ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Hay historias que necesitan meses de investigación. Esta necesitó dos capturas de pantalla.
Una es del 26 de agosto. La otra, del 27. Entre ambas hay un expediente, cuatro meses sin respuesta, más de dos horas de búsqueda, un funcionario que asegura que fue entregado “en mano”, ningún remito exhibido y una amenaza de llamar a la Policía porque un ciudadano preguntó dónde estaba su expediente.
El número es 700-000422-2026. Y hasta ayer el propio Estado decía dónde estaba.
El sistema oficial mostraba que ingresó el 28 de abril de 2026 a las 10:58:35 por la Mesa de Entrada del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda. A las 12:36:49 pasó a la Subsecretaría de Coordinación Administrativa. Tengo la captura; lo decía el propio sistema, no un opositor ni un anónimo.
En la consulta documentada no aparecía ningún pase posterior al Ministerio de Educación.
Esta mañana fui a la Subsecretaría para saber por qué, cuatro meses después, un pedido de acceso a la información pública continuaba allí.
Comenzaron a buscarlo. No aparecía. Pasó una hora y después otra, el expediente existía oficialmente, pero nadie sabía dónde estaba.
Finalmente apareció el subsecretario de Coordinación Administrativa, Sergio Benavidez. Me recibió.
—El expediente pasó a Educación.
Pedí algo elemental:
—¿Puede mostrarme el remito para saber a qué oficina fue enviado y continuar el seguimiento?
No pudo exhibírmelo. Según explicó, el expediente había sido entregado “en mano”.
Cuatro meses esperando información sobre el uso de fondos públicos y ahora descubría que el expediente, según esa explicación, había viajado de mano en mano. Le señalé que un expediente administrativo debería dejar constancia de cuándo sale, adónde va y quién lo recibe.
La conversación cambió de tono. Benavidez respondió que yo no era nadie para enseñarle cómo trabajar y que, si seguía preguntando, llamaría a la Policía.
Sonreí.
—Llámela. Espero acá.
La Policía nunca llegó. El expediente tampoco.
El ciudadano peligroso
La amenaza preocupa más que el malhumor. No fui a insultar ni impedir nada, fui a preguntar por un expediente iniciado por mí, amparado por el derecho de acceso a la información. No hacía falta ser periodista ni abogado; alcanzaba con ser ciudadano.
La información pública no pertenece al funcionario, el Estado la administra, no es su dueño. Por eso inquieta que una pregunta sobre la ubicación de un expediente termine con amenaza de Policía.
¿Qué era peligroso? ¿La pregunta, el expediente o su contenido?
Dos horas después
Dos horas después volví a consultar el sistema oficial. Ingresé los mismos datos y apareció:
“No hay expedientes disponibles para la consulta solicitada.”
Guardé la captura.
Ahora tengo dos: el 26 de agosto el expediente aparecía en la consulta pública; el 27, después de mi reclamo, dejó de aparecer.
No afirmo que alguien lo eliminó deliberadamente, pero tampoco ignoro la secuencia; ayer aparecía, hoy fui, no lo encontraron, el subsecretario dijo que pasó a Educación sin poder exhibir un remito, amenazó con llamar a la Policía y, dos horas después, ya no figuraba.
¿Es transparencia?
Una oficina que no es cualquier oficina
La Subsecretaría de Coordinación Administrativa no es una oficina menor; forma parte de la estructura del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda y debe establecerse con precisión su responsabilidad sobre la trazabilidad de los expedientes que pasan por ella.
El sistema mostraba que el expediente llegó allí el 28 de abril y seguía siendo el último destino documentado. No aparecía Educación.
Afirmar que fue entregado “en mano” agrava el problema: ¿quién ordenó el pase?, ¿quién lo trasladó?, ¿quién lo recibió?, ¿dónde está la constancia?
Y si la Subsecretaría depende directamente del ministro, corresponde saber qué conocimiento tuvo Roberto Gutiérrez de un pedido dirigido precisamente a él y que permaneció durante meses dentro de la estructura de su Ministerio.
No acuso al ministro de haber hecho desaparecer nada. Solo pido algo bastante más elemental, que aparezca el expediente.
Lo que pregunté
Pedí información sobre la compra de computadoras de 2025: montos, proveedores, pliegos, distribución, estado de los equipos, contratos de mantenimiento, posibles ventas ilegales, informes de impacto y detalles de la nueva adquisición anunciada para 2026.
No pregunté cuántas computadoras entregó el gobernador ni cuántas fotografías se publicaron. Pregunté cuánto costaron, quiénes cobraron y qué resultados hubo.
Esas preguntas no entran bien en una publicidad institucional.
La transparencia empieza cuando termina la propaganda
Los gobiernos hablan de transparencia, pero la verdadera empieza cuando un ciudadano pregunta cuánto se gastó y quién cobró, sin recibir pauta ni pedir permiso.
El derecho de acceso a la información pública no existe para que el poder responda solamente aquello que le conviene. Existe precisamente para que cualquier ciudadano pueda mirar detrás del decorado.
Esta historia ya no trata solamente de computadoras. Trata de qué ocurre cuando alguien ejerce un derecho que el Estado dice respetar.
Tengo la solicitud sellada, el número de expediente, las capturas del 26 y 27 de agosto y cuatro meses sin respuesta. No necesito agregar sospechas; los documentos alcanzan para exigir una explicación.
Que el Gobierno muestre el pase a Educación, identifique quién entregó y quién recibió el expediente, explique por qué dejó de aparecer en la consulta pública y responda, finalmente, lo que pregunté el 28 de abril.
Porque hay una confusión que conviene corregir, el ciudadano no debe explicar por qué quiere saber; el funcionario debe explicar qué hizo con su dinero.
Ayer preguntaba cuánto costaron las computadoras. Hoy la pregunta es más sencilla. Señor ministro, ¿dónde está el expediente 700-000422-2026?
