Las frases no son inocentes.
Menos aún cuando suenan a absolución anticipada.
“Si delinque un menor, falló el Estado” es una sentencia eficaz, redonda, cómoda. Tiene la virtud de sonar profunda sin incomodar a nadie en particular. Tan cómoda, de hecho, que evita la pregunta esencial: ¿quién administró ese Estado mientras fallaba? La política suele refugiarse en el lenguaje abstracto cuando no quiere mirarse al espejo. El problema no es la frase en sí, sino el uso que se hace de ella: como diagnóstico tardío y como coartada preventiva.
La afirmación pertenece al diputado Cristian Andino. No a un analista académico ni a un observador externo, sino a un dirigente que forma parte de un espacio político que gobernó San Juan durante dos décadas y la Argentina durante más de treinta años. Por eso la frase no interpela por lo que dice, sino por lo que decide no decir: que ese Estado que hoy se declara fallido fue conducido, gestionado y defendido por los mismos que ahora lo nombran como si se tratara de una entidad ajena, casi meteorológica.
Durante años, el debate sobre delincuencia juvenil fue desplazado con prolijidad quirúrgica. No se habló del delito sino del contexto. No del daño sino de las causas. No de la víctima sino del victimario. Se construyó un lenguaje blando, pedagógico, con pretensiones de sensibilidad social, que terminó confundiendo explicación con justificación. Todo era comprensible, todo era excusable, todo podía ser explicado por una falla estructural siempre impersonal. Mientras tanto, las víctimas reales —las que cargan miedo, pérdidas y duelo— quedaron reducidas a una estadística incómoda o directamente al silencio.
Ese relato no fue ingenuo ni neutral. Tuvo consecuencias concretas. La ausencia de límites claros, la dilución sistemática de la responsabilidad y la renuncia a ejercer una autoridad legítima produjeron un efecto previsible: el delito dejó de ser una excepción y pasó a formar parte del paisaje cotidiano. Y cuando el delito se vuelve paisaje, el Estado deja de cumplir su función básica: proteger. En su lugar, comienza a administrar el daño, a gestionar el conflicto como si fuera un dato permanente y no una anomalía que exige corrección.
Hablar hoy de imputabilidad como si se tratara de una discusión novedosa es otra forma de eludir el núcleo del problema. Nadie serio propone soluciones mágicas ni atajos punitivos. Nadie plantea respuestas simplistas a fenómenos complejos. Pero negar el debate, descalificarlo de antemano o reducirlo a consignas morales es una irresponsabilidad mayor. Porque el problema no es únicamente jurídico. Es político, cultural y ético. Y exige algo que buena parte de la dirigencia evita con perseverancia: hacerse cargo de los resultados de sus propias decisiones.
El Estado no es una abstracción metafísica que falla sola. No es una entelequia que se rompe sin intervención humana. El Estado tiene nombres, cargos, firmas, presupuestos y trayectorias. Está gobernado por personas que deciden prioridades, asignan recursos, diseñan políticas públicas y construyen relatos. Cuando esas decisiones fracasan durante décadas, no estamos frente a un error aislado ni a una fatalidad histórica. Estamos frente a un modo de gobernar agotado, que se resiste a ser evaluado.
Decir “falló el Estado” funciona entonces como una fórmula higiénica. Desplaza la responsabilidad hacia un lugar sin rostro y libera a quienes lo condujeron de toda rendición de cuentas. Es una manera elegante de no decir “fallamos nosotros”. De no revisar políticas de inclusión que quedaron en slogans. De no evaluar programas que se anunciaron como transformadores y terminaron siendo meramente administrativos. De no admitir que romantizar el delito no reduce la violencia, solo la vuelve más tolerable para quien no la padece.
Pero hay una falla adicional, más profunda y más incómoda. Cuando la política se acostumbra a hablar del fracaso como si fuera ajeno, termina rompiendo su vínculo con la sociedad real. Y allí aparece otra responsabilidad, menos visible pero no menos decisiva. Porque cuando durante años se tolera la ineficacia, se naturaliza el relato y se vota sin exigir balances, también falla el pueblo. No como culpa moral, sino como consecuencia de un sistema que desalienta la memoria y premia la repetición.
Este ensayo no niega las causas sociales del delito ni desconoce las desigualdades estructurales. Tampoco propone respuestas simplistas ni discursos punitivos de ocasión. Lo que cuestiona es el uso del Estado como excusa retórica. La discusión sobre menores y delito no puede seguir siendo una coartada discursiva para evitar el balance político. No puede seguir formulándose en tercera persona, como si nadie hubiera estado al mando.
Si delinque un menor, falla el Estado.
Pero si el Estado falla una y otra vez, durante décadas, no estamos ante una tragedia accidental. Estamos ante un método.
Y cuando ese método se repite sin autocrítica, sin balance y sin asumir costos, la discusión deja de ser penal o social.
Se vuelve política.
Y la pregunta, inevitable, sigue siendo la misma: ¿quién gobernó mientras el Estado fallaba?
