La Fiesta de la Tradición ocupa un lugar central en el calendario simbólico de Jáchal. Nadie discute su valor identitario ni su arraigo popular. Pero cuando una celebración deja el plano cultural y entra, de lleno, en el terreno presupuestario, deja de ser solo folklore y pasa a ser política pública. Y ahí, inevitablemente, debe ser analizada.
La Municipalidad de Jáchal publicó en su página oficial el Proyecto de Ordenanza del Presupuesto Municipal correspondiente al Ejercicio 2025, el cual fue elevado al Honorable Concejo Deliberante para su análisis y consideración. No se trata, por lo tanto, de un rumor ni de una lectura antojadiza: es el documento oficial que define las políticas presupuestarias y las prioridades del gasto para el año próximo.
Según informó el propio Ejecutivo municipal, el proyecto contempló el contexto económico de la provincia de San Juan y del departamento Jáchal, incorporando proyecciones de recursos, gastos, fuentes y aplicaciones financieras previstas para 2025. Bajo ese marco, se afirmó que el presupuesto fue elaborado con un enfoque orientado al crecimiento del municipio y al desarrollo de la comunidad.
El texto también señala que el proyecto se ajusta a lo establecido en la Constitución Provincial y a los principios que rigen las finanzas públicas —unidad, universalidad, anualidad y equilibrio presupuestario—, respetando además el marco fiscal vigente: la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal N.º 25.917, la Ley Provincial N.º 828-I y las ordenanzas municipales de adhesión correspondientes. Las estimaciones, se aclara, se realizaron tomando como referencia la ejecución presupuestaria del año 2024 y adecuándolas a las expectativas económicas para 2025.
Todo este encuadre formal y legal existe. Pero una cosa es el marco normativo y otra, muy distinta, la lectura política de las prioridades reales.
Y ahí el Proyecto de Presupuesto 2025 no deja lugar a interpretaciones ambiguas: $700.000.000 están destinados a la Fiesta de la Tradición. No es una estimación difusa ni un gasto menor. Es una cifra concreta, escrita, proyectada y defendida. En un municipio con múltiples urgencias estructurales, ese número no es neutro: expresa una decisión de gestión.
El problema no es la fiesta en sí. El problema es todo lo que queda en segundo plano para sostenerla.
Al recorrer el mismo proyecto presupuestario, las comparaciones resultan inevitables y profundamente incómodas. La Dirección de Desarrollo Productivo y Sustentable cuenta con apenas $40 millones para todo el año. El Programa de Becas Municipales, que debería ser una política estratégica en un departamento con altos niveles de vulnerabilidad educativa, recibe $85 millones. El Programa Agua Segura, en una zona donde el acceso al agua es una urgencia estructural, otros $85 millones. El Jardín Materno Infantil Municipal, de manera casi simbólica, figura con $1.000.
No se trata de una discusión ideológica. Son números. Y los números, cuando se comparan, hablan con crudeza.
La Fiesta de la Tradición proyecta un gasto casi ocho veces mayor que todas las becas municipales juntas, diecisiete veces superior al presupuesto destinado al desarrollo productivo, y cientos de miles de veces más que programas sociales básicos. Esa desproporción no puede explicarse solo desde la cultura. Es una prioridad política explícita.
A esto se suma un dato que también surge del propio Proyecto de Presupuesto: la Fiesta de la Tradición prevé generar aproximadamente $480 millones en ingresos. Es decir, se proyecta un gasto de $700 millones para recuperar menos de esa cifra. El resultado es un déficit estimado en $220 millones, que no asume el evento en sí, sino el conjunto del municipio a través de coparticipación, regalías mineras y fondos provinciales. En términos simples: la fiesta no se financia sola.
Sin embargo, más allá del encuadre normativo y de las declaraciones oficiales, el punto más débil del Proyecto de Presupuesto 2025 sigue siendo la falta de transparencia en las fuentes. No solo en cuanto a los recursos financieros —que en muchos casos continúan siendo referenciales— sino también en relación con los proveedores previstos para la ejecución de partidas clave. El proyecto no detalla con claridad los criterios de selección, los mecanismos de contratación ni el universo real de proveedores involucrados, lo que impide evaluar con precisión costos, márgenes y posibles sobreprecios. Esta doble opacidad —en el origen de los fondos y en su destino contractual— no es un tecnicismo menor: debilita el control legislativo y ciudadano, convierte al equilibrio presupuestario en una declaración formal y deja partidas millonarias libradas a decisiones discrecionales durante la ejecución. Cuando ni las fuentes ni los proveedores están claramente explicitados, la transparencia deja de ser un principio y pasa a ser un eslogan.
Si el propio Ejecutivo sostiene que el Proyecto de Presupuesto 2025 fue elaborado tomando como referencia la ejecución del año anterior, entonces resulta razonable —y necesario— transparentar mediante una auditoría sólida y pública lo ya ejecutado. No alcanza con invocar antecedentes: es imprescindible detallar qué se hizo, cómo se contrató, con qué proveedores, a qué costos reales y con qué resultados. Sin ese ejercicio de rendición concreta, el presupuesto deja de ser una herramienta de planificación y se convierte en una proyección política sin respaldo verificable.
El proyecto, así presentado, revela el núcleo del problema: la tradición ha sido convertida en un evento subsidiado de alto impacto simbólico, pero de bajo retorno estructural. No deja infraestructura cultural permanente, no consolida cadenas productivas locales, no construye políticas sostenidas. Deja imágenes, discursos y una pertenencia efímera que dura lo mismo que el último acorde.
La cultura, cuando se reduce a evento, se consume. No se planifica ni se desarrolla de manera permanente. El propio proyecto presupuestario no muestra una política cultural anual robusta que acompañe a la fiesta: no hay programas sostenidos de formación, circuitos turísticos estables, fortalecimiento del mundo rural ni transmisión intergeneracional de saberes. Hay, en cambio, un pico de gasto concentrado en pocos días y silencio administrativo el resto del año.
Así, la Fiesta de la Tradición termina funcionando como una puesta en escena de la gestión. No incomoda, no genera conflicto, no exige reformas. Unifica, emociona, tapa. Mientras tanto, las políticas que sí requieren planificación, seguimiento y decisión —educación, producción, agua, empleo— quedan relegadas.
No es un error técnico del proyecto. Tampoco una omisión involuntaria. Es una forma de gobernar. Priorizar el impacto inmediato por sobre la construcción a largo plazo. Elegir el aplauso antes que el debate. Apostar a la visibilidad antes que a la transformación.
La tradición merece respeto. Pero respetarla no es convertirla en espectáculo millonario mientras se posterga lo esencial. Respetarla sería integrarla a un proyecto real de desarrollo, no utilizarla como coartada.
El Proyecto de Presupuesto 2025 deja una pregunta abierta, incómoda pero necesaria:
¿Cuánta tradición necesita un pueblo para justificar que su futuro siga esperando?
Porque cuando la cultura se utiliza para disimular la ausencia de planificación, deja de ser identidad y se transforma en escenografía de la postergación. Y ningún aplauso alcanza para tapar lo que los números dicen con tanta claridad.
Y si así se proyecta la Fiesta de la Tradición en el Presupuesto 2025, con cifras desproporcionadas, déficit asumido y prioridades invertidas, la pregunta final es inevitable, casi obligatoria: si esto es la Tradición, ¿cómo estará la Fiesta del Sol?
No como celebración.
Como presupuesto.
