Cuando el lenguaje oficial, la pauta y el periodismo pactan la impunidad
En la política sanjuanina, las palabras dejaron de nombrar la realidad para ordenarla en listas. Ministerios, secretarías y entes del Estado repiten ítems, ejes y slogans mientras la pauta oficial domestica al periodismo y las preguntas desaparecen. Este ensayo examina cómo el mal uso del lenguaje se volvió una forma de gobierno.
En San Juan, la política ya no discute proyectos: discute redacciones. No se pelea por ideas, se negocian palabras. Y detrás de ese intercambio aparentemente técnico hay un acuerdo tácito entre el poder político provincial, sus áreas de comunicación, la pauta oficial y un periodismo cada vez más degradado: no incomodar, no precisar, no nombrar.
El lenguaje dejó de ser una herramienta de claridad para convertirse en una coartada administrativa. Y la pauta —ese lubricante silencioso que fluye desde el Estado hacia los medios— se encargó de que nadie lo diga demasiado fuerte.
La escena se repite en cada conferencia del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Producción, del Ministerio de Educación, de Cultura o de cualquier secretaría con presupuesto. Un funcionario anuncia que “se avanzó en los ítems prioritarios de la agenda estratégica provincial”. La frase es perfecta: no exige repregunta, no obliga a definir responsables, no compromete plazos. El periodista copia textual, el medio publica y la pauta se renueva.
La palabra ítem, mal utilizada, cumple un rol central en este pacto. No es sinónimo de problema ni de conflicto. Ítem es una unidad de lista, de inventario, de formulario. Cuando el Gobierno de San Juan llama ítem a la crisis hídrica, a la precariedad educativa o a la inseguridad, reduce la vida a una planilla. Y el periodismo, lejos de corregir el uso, lo reproduce.
No es ignorancia. Es conveniencia.
En educación, el mecanismo se vuelve directamente obsceno. Desde el Ministerio de Educación, cada anuncio es presentado como “histórico”, “integral” o “transformador”. Sin embargo, cuando se ejecutan compras concretas, el lenguaje vuelve a proteger al poder. La adquisición de laptops para escuelas públicas fue comunicada como un avance en “inclusión digital” y “modernización pedagógica”. Nadie —o casi nadie— preguntó algo elemental: ¿quién fue el proveedor y dónde está la factura?
El lenguaje correcto fue usado de manera incorrecta: no para informar, sino para blindar. Se habló de educación para evitar hablar de procedimientos administrativos.
El periodismo educativo, sostenido en buena medida por pauta estatal, eligió celebrar el concepto antes que revisar el expediente. No hubo investigación, no hubo pedidos de acceso a la información, no hubo comparación de precios. El ítem fue aprobado sin auditoría social.
La cultura ofrece otro ejemplo aún más visible. La Fiesta Nacional del Sol, organizada desde áreas oficiales de Cultura y Turismo, es presentada cada año como orgullo sanjuanino, motor turístico y símbolo identitario. Se escriben crónicas emotivas, se publican galerías de fotos, se destacan artistas y escenarios. Pero hay una pregunta que no aparece en comunicados ni titulares: ¿cuánto costó?
El dato presupuestario desaparece. El lenguaje festivo reemplaza al lenguaje contable. Y el periodismo cultural —cómodo, pautado, agradecido— acompaña el silencio.
No se discute el gasto, no se analizan prioridades, no se evalúa el retorno social. Se discute el show. Otro ítem aprobado por unanimidad mediática.
En el Ministerio de Producción, la lógica es idéntica. La vitivinicultura, el mosto, el agua, la rentabilidad y la supervivencia de pequeños productores se reducen a “desafíos productivos”. No hay responsables claros, no hay decisiones políticas explícitas, no hay autocrítica. El lenguaje técnico se usa mal, pero sirve: diluye culpas.
La Secretaría de Seguridad tampoco escapa. Cada operativo es “exitoso”. El término se repite sin indicadores, sin seguimiento, sin contexto. El periodista no pregunta reincidencia, impacto territorial ni continuidad. El éxito se mide en fotos y gacetillas. El lenguaje vuelve a maquillar la realidad.
La logística y los llamados proyectos estratégicos —zonas francas, puertos secos, corredores bioceánicos, nodos logísticos— anunciados desde distintas áreas del Ejecutivo repiten la misma trampa. Son conceptos correctos, necesarios, precisos. Pero se usan incorrectamente cuando no hay cronograma, inversión confirmada ni decisión política firme. El periodismo debería advertirlo. No lo hace. El lenguaje técnico se convierte en slogan.
La pauta no compra silencio explícito: compra tono. Compra la ausencia de repregunta, el título amable, la gacetilla publicada sin editar. Así se degrada el oficio y se consolida la impunidad discursiva.
Lo más grave es que esta degradación ya no escandaliza. Se naturalizó. En San Juan, el discurso suena ordenado aunque la realidad esté desordenada. Y el periodismo, en lugar de incomodar al poder, lo acompaña.
Pero el lenguaje no es neutral. Nombrar mal es gobernar mal. Repetirlo es abdicar del periodismo.
Defender el uso adecuado de las expresiones no es una obsesión académica ni un capricho estilístico. Es una forma mínima de control democrático. Llamar irregularidad a la irregularidad. Gasto a gasto. Falta de factura a falta de factura. Fiesta a fiesta… y cuenta a cuenta.
Y usar ítem solo cuando se habla de una lista.
No cuando se habla de educación pública.
No cuando se habla de dinero del Estado.
No cuando se habla de la vida cotidiana de los sanjuaninos.
Porque cuando San Juan se gobierna en ítems, se educa sin facturas, se festeja sin balances y se informa sin preguntas, la democracia queda, una vez más, fuera del acta.
El último auditor
Cuando el lenguaje falla, cuando el periodismo se acomoda y cuando la pauta ordena el silencio, queda un solo contrapeso posible: el ciudadano.
No el ciudadano abstracto de los discursos, sino el real. El que paga impuestos, manda a sus hijos a la escuela pública, consume medios locales y financia, sin saberlo, laptops, fiestas, campañas y relatos. Ese ciudadano es hoy el último auditor de un sistema que dejó de auditarse a sí mismo.
No tiene expedientes, ni micrófonos, ni pauta. Tiene algo más elemental: la pregunta.
¿Cuánto costó?
¿Quién vendió?
¿Dónde está la factura?
¿Quién controla?
¿Quién responde?
Cuando esas preguntas desaparecen del periodismo, no desaparecen de la realidad: se trasladan a la desconfianza. Y la desconfianza, tarde o temprano, se convierte en ruptura.
La democracia no se vacía de golpe.
Se vacía palabra por palabra.
Ítem por ítem.
Silencio por silencio.
Por eso, insistir en el uso correcto del lenguaje, exigir cuentas y reclamar preguntas no es un gesto moralista: es un acto de supervivencia cívica.
Porque cuando nadie pregunta, el poder no gobierna: administra. Y cuando nadie audita, la política deja de rendir cuentas y empieza a rendirse a sí misma.
