Tres aumentos del 2%, salarios que continúan lejos del costo de vida y un Gobierno que celebra el superávit. Cuando una negociación deja de recomponer ingresos para administrar la resignación, la paritaria deja de ser un acuerdo y se convierte en una forma de maltrato institucional.
La última oferta salarial del Gobierno de San Juan no es simplemente insuficiente. Es una declaración política en toda regla. Con ella, el Estado les dice a miles de docentes que el esfuerzo de educar, la responsabilidad de formar a las futuras generaciones y el sacrificio cotidiano de sostener la escuela pública valen menos que el equilibrio de una planilla contable. No se trata de una propuesta para recomponer salarios, sino de la confirmación de una escala de prioridades donde los números importan más que las personas.
Tres aumentos del 2%, distribuidos entre agosto, octubre y diciembre, fueron presentados por el Gobierno como una muestra de diálogo y responsabilidad fiscal. Sin embargo, para cualquier docente que cada mes hace cuentas para pagar el alquiler, llenar la heladera o afrontar las cuotas de un crédito, la propuesta suena menos a una negociación que a una invitación a resignarse. Porque una paritaria no existe para administrar el deterioro del salario, sino para corregirlo. Cuando el Estado llega a una mesa ofreciendo porcentajes que no alcanzan para revertir la pérdida del poder adquisitivo acumulada durante los últimos años, deja de discutir salarios para empezar a medir cuánto más está dispuesto a soportar un trabajador.
Eso ya no es diálogo.
Es desgaste.
Y cuando el desgaste se convierte en una práctica permanente, la negociación pierde su esencia y comienza a parecerse a una forma de humillación.
La educación suele aparecer en todos los discursos oficiales como el motor del desarrollo, la herramienta para construir el futuro y la inversión más importante de una provincia. Pero las prioridades no se demuestran en los actos escolares ni en los homenajes del Día del Maestro. Se demuestran cuando llega el momento de valorar económicamente a quienes sostienen el sistema educativo. Y es allí donde el relato comienza a desmoronarse.
Mientras los docentes hablan de endeudamiento, de salarios que dejaron de alcanzar, de suplencias demoradas y de expedientes que parecen perderse en la burocracia, la respuesta oficial consiste en fraccionar aumentos mínimos como si la dignidad pudiera pagarse en cómodas cuotas. No hay contradicción más grande que exigir excelencia educativa mientras se naturaliza la precarización de quienes tienen la misión de enseñar.
Un maestro no forma únicamente alumnos. Forma médicos, ingenieros, abogados, científicos, empresarios, periodistas y hasta los futuros funcionarios que algún día volverán a sentarse del otro lado de una mesa paritaria. Sin embargo, cuando ese mismo maestro reclama un salario que le permita vivir con dignidad, el Estado parece responderle con una calculadora.
Y una calculadora jamás podrá medir el valor de un maestro.
Esa respuesta duele, no porque el Gobierno esté obligado a aceptar cualquier reclamo, sino porque transmite una idea mucho más profunda: que el esfuerzo de enseñar vale menos que el equilibrio de una planilla contable. Eso desmotiva, desgasta y humilla. Porque la humillación no siempre llega con un grito. También puede llegar envuelta en tecnicismos, porcentajes cuidadosamente calculados y conferencias de prensa donde se habla de responsabilidad fiscal mientras miles de trabajadores sienten que su realidad quedó completamente ausente de la negociación.
Entonces aparece el otro gran relato: el del superávit.
El ministro de Hacienda celebra que las cuentas públicas cierran y presenta el equilibrio fiscal como la mayor prueba del éxito de la gestión. Nadie discute que un Estado deba administrar con responsabilidad los recursos públicos. Lo que sí puede discutirse es el precio con el que se alcanza ese equilibrio.
Porque los balances también cuentan historias.
Y la pregunta inevitable es otra: ¿qué clase de superávit es aquel que convive con docentes cuyo salario garantizado sigue muy por debajo del costo de vida?
El propio Gobierno fijó para junio un salario docente provincial neto garantizado de $876.332 por cargo testigo. Al mismo tiempo, el último informe del INDEC ubicó la Canasta Básica Total para una familia tipo en $1.498.741,40. La diferencia supera los $620.000. No es una interpretación política. No es un eslogan opositor. Es la distancia entre lo que cuesta no ser pobre y lo que el propio Estado considera suficiente para quienes tienen la responsabilidad de formar a las próximas generaciones.
Entonces el superávit deja de ser únicamente un indicador económico para transformarse en una incómoda pregunta política. Porque un equilibrio fiscal construido mientras quienes educan sienten que cada negociación representa un nuevo retroceso pierde buena parte de su legitimidad social.
Las planillas pueden cerrar. Los números pueden ser impecables. Los ministros pueden felicitarse. Pero existe una contabilidad que jamás aparece en los informes oficiales: la del respeto, la dignidad y el reconocimiento que un Estado les brinda a quienes construyen el futuro desde un aula.
Esa cuenta no admite maquillaje contable.
Porque un gobierno puede exhibir superávit financiero, pero nunca debería sentirse orgulloso de un equilibrio que convive con maestros cuyo salario continúa lejos del costo de vida.
La verdadera riqueza de una provincia no se mide por el saldo de sus cuentas públicas.
Se mide por el valor que les asigna a quienes educan a sus hijos.
Y cuando una paritaria termina convirtiéndose en una experiencia de resignación en lugar de una instancia de justicia, lo que entra en crisis ya no es solamente el salario docente.
Lo que entra en crisis es la autoridad moral de un Estado que dice apostar por la educación mientras les pone precio, en cuotas del dos por ciento, a la dignidad de sus docentes.
