Las campañas políticas no siempre empiezan con propuestas. A veces empiezan con inauguraciones selectivas, desplantes institucionales, trolls disciplinados y una maquinaria de desprestigio que parece saber de antemano a quién debe atacar, cuándo debe hacerlo y qué palabra debe repetir.
En San Juan, el inicio de la campaña parece haber llegado envuelto en esa ola matonesca; actos oficiales utilizados como escenarios de diferenciación política, autoridades locales dejadas al margen, acusaciones lanzadas con velocidad sospechosa, amenazas públicas contra dirigentes opositores y una red de difamaciones que no luce espontánea, sino articulada.
El problema no es la confrontación. Toda democracia necesita conflicto. El problema aparece cuando el oficialismo deja de discutir ideas y empieza a construir enemigos. Allí la campaña ya no busca convencer al ciudadano, sino condicionar su mirada. No se le dice «escuche nuestras razones»; se le sugiere «no escuche a nadie más».
La política argentina conoce bien ese mecanismo. En 1958, la Revolución Libertadora publicó el Libro Negro de la Segunda Tiranía, un documento concebido para fijar un relato definitivo contra el peronismo derrotado. Su finalidad era construir una narrativa que justificara la exclusión política del adversario. Más allá de las controversias históricas que ese texto sigue generando, dejó una enseñanza inquietante; cuando el poder necesita escribir un «libro negro» sobre sus opositores, suele ser porque ha dejado de confiar en la fuerza de sus propios argumentos.
Décadas después, las formas cambiaron, pero ciertas lógicas sobreviven con sorprendente vitalidad. Ya no hacen falta cientos de páginas impresas ni comisiones solemnes escribiendo acusaciones desde el poder. Hoy alcanza con una cadena de posteos, perfiles anónimos, operaciones digitales, rumores disfrazados de información y una repetición calculada de etiquetas destinadas a manchar antes que a probar.
Cada época tiene su propio libro negro. El de antes se imprimía. El de ahora se viraliza, se comparte y se replica miles de veces antes de que los hechos puedan defenderse.
Por eso, cuando en departamentos como Angaco y Jáchal aparecen acusaciones convertidas rápidamente en munición política; cuando autoridades departamentales son señaladas públicamente antes de que las instituciones concluyan sus procedimientos; cuando intendentes opositores son tratados como obstáculos y no como representantes legítimos de sus comunidades; cuando quienes piensan distinto pasan a ser el blanco permanente de campañas de desprestigio, el problema deja de ser partidario. Se vuelve institucional.
Porque una cosa es criticar. Otra muy distinta es construir un clima de intimidación política.
La inauguración de obras o actos públicos dejando de lado a las autoridades naturales de un departamento no constituye solamente una cuestión protocolar. Es un mensaje político. Indica quién pertenece y quién debe quedar al margen. Señala quién merece la fotografía oficial y quién debe desaparecer del encuadre. En definitiva, transmite la idea de que el Estado puede convertirse en una herramienta de premios para los propios y de castigos para quienes no acompañan.
Y cuando el Estado se confunde con la campaña, la democracia empieza a perder oxígeno.
A esa escena se suma el ejército digital. Cuentas que aparecen coordinadas, frases repetidas como consignas, ataques simultáneos, acusaciones sin respaldo suficiente y una permanente necesidad de instalar sospechas. No buscan demostrar; buscan ensuciar. No buscan informar; buscan desgastar. No buscan justicia; buscan destruir reputaciones.
El método es antiguo, aunque utilice tecnología nueva: obligar al opositor a defenderse antes de que pueda hablar de propuestas. Convertir cada dirigente incómodo en un expediente moral. Transformar cada diferencia política en una causa y hacer que la sospecha sustituya al debate.
Que un diputado que decide mantenerse fiel a sus convicciones y no someter su voto a la voluntad del oficialismo no se convierte en un enemigo de la democracia. Sigue ejerciendo el mandato que le otorgaron los ciudadanos, precisamente porque la representación política no consiste en obedecer al poder, sino en representar a la sociedad. Eso no es fortaleza política. Es el intento de reemplazar la persuasión por el disciplinamiento.
Un oficialismo seguro de su gestión no necesita perseguir políticamente a intendentes, aislar a quienes piensan distinto ni convertir las redes sociales en un tribunal paralelo. Le basta con exhibir resultados. Pero cuando los resultados dejan de ser suficientes para persuadir, aparece la tentación de sustituir la gestión por el relato y la política por el ardid.
La pregunta, entonces, es inevitable: si el gobierno tiene tanto para mostrar, ¿por qué necesita invertir tanta energía en desacreditar a quienes lo cuestionan?
La democracia no se defiende solamente votando. También se defiende impidiendo que el poder transforme al adversario en enemigo público. Se defiende recordando que un intendente de otra fuerza política sigue siendo una autoridad legítima. Que un diputado que decide mantenerse fiel a sus convicciones y no someter su voto a la voluntad del oficialismo no pierde por ello su legitimidad ni la representación que le otorgaron las urnas. Que una crítica no es una conspiración. Y que una denuncia nunca puede convertirse en condena por obra de un troll.
San Juan no necesita un nuevo libro negro escrito contra todo opositor. Necesita discutir qué provincia quiere ser, cómo generará empleo, cómo fortalecerá su producción, cómo mejorará la educación, cómo transparentará el uso de los recursos públicos y cómo garantizará el respeto institucional a quienes piensan diferente.
Porque cuando una campaña comienza con amenazas, difamaciones y exclusiones, no está exhibiendo fortaleza.
Está revelando su mayor debilidad.
Y quizá esa sea la señal política más importante de todas: cuando un oficialismo necesita destruir primero la reputación de sus adversarios para recién después intentar hablar de su gestión, es porque su presente ya no alcanza para convencer.
