Bananas, cocaína y fronteras invisibles

Ene 23, 2026 | Nacional

Iván Nolazco

Iván Nolazco

Escritor, periodista y ensayista.

 

Radiografía de un operativo que expone el fracaso de la política antidrogas en San Juan

Un operativo exitoso de Gendarmería dejó al descubierto mucho más que un cargamento de droga: expuso fronteras porosas, decisiones políticas postergadas y una provincia atrapada entre el silencio oficial, la desconfianza social y una lucha antidrogas que sigue dependiendo de fuerzas federales mientras el daño avanza en los barrios.

El secuestro de 63 kilos 121 gramos de cocaína en San Juan, ocultos primero en un transporte de bananas y luego ampliado mediante allanamientos en el departamento Rawson, fue presentado oficialmente como un procedimiento exitoso de Gendarmería Nacional. Y lo fue.

Pero reducir el episodio a un parte policial es renunciar a comprender lo que realmente ocurrió.

Porque cuando semejante volumen de droga logra circular, almacenarse y redistribuirse dentro del territorio provincial, el problema deja de ser el camión, la feria o incluso el detenido ocasional. El problema es el sistema que lo permitió.

El operativo: los hechos comprobados

El procedimiento se inició el sábado 20 de enero de 2026, en el estacionamiento de una feria del departamento Rawson, luego de que efectivos del Escuadrón 66 “San Juan” de Gendarmería fueran alertados sobre la presencia de paquetes sospechosos. La inspección de un camión cargado con bananas a granel permitió hallar 16 “ladrillos” de cocaína, ocultos en distintos sectores del rodado.

En el mismo lugar, una persona transportaba 12 paquetes adicionales dentro de una mochila. El primer decomiso alcanzó los 29 kilos 53 gramos de clorhidrato de cocaína.

Con la intervención del Juzgado de Garantías Federal y la Unidad Fiscal Federal de San Juan, a cargo del fiscal Francisco Maldonado y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, se ordenaron allanamientos posteriores. En uno de los domicilios inspeccionados se hallaron 33 paquetes más, que totalizaron 34 kilos 68 gramos adicionales.

El resultado final fue contundente: 63 kilos 121 gramos de cocaína secuestrados, un detenido de 27 años y una causa encuadrada en la Ley 23.737.

Hasta ahí, el comunicado.

Cuando el dato deja de ser casual

Pero hay un punto que el relato oficial esquiva y que resulta central para comprender la dimensión real del hecho: no es casualidad que esa cocaína haya ingresado por una de las fronteras más porosas y menos controladas del país,limítrofe con Bolivia.

No se trata de estigmatizar a una nación ni de simplificar un fenómeno complejo. Se trata de reconocer una realidad estructural: Bolivia integra el núcleo histórico del circuito andino de producción de hoja de coca y elaboración de cocaína, mientras que Argentina —en particular sus provincias del norte y del oeste— se ha consolidado, en las últimas décadas, como territorio de tránsito, acopio y redistribución.

La frontera norte argentina no funciona como una línea estatal nítida. Es una zona gris, atravesada por pasos informales, rutas secundarias, economías ilegales toleradas y una presencia intermitente del Estado. En ese escenario, la droga no se infiltra: circula. Conoce los caminos, los tiempos y, sobre todo, las ausencias.

San Juan no aparece aquí como destino final, sino como eslabón logístico intermedio: un punto relativamente seguro para mover, guardar y reenviar mercancía ilegal. El camión con bananas no fue una genialidad improvisada, sino una metodología conocida dentro del narcotráfico regional.

Lo que revelan 63 kilos

Sesenta y tres kilos de cocaína no pertenecen al narcomenudeo desordenado. Exigen financiamiento previo, logística interprovincial, protección territorial, información sobre controles y redes de distribución consolidadas.

Nada de eso se construye sin fallas profundas del Estado.

Las preguntas incómodas se imponen solas:

¿Cómo llegó esa droga hasta Rawson sin alertas previas?

¿Quiénes miraron para otro lado antes de que interviniera una fuerza federal?

Desconfianza social y vacío político

El operativo confirma algo que en San Juan se percibe desde hace años: la ciudadanía no confía en la política de seguridad ni en las fuerzas locales.

No confían quienes padecen el delito cotidiano, muchas veces asociado al consumo problemático.

No confían las familias atravesadas por la adicción.

No confían los barrios donde el narcomenudeo se volvió paisaje.

Y esa desconfianza no es caprichosa.

Desde el gobierno provincial se ha evitado, de manera sistemática, implementar tribunales específicos de narcomenudeo, crear un organismo especializado en narcotráfico local y avanzar en una profesionalización real de las fuerzas, con control, formación e inteligencia criminal.

El modelo vigente parece uno solo: mirar para otro lado.

Consecuencias que no se pueden ocultar

Mientras la política posterga decisiones, los efectos se acumulan: aumento del delito violento vinculado al consumo, jóvenes atrapados en circuitos de adicción cada vez más tempranos, suicidios juveniles atravesados por las drogas, ausencia de lugares de internación y tratamiento, y barrios donde el narco reemplaza al Estado.

La droga no es un problema policial. Es un problema sanitario, social, judicial y político.

Gendarmería actúa, la provincia delega

Es justo reconocerlo: Gendarmería actuó y lo hizo con eficacia. Pero también es necesario decirlo sin rodeos.

Si la lucha contra el narcotráfico depende exclusivamente de fuerzas federales, entonces la política provincial ha fracasado.

Un Estado que terceriza la seguridad estratégica está admitiendo su incapacidad para gobernar el territorio.

El rol de los medios: informar o maquillar

Aquí emerge otra responsabilidad ineludible: el periodismo.

Si este hecho se reduce a un título impactante y se archiva al día siguiente, el sistema gana.

Si no se investiga, no se pregunta, no se exige explicación política, el futuro queda comprometido.

Los medios no pueden limitarse a reproducir partes oficiales mientras la droga circula y el daño social se profundiza.

La pregunta que queda

El operativo de Rawson deja planteada una disyuntiva que San Juan ya no puede seguir evitando:

¿Dejamos todo como está o cambiamos la cabeza de quienes deciden?

Porque cada kilo incautado no es una victoria definitiva.

Es una advertencia.

Cuando el problema no es la droga, sino la decisión

Las bananas se descargaron.

La cocaína se secuestró.

El comunicado se publicó.

La escena quedó prolija para la foto institucional y suficiente para la estadística. Pero el problema no estaba en el piso del galpón ni en los ladrillos amarillos ordenados frente a la cámara. El problema sigue estando donde no se mira.

La frontera continúa siendo porosa.

La inteligencia criminal sigue ausente.

La política de seguridad provincial permanece encapsulada en la negación.

San Juan no enfrenta un problema de droga: enfrenta un problema de decisión. De decisión para asumir que el narcotráfico ya no es un fenómeno externo, que no pasa “de largo”, que no pertenece solo al norte ni a otras provincias. Está aquí. Circula. Se instala. Recluta. Mata.

Cada operativo exitoso que no viene acompañado de reformas estructurales, tribunales especializados, organismos técnicos y políticas de salud pública es apenas un paréntesis en una historia que continúa escribiéndose en los barrios.

La pregunta ya no es cuánta droga se secuestra.

La pregunta es cuánta política falta.

Y mientras esa pregunta no tenga respuesta, los comunicados seguirán llegando puntuales, los cargamentos seguirán encontrando camino y la sociedad seguirá pagando el costo de una lucha que se declama, pero no se gobierna.

Ese —y no otro— es el verdadero problema.

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