San Juan tiene 36 diputados para legislar, representar, controlar y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Sin embargo, mientras el Gobierno compra, contrata, organiza eventos, firma convenios y compromete millones, los pedidos de información económica escasean. Algunos opositores incluso parecen haber descubierto que resulta más confortable acercarse al gobernador que incomodarlo con preguntas. Porque una cosa es llenar la Legislatura de proyectos y otra bastante distinta ejercer el poder que les dieron los ciudadanos para preguntar dónde, cómo y en qué se gasta el dinero público.
Hay silencios que nacen de la prudencia y otros del miedo. Los hay también por conveniencia, disciplina partidaria o simple comodidad. Pero existe una clase de silencio particularmente interesante, ese que se instala alrededor del poder, se acostumbra a sus alfombras, aprende a sonreír en las fotografías y termina pareciéndose demasiado a la obediencia.
San Juan tiene 36 diputados provinciales. Treinta y seis personas elegidas para representar a los ciudadanos, sancionar leyes y controlar al Poder Ejecutivo. Tienen bloques, oficinas, asesores, comisiones y una estructura que, naturalmente, también pagamos nosotros. Sin embargo, después de revisar la actividad legislativa del último año, quizá convenga interrumpir por unos minutos la solemnidad parlamentaria para ofrecer una pequeña clase de Educación Cívica.
No se preocupen, señores diputados. Será breve.
Fiscalizar también es parte de su trabajo.
Fiscalizar significa preguntar qué hizo el Gobierno con el dinero, cuánto gastó, quién cobró, cómo fue contratado, qué empresa resultó adjudicataria, cuánto se presupuestó y cuánto terminó ejecutándose. Significa pedir expedientes, contratos, convenios, facturas, modificaciones presupuestarias y documentación. Significa verificar si las leyes se cumplen y si los millones que salen del bolsillo de los ciudadanos llegan realmente al lugar anunciado. No es conspirar contra el gobernador, poner palos en la rueda ni estar contra San Juan. Es, sencillamente, hacer de diputado.
Quizá la confusión provenga de que durante demasiado tiempo cierta política argentina convirtió la división de poderes en una fotografía familiar. Ejecutivo y Legislativo aparecen juntos, sonríen juntos, inauguran juntos y algunas veces hasta parecen pensar juntos. Montesquieu probablemente pediría que le devolvieran el libro.
La Legislatura de San Juan ofrece motivos para semejante confusión. Nuestro relevamiento del portal oficial encontró al menos una docena de iniciativas inequívocamente vinculadas con la fiscalización del Ejecutivo durante el período analizado. Hubo pedidos sobre FODERE, Hidráulica, convenios, merenderos, discapacidad, Cuesta del Viento e infraestructura hídrica, entre otros asuntos. No significa que hayan sido las únicas acciones de control ni que toda fiscalización parlamentaria deba expresarse mediante un pedido de informes, pero frente a la dimensión económica del Estado provincial la cifra obliga, como mínimo, a levantar una ceja.
Porque dinero no falta. Tenemos obra pública, contrataciones, programas, computadoras, publicidad oficial, Origen San Juan, ArgOliva, Ironman, Fiesta Nacional del Sol, eventos deportivos, convenios, transferencias, deuda autorizada y compromisos económicos que en algunos casos se cuentan en cientos de millones de dólares. El Gobierno gasta, la administración contrata, los funcionarios anuncian, las cámaras fotografían y la Legislatura, demasiadas veces, contempla.
Lo verdaderamente extraordinario aparece cuando algunos diputados exhiben orgullosamente la cantidad de proyectos presentados como certificado de productividad política. Cincuenta, cien, doscientos. La cifra siempre queda bonita en una placa para redes sociales.
Perfecto. Ahora contemos otra cosa.
¿Cuántas solicitudes de información económica presentaron?
¿Cuántas veces preguntaron por contrataciones, ejecución presupuestaria, costos finales, facturas, proveedores, convenios o modificaciones de partidas? Porque presentar proyectos para declarar de interés una actividad, reconocer una institución, saludar un aniversario o acompañar una celebración puede engordar magníficamente una estadística. Pero cien proyectos de esa naturaleza no equivalen a una sola pregunta seria sobre cien millones de pesos. La democracia no se mide al kilo de expediente. Un diputado puede llenar un depósito de proyectos y continuar sin haber incomodado al poder una sola tarde.
