garantías, subsidios o compromisos provinciales? ¿Por qué los funcionarios parecen tener mayor disposición para explicar la situación que los propios responsables empresariales?
Puede existir una explicación perfectamente razonable. Que la den.
Ayudar a una empresa en dificultades no constituye ningún escándalo. Si el Gobierno intenta recuperar una fábrica y preservar puestos de trabajo, debería explicarlo con documentos, cifras y condiciones. Incluso podría ser una decisión defendible. Pero una cosa es sostener una fábrica para salvarla y otra mantenerle el pulso artificialmente para evitar que el certificado de defunción tenga fecha durante esta gestión. Allí la cuestión deja de ser exclusivamente empresarial y comienza a convertirse en un problema político.
Los gobiernos adoran las fábricas cuando abren. Hay cascos blancos, tijeras, cintas, cámaras, funcionarios sonrientes y discursos anunciando que comienza una nueva etapa. Cuando cierran ocurre un fenómeno digno de estudio. Desaparecen todos. Una fábrica cerrada tiene pésima estética electoral, mucho más en una provincia que habla permanentemente de inversiones, crecimiento, desarrollo y futuro. Mientras esperamos los miles de empleos prometidos para mañana, quizá convendría contar también los que estamos perdiendo hoy.
Porque Tía Maruca no es solamente un edificio industrial. Detrás existen trabajadores, familias, proveedores, transportistas y pequeños comercios. Cuando una fábrica se apaga, la oscuridad nunca termina en el portón. Por eso sería saludable que el Gobierno explique exactamente cuál es su participación. Si está intentando salvarla, que muestre el plan. Si existen recursos públicos comprometidos, que diga cuánto. Si hay acuerdos, que los publique. Y si no existe absolutamente nada, mucho mejor. Bastará aclararlo y permitir que la empresa explique su propia situación.
Aquí aparece entonces la pregunta más sencilla y, quizá por eso, la más incómoda. ¿Por qué hablan tanto quienes no son propietarios y callan tanto quienes sí lo son?
No afirmo todavía que exista un acuerdo oculto. Para hacerlo hacen falta documentos y pruebas verificables. Pero los silencios también pueden convertirse en indicios cuando demasiadas personas deciden callar al mismo tiempo y otras parecen haber aprendido exactamente lo que deben decir. El periodismo empieza precisamente allí, preguntando aquello que nadie parece demasiado interesado en contestar.
Mientras tanto, en Albardón las máquinas permanecen en silencio.
Curiosamente, quienes más hablan están en el Gobierno.
Debe ser que el ministro de Producción y el secretario de Industria y Comercio, en sus horas libres, también hacen galletitas.
