El Gobierno habla de corrupción, pero no presenta ni una denuncia. Grita “desastre financiero”, pero no entrega una sola prueba. Y mientras señala a la gestión anterior, oculta sus propios números. En San Juan, la única transparencia real es la ausencia total de causas.
En San Juan tenemos un fenómeno digno de estudio académico, novela policial o realismo mágico: la corrupción sin corruptos.
Cada discurso oficial anuncia un “desastre financiero” heredado, irregularidades monumentales, partidas sobredimensionadas, una provincia al borde del colapso.
Pero hay un detalle, una pequeña astilla jurídica clavada en el relato:
No hay una sola denuncia.
Ni una causa.
Ni siquiera un expediente administrativo.
El gobernador Marcelo Orrego puede describir, con la pasión de un fiscal en su alegato final, el estado ruinoso en que —según él— recibió la provincia.
Pero cuando uno camina hasta Tribunales, el eco es más fuerte que los hechos.
Los pasillos están vacíos.
Los fiscales siguen sin carpetas nuevas.
Y los juzgados no han recibido ni una foja.
San Juan, capital nacional de la corrupción sin papeles.
El arte de acusar sin probar
Hay algo profundamente sanjuanino —y peligrosamente argentino— en esta costumbre de volver la denuncia pública un espectáculo y la denuncia judicial una leyenda urbana.
Porque si la provincia recibió un “desastre financiero”, como afirma Orrego, entonces:
- ¿Dónde están los responsables?
- ¿Dónde están las pruebas?
- ¿Dónde está la presentación ante Fiscalía?
- ¿Dónde está el expediente administrativo?
- ¿Dónde está la auditoría que confirme la gravedad del relato?
No existe nada.
Ni un número de causa.
Ni un dictamen de Fiscalía de Estado.
Ni un sumario elemental.
Y si no existe nada, la pregunta cae con la fuerza de una evidencia incómoda:
¿Hubo delito o sólo un relato para la tribuna?
El discurso como presupuesto: mucho ruido y cero cargos
La política argentina tiene una habilidad que ni Borges habría imaginado: convertir la palabra en un arma de destrucción masiva… sin destruir absolutamente nada.
La gestión actual denuncia “números en rojo”, “compromisos impagables”, “cuentas dañadas”.
Pero el presupuesto 2026, curiosamente, no incluye ni una sola acción judicial contra los supuestos responsables.
Y si la corrupción fue tan grave, la omisión de denunciar también lo sería.
Un gobierno que descubre irregularidades y no denuncia, ¿qué hace? ¿Encubre? ¿Tolera? ¿O simplemente no encuentra lo que había prometido encontrar?
La sospecha que nadie quiere pronunciar
Ante tanto silencio judicial, surge una sospecha que nadie se anima a decir en voz alta, pero que flota en el aire con la persistencia de un perfume caro en un despacho público: ¿y si el Gobierno no denuncia porque, en el fondo, no puede denunciar sin denunciarse a sí mismo?
Porque para acusar con fuerza, uno debe estar limpio.
Y para presentar pruebas, uno debe asegurarse de no imitar las mismas prácticas que critica.
Quizá por eso ninguna carpeta llegó a Tribunales: no vaya a ser cosa que, en medio del alegato, aparezcan coincidencias, nombres cruzados, proveedores reciclados o esa vieja tradición sanjuanina de cambiar de gobierno sin cambiar de hábitos.
En política —y San Juan lo sabe mejor que nadie— hay secretos que no se guardan por lealtad, sino por conveniencia.
Tal vez el verdadero motivo de no denunciar no sea la falta de pruebas… sino la abundancia de similitudes.
Transparencia: esa ventana que pocos se animan a abrir
Si la transparencia es realmente el nuevo estandarte del Gobierno, sería muy saludable que ese principio empiece por casa.
Porque es fácil enumerar los pecados ajenos; lo difícil es publicar la factura propia.
Un gesto mínimo, casi inocente, pero profundamente civilizatorio, sería transparentar los gastos de la última campaña electoral: esas tarimas que aparecían como hongos después de la lluvia, las banderas nuevas cada semana, los consultores fantasmas que van y vienen como en un cuento de Cortázar, y un flujo de fondos que siempre llega aunque nadie explique exactamente de dónde.
Y ya que estamos, también sería oportuno revelar cuánto costará realmente la Fiesta Nacional del Sol, ese ritual que se anuncia como un homenaje al pueblo, pero que cada año se convierte en un laberinto de contratos, cachés inflados y escenografías faraónicas.
Una celebración luminosa, sí. Pero también un espejo donde la política prefiere no mirarse demasiado tiempo, por miedo a descubrir quién pagó qué… y a quién le convino.
Transparencia no es un discurso.
Es el coraje de narrar la verdad propia con la misma épica con que se denuncia la desgracia ajena.
La herencia eterna y el expediente inexistente
La “herencia recibida” es el mate frío de la política: todos lo ceban, ninguno lo termina.
El peronismo y el kirchnerismo lo usaron durante años.
Ahora lo usa el orreguismo.
Y dentro de dos gobiernos, otro gobernador repetirá la misma liturgia con idéntico gesto solemne.
Pero esta vez la contradicción es demasiado evidente: si hubo manejo indebido de fondos públicos, la ley obliga a denunciar.
No es una preferencia. Es un deber institucional.
Y si no hubo manejo indebido, entonces el “desastre financiero” no fue un delito, sino una metáfora funcional para justificar el ajuste.
La pregunta que el Gobierno no puede esquivar
En una provincia donde cualquier irregularidad aparece primero en redes sociales y recién después en los diarios, esta vez ocurre lo contrario:
Hay un escándalo narrado, pero no registrado.
Un desastre anunciado, pero no probado.
Una corrupción heredada, pero sin corruptos.
Y ante esa paradoja, sólo queda una pregunta verdaderamente urgente:
Si hubo tanto desastre financiero, ¿por qué nadie lo denunció?
¿Qué esperan?
¿O qué temen encontrar?