Y entonces aparece uno de los personajes más fascinantes de nuestra fauna política contemporánea, el opositor fotogénico. Llegó enfrentando al oficialismo, construyó su identidad desde la vereda de enfrente y un buen día descubrió que el poder no era tan desagradable visto de cerca. Comenzaron las coincidencias, después las sonrisas y finalmente las fotografías. La oposición siguió existiendo, naturalmente, pero con una particularidad extraordinaria. Cada vez se distingue menos.
Fotografiarse con el gobernador no demuestra complicidad. Sería absurdo afirmarlo. La institucionalidad exige compartir actos, reuniones y ceremonias. El problema aparece cuando aumentan las fotografías y disminuyen las preguntas. Entonces el ciudadano tiene derecho a preguntarse si estamos frente a una oposición madura que acompaña aquello que considera correcto o si presenciamos la lenta domesticación de algunos opositores.
¿Se trata de responsabilidad institucional o de dirigentes que, después de gestiones paupérrimas y carreras políticas debilitadas, descubrieron que acercarse al oficialismo puede ser una manera bastante eficiente de no quedarse sin silla cuando vuelvan a repartir los lugares del escenario?
No conozco la respuesta. Por eso pregunto. Extraña costumbre, ya sé.
Un opositor responsable no tiene obligación de rechazar todo cuanto propone el Gobierno. Puede acompañar una buena ley, reconocer una política acertada y trabajar junto al Ejecutivo cuando el interés de San Juan lo exige. Pero precisamente porque es oposición debe conservar algo que ninguna fotografía puede quitarle, la capacidad de incomodar. Cuando esa capacidad desaparece, la oposición corre el riesgo de convertirse en escenografía. Está ahí, ocupa espacio, completa la imagen y hasta aporta pluralidad cromática, pero no controla nada.
El oficialismo tampoco queda exento. Existe una deformación según la cual fiscalizar sería responsabilidad exclusiva de la oposición. Un diputado oficialista no fue elegido secretario privado del gobernador ni custodio parlamentario de sus decisiones. Antes que integrante de un partido es miembro de otro poder del Estado. Controlar al gobernador de su propio espacio no es traición. Se llama República.
Y quizá allí esté el problema verdadero. Hemos degradado tanto determinadas palabras que hacer preguntas parece una agresión y pedir una factura puede interpretarse como una declaración de guerra. No debería ser así. Si las cuentas están bien, se muestran. Si los procedimientos fueron correctos, se explican. Si los contratos respetaron la ley, se publican. Si los millones fueron correctamente utilizados, se documentan. La transparencia tiene una característica maravillosa. No necesita guardaespaldas.
Por eso sería interesante hacer un ejercicio que no requiere demasiada inteligencia ni sofisticados sistemas de auditoría. Tomemos los grandes gastos del Gobierno provincial durante el último año —Fiesta Nacional del Sol, eventos, publicidad oficial, contrataciones, compras millonarias, convenios, deuda, obra pública, programas y adquisiciones— y coloquemos al lado una pregunta muy sencilla.
¿Quién pidió las cuentas?
Después coloquemos otra columna.
¿Quién estuvo en la foto?
Tal vez allí aparezca una radiografía bastante más precisa de nuestra política que la que ofrecen los discursos de campaña.
No me impresiona demasiado que un diputado anuncie que presentó cien proyectos. Quiero saber cuántas veces utilizó su banca para hacer aquello que un ciudadano común difícilmente puede hacer frente al poder. Exigir documentos, pedir explicaciones, revisar números y preguntar por nuestro dinero. Porque para eso también lo elegimos y para eso también le pagamos.
No afirmo que exista una complicidad organizada para no preguntar. Una acusación semejante exige pruebas y el periodismo serio debe saber detenerse exactamente donde terminan los hechos. Pero tampoco acepto la ingenuidad como método de análisis. Cuando un Gobierno administra semejante cantidad de recursos y una Legislatura fiscaliza tan poco, el silencio adquiere dimensión política. Puede llamarse comodidad, disciplina partidaria, incapacidad, conveniencia o miedo a quedar fuera del próximo reparto.
La palabra complicidad puede esperar. No tenemos ninguna urgencia por utilizarla. Hay palabras que conviene dejar reposar mientras aparecen los documentos, porque el silencio posee una cualidad que los políticos suelen olvidar. Puede esconder muchas cosas durante algún tiempo, pero cuando se prolonga demasiado termina convirtiéndose él mismo en evidencia.
Así que la próxima vez que un diputado publique orgulloso la cantidad de proyectos que presentó o aparezca sonriente junto al gobernador, no hace falta insultarlo ni discutirle la fotografía.
Preguntémosle algo mucho más sencillo.
Diputado, ya vimos la foto. Ahora muéstrenos cuántas veces pidió las cuentas.
