“Una promesa no se cumple solo con firmas: se construye con presencia y responsabilidad.”
La zona franca de Jáchal comienza a salir del largo letargo que la mantuvo congelada durante más de tres décadas. El reciente aval de Nación para mantener en el norte sanjuanino la sede de esta herramienta estratégica ha despertado expectativas, entusiasmos y también interrogantes. Porque si bien se trata de una gran noticia para el departamento, el verdadero desafío apenas empieza: convertir ese sello administrativo en infraestructura tangible, en oportunidades reales y, sobre todo, en una transformación productiva duradera.
Hasta aquí, el protagonismo ha sido provincial. El Estado sanjuanino gestiona, releva terrenos, prepara el pliego licitatorio y evalúa inversiones. Pero si se aspira a que la zona franca no sea una postal futurista más, el rol del municipio de Jáchal debe dejar de ser marginal o meramente receptor. Es hora de que sea corresponsable, activo y visible en cada paso del proceso. Porque no se trata solo de instalar galpones libres de impuestos: se trata de redefinir un perfil económico y social que involucra a toda la comunidad.
Predio, plazos y decisiones
Con un plazo de 140 días para seleccionar el predio definitivo, el gobierno provincial prioriza terrenos que ya sean propiedad del Estado sanjuanino, descartando por el momento expropiaciones o adquisiciones complejas. La urgencia es comprensible: cuanto antes se concrete el lugar, antes podrá avanzarse con la licitación que definirá al operador privado responsable de la gestión, el acondicionamiento y las inversiones iniciales.
Sin embargo, hay un punto ciego en esta planificación: no se ha contemplado la posibilidad de integrar recursos municipales en la elección del predio. Algunos terrenos, como el ex Fabricaciones Militares, están bajo gestión del municipio y han sido descartados precisamente por no estar en manos directas de la provincia. Esa exclusión, más que una decisión técnica, parece el síntoma de un modelo que aún concibe el desarrollo como una competencia de niveles y no como una alianza interjurisdiccional.
¿Y si, en lugar de evitar el diálogo, se lo institucionalizara?
¿Y si el municipio pudiera ofrecer terrenos viables, gestionar servicios complementarios, coordinar con actores locales e incluso participar en una autoridad de aplicación conjunta?
El desarrollo no se terceriza
La licitación que definirá al operador privado no debe interpretarse como una delegación total de responsabilidades. Si bien es legítimo —y hasta deseable— que una empresa asuma la gestión de la zona franca con inversión, conocimiento logístico y visión de negocios, la orientación estratégica no puede depender de intereses ajenos a la comunidad.
La experiencia de otras zonas francas en el país demuestra que, cuando el Estado local se limita a mirar desde afuera, las decisiones sobre qué producir, a quién atraer y cómo articular con el entorno responden solo a criterios de rentabilidad empresarial. El resultado: enclaves fiscales sin integración territorial, con poco impacto en el empleo y menor aún en la diversificación productiva regional.
Por eso es clave que el municipio de Jáchal tenga un asiento real en la comisión de vigilancia, pero también en las mesas previas donde se definen las prioridades de uso del suelo, las condiciones para la radicación de empresas, los perfiles laborales requeridos y las cadenas de valor que se quieren fortalecer. No alcanza con que “lleguen inversiones”: hay que decidir cuáles, cómo y para qué.
Jáchal no puede ser espectador
Ningún desarrollo sustentable ocurre sin un protagonismo local sostenido. Y esto no es solo una cuestión institucional: la participación municipal asegura el arraigo, la compatibilidad con otras políticas públicas, el aprovechamiento de recursos endógenos y el respaldo de una comunidad que se siente parte —y no ajena— al proceso.
La zona franca puede ser un instrumento formidable para atraer empresas mineras, industriales, tecnológicas y exportadoras. Pero su impacto dependerá del tipo de territorio que la reciba. Si Jáchal quiere que esa inversión no solo pase, sino que se quede, deberá garantizar suelo, servicios, capacitación, logística y, sobre todo, una visión estratégica compartida. Nada de eso puede lograrse sin un municipio que se ponga al hombro el desafío.
El municipio conoce el pulso de su pueblo, las potencialidades de su tierra, las necesidades de su gente. Esa sensibilidad territorial no puede quedar afuera. Sería un error convertir a Jáchal en un receptor pasivo de decisiones tomadas en despachos alejados del polvo y del viento.
Hacia una gobernanza tripartita
La madurez del proyecto dependerá de avanzar hacia una gobernanza tripartita: Nación, Provincia y Municipio, con participación también de la sociedad civil, los sindicatos, los actores productivos y los centros académicos. Solo así se evitarán los errores de experiencias fallidas anteriores, como la frustrada sede en Sarmiento o la postergación indefinida del primer predio ferroviario.
Hoy, la oportunidad vuelve a tocar la puerta. El contexto global premia a los territorios que ofrecen logística, flexibilidad fiscal y articulación público-privada. Jáchal tiene con qué. Pero si se vuelve a cometer el error de pensar que el desarrollo se construye desde arriba, el riesgo será repetir el expediente de las promesas incumplidas.
Una puerta que no se abre sola
La zona franca no es un fin, sino un medio. No es una estructura, sino una posibilidad. Pero esa posibilidad se esfuma si la mezquindad política, la descoordinación o la desconfianza institucional impiden el trabajo conjunto. Sería trágico que, por temor a ceder protagonismo, se perdiera la única palanca capaz de mover el futuro económico del norte sanjuanino.
El reloj ya corre. Los 140 días no son solo para encontrar un terreno: son para demostrar que Jáchal está listo para no volver a ser archivo. Y eso solo ocurrirá si se construye desarrollo con participación, con visión compartida y con un municipio que no solo aplauda, sino que también decida, impulse y transforme.
