Un juicio que empezó en el subsuelo y terminó en la cima de Wall Street.
En una mesa descascarada de Caminito, con la pintura peleando contra el sol y una taza de café humeante entre las manos, un jubilado hojea el diario mientras los turistas sacan fotos a un falso Gardel que cobra por sonreír. A su lado, el mozo lee de reojo la noticia y murmura que “al final siempre perdemos nosotros”. Los adoquines, que ya vieron pasar más penas que tangos, parecen asentir. Porque esta vez no fue un default ni una tormenta económica: fue un fallo judicial dictado en un idioma extranjero, por una jueza que probablemente nunca pisó La Boca, pero que acaba de quitarle al país el control de su mayor empresa petrolera. Todo por una estatización improvisada, mal leída y peor defendida. Una crónica que comenzó con épica populista y terminó en factura… en dólares y con letra chica.
La historia no empieza con Kicillof
YPF no nació con el kirchnerismo ni con Repsol. Fue fundada en 1922 bajo el gobierno de Hipólito Yrigoyen, como la primera petrolera estatal del mundo, antes incluso que Pemex o Petrobras. Su creación fue un acto de afirmación nacional: el intento de domesticar el subsuelo antes de que lo hicieran los trusts ingleses o estadounidenses. Durante décadas fue sinónimo de desarrollo, industrialización y orgullo. Hasta que, en los años 90, bajo la fiebre privatizadora, fue desmembrada y vendida. Una suerte de despedida del petróleo como bien común.
En los papeles, se trató de “modernización”. En la práctica, significó que una empresa estratégica terminó regida por estatutos redactados en inglés y asesorados por estudios jurídicos de Manhattan. Ese contrato sería más fuerte que cualquier discurso. Y más duradero que cualquier gobierno.
El sueño del oro negro y los Eskenazi
Mucho después, entre 2008 y 2011, el Grupo Petersen —encabezado por la familia Eskenazi, cercana al poder— compró el 25 % de YPF a Repsol. Pero no puso ni un solo dólar propio. Todo fue a crédito, con préstamos otorgados por bancos internacionales y garantizados, casi como un acto de fe, con los dividendos futuros de la empresa.
Era un castillo de arena sostenido por la rentabilidad petrolera y la palabra de Repsol. Un esquema que mezclaba audacia financiera con rosca criolla. Hasta que, en 2012, el Estado apareció para derribar la estructura con un decreto y una bandera.
Cristina Fernández de Kirchner —por entonces sin tobillera, pero con mayoría parlamentaria— impulsó la expropiación del 51 % de YPF, propiedad de Repsol. Axel Kicillof, viceministro de Economía y retórico afilado, fue el vocero técnico y político: denunció un “estatuto leonino” que exigía a quien superara el 15 % del capital lanzar una oferta pública por el total. Se mofó de esa cláusula como si se tratara de un berrinche de CEOs, no de una norma con efectos legales. “¿Dónde está la seguridad jurídica?”, preguntó, con esa mezcla de insolencia y teatralidad que tanto gusta a las cámaras.
Lo que no dijo es que ese “estatuto leonino” había sido firmado por el propio Estado argentino al momento de privatizar YPF. Y que romperlo implicaba consecuencias legales internacionales. Como en los contratos de alquiler, uno puede quejarse del precio, pero no por eso está exento de pagarlo.
Litigation funding: petróleo sin pozos
Cuando el Estado suspendió el pago de dividendos, el Grupo Petersen no pudo cumplir con sus deudas. Petersen Energía y Petersen Energía Inversora quebraron en Madrid. Y entonces apareció Burford Capital, un fondo buitre jurídico con sede en Londres y oficinas en Nueva York. No compra bonos basura ni activos tóxicos: compra causas judiciales. No extrae petróleo, pero invierte en el pleito que puede surgir de un pozo seco.
Burford adquirió por pocos millones de dólares los derechos litigiosos de las empresas quebradas. Y en vez de demandar a YPF —lo cual habría sido discutible— demandó directamente al Estado argentino. Sostuvo que, al no cumplir con el artículo 7º del estatuto, el Estado había perjudicado a los accionistas minoritarios. Que hubo una expropiación sin indemnización, es decir, una confiscación. Y que el derecho internacional, como el petróleo, no se perfora con buenas intenciones.
El caso llegó a manos de la jueza Loretta Preska, sucesora del temido Thomas Griesa, ambos famosos por condenar a Argentina en la saga de los fondos buitre. Preska entendió que la Argentina no había violado ninguna ley nacional, pero sí un contrato internacionalmente vinculante. Falló en su contra, sin titubear.
Errores que cuestan siglos
Argentina fue condenada a pagar primero US$ 5 mil millones. Luego, con intereses, US$ 12 mil millones. Finalmente, US$ 16 mil millones de dólares. La suma más alta que haya tenido que enfrentar el país por un juicio comercial. Todo por haber ignorado una cláusula escrita en un papel firmado con solemnidad en los noventa. El artículo 7º no era poesía neoliberal: era ley contractual.
Kicillof, que alguna vez dijo no haber leído un solo libro de economía en la universidad, actuó como si esa omisión fuera virtud. La épica reemplazó a la jurisprudencia. El relato soberano se impuso al estatuto. Y ahora lo pagamos.
La ignorancia jurídica —cuando es arrogante— se transforma en negligencia de Estado.
¿Soberanía o estatuto?
Lo que está en juego es más que dinero: es el límite entre la soberanía nacional y el derecho comercial internacional. La Constitución argentina permite expropiar por causa de utilidad pública con indemnización previa. Pero ese “previa” no fue respetado. Y los tribunales estadounidenses, como guardianes del capital global, no perdonan.
No se trata de elegir entre patria o colonia. Se trata de cumplir las reglas del juego que uno mismo aceptó. Porque si al firmar un contrato uno renuncia a ciertos derechos, después no puede invocar la bandera.
La frutilla amarga del postre
En 2023, Preska ordenó no solo pagar la indemnización, sino entregar el 51 % de las acciones de YPF. Un gesto simbólico y real: perder el control accionario de una empresa que alguna vez fue bandera de soberanía energética.
El gobierno de Javier Milei —liberal por convicción, pero obligado por contexto— anunció que apelaría. Aunque su cosmovisión simpatice con fondos como Burford, no puede permitir que el país sea desmantelado por vía judicial sin al menos ofrecer resistencia. En su discurso, la casta está en la política. En los hechos, también cotiza en Wall Street.
¿Quién paga los errores?
Como siempre, los errores los cometen otros, pero la factura la pagamos todos. Burford Capital no extrajo ni un litro de petróleo. No contrató a un solo obrero. No invirtió en un solo pozo. Y, sin embargo, será el mayor beneficiario de una historia que empezó con una expropiación y terminó con una ejecución judicial.
La justicia, dicen, es ciega. Pero en Nueva York parece tener rayos X para detectar contratos y desestimar contextos. Repsol fue indemnizada. Los bancos cobraron. Los directivos se retiraron con bonos. Solo el Estado —ese viejo descalzo de la historia— fue mordido por la serpiente legal.
Final con brindis
Y ahora, el petróleo sigue fluyendo… pero la soberanía se nos escurre entre los dedos, como si fuera gas.
Brindemos por ellos:
Por los próceres de la torpeza y la incapacidad.
Por los doctores de los recursos olvidados.
Por los ministros que no leen.
Y si vamos a tragar esta condena, que al menos sea con un malbec argentino.
Total, el vino —a diferencia de algunos funcionarios— mejora con los años.
