Mientras el oficialismo denuncia operaciones y fake news, crecen las dudas por los gastos públicos, la ausencia de balances claros y una transparencia que todavía parece administrarse bajo llave.
Hay algo más peligroso que una fake news: un Estado que perdió la capacidad de generar confianza.
Y en este punto la transparencia deja de ser un detalle técnico para convertirse en una crisis política.
La reciente polémica por la viralización de una supuesta planilla de salarios millonarios en San Juan dejó algo mucho más profundo que una discusión sobre autenticidad documental. El Gobierno asegura que el contenido es falso. Puede serlo. Pero el dato verdaderamente importante no está en la planilla. Está en la reacción social.
Porque una parte importante de la ciudadanía consideró perfectamente posible que aquello fuera cierto.
Y esa percepción no nació en redes sociales.
Nació lentamente, durante años de información fragmentada, balances difíciles de encontrar, gastos poco explicados y una cultura política donde la transparencia suele aparecer más como discurso que como práctica cotidiana.
Entonces la sospecha empieza a ocupar el vacío que deja la información ausente.
Y allí prosperan las medias verdades.
Porque las fake news más eficaces no son necesariamente las mejor fabricadas. Son las que logran encajar dentro de un clima previo de desconfianza. Cuando un gobierno no construye credibilidad mediante datos claros, auditorías visibles y acceso simple a la información pública, cualquier documento viral encuentra terreno fértil para expandirse.
Ese desgaste no apareció de golpe.
Viene acumulándose.
La polémica por la librería. El jamón. Los gastos cuestionados. Las contrataciones discutidas. Los proveedores repetidos. Los eventos oficiales sin balances públicos fácilmente verificables.
Pequeños episodios que aislados pueden parecer menores, pero juntos empiezan a construir algo más grande: la percepción de que el Estado administra dinero público sin aceptar completamente la mirada pública sobre cómo lo hace.
Y cuando esa sensación se instala, incluso las desmentidas legítimas pierden fuerza.
Porque el problema deja de ser técnico. Empieza a ser institucional.
La sociedad argentina además arrastra demasiados antecedentes de privilegios políticos, estructuras sobredimensionadas y manejos poco claros como para reaccionar con ingenuidad automática. Décadas de escándalos reales deformaron la relación entre ciudadanía y credibilidad estatal.
Entonces, cuando aparece una cifra absurda, mucha gente ya no piensa “eso es imposible”.
Piensa: “Ya vimos cosas peores”.
Ese deterioro es devastador para cualquier democracia.
Y allí aparece otra contradicción incómoda para el oficialismo provincial.
El Gobierno insiste constantemente en describir una provincia económicamente crítica heredada de gestiones anteriores. Se habla de desorden financiero, problemas estructurales y una situación compleja recibida del pasado. Sin embargo, mientras ese relato se sostiene políticamente, las consecuencias judiciales concretas siguen siendo difusas.
Porque cuando una administración asegura haber encontrado un escenario devastado, la sociedad naturalmente espera auditorías contundentes, investigaciones profundas y responsabilidades visibles.
Pero cuando las denuncias no avanzan con la misma intensidad que los discursos públicos, inevitablemente aparece otra sospecha; si el desastre era tan grande, ¿dónde están las consecuencias proporcionales?
Mientras tanto, lo que sí parece visible para gran parte de la ciudadanía es otra cosa; el gasto continúa.
Y continúa en una provincia donde simultáneamente se habla de austeridad y restricciones económicas.
Allí aparece el punto más delicado de todos; la contradicción entre el discurso administrativo y la percepción cotidiana de la gente.
Porque las sociedades pueden tolerar errores. Incluso pueden tolerar ajustes. Lo que cada vez toleran menos son las incoherencias.
Por eso el problema ya no es solamente una planilla viral.
El verdadero problema es la crisis de confianza entre política y ciudadanía.
El Estado moderno ya no puede pedir credibilidad basada únicamente en autoridad institucional. Tiene que construirla mostrando números, publicando balances, abriendo datos y permitiendo controles reales.
La transparencia no consiste en indignarse frente a una cámara.
Consiste en explicar. Mostrar. Auditar. Publicar. Permitir que la sociedad pueda verificar por sí misma cómo se administra el dinero público.
Porque cuanto más difícil es acceder a la información real, más fácil resulta que prospere la falsa.
Esa es la paradoja que hoy atraviesa no solamente a San Juan, sino a gran parte de la política argentina.
Los gobiernos denuncian operaciones mientras administran información incompleta. La oposición denuncia corrupción mientras muchas veces tampoco mejora los mecanismos de control cuando gobierna. Y en el medio queda una ciudadanía agotada, atrapada entre relatos cruzados donde la verdad siempre parece llegar tarde, fragmentada o cuidadosamente editada.
Entonces la fake news deja de ser solamente un problema digital.
Empieza a convertirse en la consecuencia natural de una política donde la transparencia todavía sigue siendo una promesa pendiente.
