Educación pública, militancia permanente y poder administrativo
Hay algo profundamente argentino en la universidad pública.
Algo litúrgico.
Casi religioso.
Las paredes descascaradas. Los centros de estudiantes convertidos en pequeñas cancillerías ideológicas. Los profesores que enseñan a Foucault como si todavía estuvieran resistiendo a Videla. Los eternos pasillos llenos de fotocopias subrayadas por generaciones enteras que aprendieron más sobre asambleas que sobre impuestos, más sobre consignas que sobre presupuestos.
La universidad argentina no es solamente un lugar donde se estudia.
Es un territorio político.
Y quizás ahí empieza el problema.
Porque mientras el país discutía inflación, pobreza, inseguridad o decadencia productiva, las universidades aprendieron a sobrevivir como pequeños estados autónomos donde el poder rara vez cambia de manos. Cambian los gobiernos nacionales. Cambian los ministros. Cambian los discursos económicos. Pero dentro de muchas facultades sobreviven exactamente las mismas estructuras desde hace décadas.
La democracia universitaria argentina, que alguna vez fue un símbolo de pluralidad intelectual, terminó pareciéndose demasiado a un sistema feudal elegante. Rectorados eternos. Agrupaciones estudiantiles convertidas en franquicias partidarias. Concursos sospechosamente previsibles. Cátedras hereditarias. Sindicatos enquistados. Investigaciones financiadas que nadie lee. Y una burocracia académica que descubrió hace tiempo que el verdadero conocimiento no consiste en producir ideas, sino en administrar presupuesto.
Porque el poder universitario argentino aprendió algo fundamental.
La universidad pública posee inmunidad moral.
Nadie se anima a tocarla demasiado.
Criticar una universidad en Argentina suele equivaler a ser acusado automáticamente de enemigo de la educación pública, de liberal salvaje o de destructor serial de bibliotecas populares. El debate dejó de ser racional hace mucho tiempo. Se volvió emocional. Tribal. Binario.
O defiendes absolutamente todo lo que ocurre dentro del sistema universitario o eres señalado como enemigo del conocimiento.
Y sin embargo, la realidad es mucho más incómoda.
Las universidades públicas argentinas siguen siendo uno de los mayores instrumentos de movilidad social del país. Eso es indiscutible. Millones de personas pudieron convertirse en médicos, abogados, ingenieros o científicos gracias a un sistema gratuito que, aun deteriorado, continúa siendo excepcional en América Latina.
Pero también es cierto que durante años la política convirtió muchas universidades en territorios partidarios antes que académicos.
La universidad empezó a producir militancia como si fuera una unidad básica con biblioteca.
Y entonces aparecieron fenómenos extraños.
Facultades donde determinadas corrientes ideológicas parecen obligatorias. Docentes que enseñan teoría económica como catecismo político. Agrupaciones estudiantiles financiadas indirectamente con recursos públicos. Actos partidarios disfrazados de jornadas académicas. Y una estructura administrativa gigantesca donde muchas veces resulta más fácil ascender políticamente que académicamente.
Mientras tanto, el estudiante común sobrevive.
Trabaja de día. Viaja dos horas en colectivo. Come mal. Rinde agotado. Hace filas eternas para inscribirse. Cursa en edificios deteriorados. Escucha discursos revolucionarios pronunciados desde oficinas con aire acondicionado estatal. Y aprende rápidamente que la universidad argentina posee dos carreras paralelas.
La oficial.
Y la invisible.
La oficial entrega títulos.
La invisible enseña cómo funciona realmente el poder.
Por eso el conflicto actual entre el gobierno de Javier Milei y las universidades no puede analizarse con simplificaciones infantiles. Porque el ajuste presupuestario existe. Y golpea de verdad. Las universidades denuncian una caída real del financiamiento y pérdida salarial docente.
Pero también existe otro problema que durante años nadie quiso discutir seriamente.
La falta de transparencia.
Las auditorías universitarias se transformaron casi en una guerra cultural. El gobierno exige controles más profundos. Los rectorados responden que las universidades ya son auditadas por la AGN y otros organismos. Y ambos tienen parcialmente razón.
Porque el drama argentino nunca es solamente económico.
Es institucional.
En Argentina incluso las discusiones legítimas terminan contaminadas por la lógica facciosa. Entonces la universidad deja de discutirse como política pública y empieza a utilizarse como símbolo electoral. La oposición convierte cada marcha universitaria en una manifestación anti gobierno. El oficialismo responde denunciando adoctrinamiento ideológico y privilegios administrativos. Y en el medio queda la educación real, deteriorándose lentamente bajo toneladas de propaganda cruzada.
Tal vez la tragedia universitaria argentina no sea únicamente presupuestaria.
Tal vez sea cultural.
La universidad dejó de preguntarse qué profesionales necesita el país y empezó a obsesionarse demasiado con sobrevivir políticamente. Se burocratizó. Se ideologizó. Se administró a sí misma como una estructura de poder antes que como una fábrica de conocimiento.
Y aun así —paradoja profundamente argentina— continúa siendo una de las pocas instituciones capaces de producir esperanza social.
Porque incluso destruida, politizada, precarizada y utilizada por todos los gobiernos, la universidad pública todavía conserva algo heroico.
Todavía existe un estudiante leyendo solo en una biblioteca a las once de la noche.
Todavía hay docentes que enseñan cobrando salarios humillantes.
Todavía hay investigadores trabajando con computadoras viejas mientras el país discute estupideces televisivas.
Tal vez por eso la universidad argentina sigue viva.
No gracias a la política.
Sino a pesar de ella.
